Corrientes (15-1-17): La entidad de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional hará público el apoyo a lo actuado por el juez federal de Reconquista, descalificando una ofensiva de Colombi que podría acelerar la salida de Gustavo Valdés del Consejo de la Magistratura. El diputado cordobés Negri sería su reemplazante.

El Gobernador de Corrientes no estaría calibrando adecuadamente el caso Goya. Podría encontrarse con el horcón del medio si intenta tensar la cuerda. El poder de un juez federal excede en mucho al de un gobernador en ejercicio. Tanto más a un gobernador que se está yendo. No hay instancia superior en la Justicia, ni voluntad política del Gobierno de la Nación en desautorizar lo actuado por el juez federal de Reconquista en el marco de un procedimiento reglado, que además se llevó a cabo en una causa de alto impacto político como la del combate al narcotráfico, una de las prioridades de Mauricio Macri. Si el consejero Valdés formaliza la denuncia, podría quedarse solo al momento de votar. La denuncia no tendrá tramitación positiva.

El escándalo generado en Goya por la irrupción del Gobernador de Corrientes el pasado 21 de diciembre tendría nuevos capítulos que quizás terminen por acentuar la mala imagen que quedó de Corrientes en los primeros planos de la política nacional.

Es que el Gobierno de Corrientes, quizás sin medir las consecuencias aún no explícitas, presentaría una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, por "falsa incriminación", en el marco de una polémica entre Santa Fe y Corrientes que se inició en un operativo antidrogas que realizó la Policía de la provincia vecina en la ciudad de Goya.

La reacción del Gobierno correntino fue a raíz de la decisión del magistrado santafesino de abrir un proceso penal y pedirle al fiscal federal de Reconquista, Bruno Ojeda, -reemplazante temporal de la titular Viviana Bruno- que investigue al gobernador Ricardo Colombi y a los uniformados de la Policía de Corrientes que trataron de impedir los allanamientos y las detenciones de los sospechosos de participar de una red narco con base en Goya y con puntos de distribución y venta en distintas ciudades y localidades santafesinas y otras dos provincias. Horacio Ortega, ministro de Seguridad correntino, fue quien adelantó al matutino porteño La Nación que en febrero se hará efectiva la presentación judicial.

Fuentes consultadas por ese periódico señalaron que se prevé que esa denuncia sea canalizada a través del diputado nacional por Corrientes, Gustavo Valdés, quien es del mismo sector político que Colombi e integra el Consejo de la Magistratura de la Nación. El juez de Reconquista, quien también subroga en el Juzgado Federal de Roque Sáenz Peña, Chaco, ordenó al fiscal Bruno Ojeda investigar si Colombi cometió un delito. "No es frecuente que un gobernador irrumpa en un operativo antidrogas", dijo el juez y agregó: "Queremos saber los motivos". El juez tomó esta decisión luego de que el jefe de Drogas Peligrosas de la Policía de Santa Fe, José Moyano, presentara un escrito ante ese juzgado, en el que advierte que fue "detenido" por efectivos de la Policía correntina en Goya en medio de un operativo antidroga ordenado por la Justicia Federal. Moyano señala en el escrito -según detallaron fuentes judiciales- que fue apresado "por orden del Gobernador" de Corrientes. El ministro Ortega negó que se haya producido una detención y calificó como "aprehensión" la situación en la que se vio involucrado el comisario santafesino.

LA POLICÍA

La investigación federal apunta particularmente contra el primer mandatario y el jefe de la Unidad Regional de Goya. Más allá de la obstrucción e interferencia indebida en el procedimiento, se trata de esclarecer la naturaleza de la orden de detención aparentemente dada por el Gobernador.

Según las normas del procedimiento, sólo un juez puede ordenar la privación de la libertad. Colombi se excedió notoriamente al impartir una directiva de esta naturaleza y el comisario general Montiel, jefe de la URI Goya quedó en el ojo de la tormenta al haber cumplido sin analizar su legalidad, algo absolutamente inaceptable para un funcionario judicial con treinta años de servicio,

La cadena de responsabilidades exceptuaría al personal que cumplió la orden del superior inmediato, o sea, de Montiel. Es que ellos no están en condiciones ni tienen los elementos de juicio como para dudar de que el jefe de la URI haya obviado pasos de análisis propios de su jerarquía.

En este contexto también quedarían fuera de la responsabilidad penal el jefe de la Policía, el comisario Eduardo Acosta,

TEMA VALDÉS

La eventual presentación del diputado nacional Gustavo Valdés podría tener un efecto contrario al buscado. Ni oficialistas ni opositores en el Consejo de la Magistratura estarían dispuestos a quedar pegados y menos desautorizar a un juez en la ejecución de un procedimiento en una causa de alto impacto político.
En el gobierno hay preocupación desde hace tiempo por los deslices de Colombi en materias delicadas que comprometen la imagen que el macrismo trata de dar en el plano judicial.

De hecho, ni el PRO ni la UCR acompañarían la posición de Valdez. Es más, puertas adentro de la coalición gobernante hay una decisión tomada de impulsar al diputado cordobés Mario Negri como reemplazante de Valdés en el Consejo, en representación de la bancada de Cambiemos.

La sustitución está prevista para diciembre, cuando se produzca el recambio de media cámara.

Las circunstancias generadas, y la amplia repercusión en medios nacionales, podría terminar acelerando el recambio para oxigenar la imagen de Cambiemos, mostrando que el oficialismo no interfiere en el accionar de la Justicia ni en la independencia de poderes.

Fuentes ligadas al juez Alurralde ratificaron que el magistrado avanzará haciendo cumplir la ley "caiga quien caiga" y sin atender presiones de ninguna naturaleza, provengan de donde provengan.

En los hechos, quienes conocen los mecanismos de funcionamiento de la Justicia Federal aseguran que en situaciones de esta naturaleza hay un código no escrito de protección recíproca que abroquela a los jueces con explícito respaldo, no sólo de la Asociación que los nuclea, sino del propio gremio de los judiciales al cual están afiliados muchos de los jueces nacionales.

Domingo, 15 de enero de 2017