Rosario (27-3-17): Las sospechas de complicidad con el narcotráfico en Corrientes traspasan el límite de Itatí, donde fueron detenidos el intendente y el viceintendente, entre otros sospechosos. Las investigaciones se centran ahora en la acción de las fuerzas de seguridad federales y provinciales, en miembros de la justicia y del propio gobierno correntino. Una fiscal federal analiza pedir la indagatoria del mandatario provincial, Ricardo Colombi, por "obstrucción a la Justicia e incumplimiento de los deberes de funcionario público" por su irrupción durante los allanamientos realizados en la ciudad de Goya, en diciembre pasado.

Ese operativo había sido ordenado por el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, y terminó de manera escandalosa con el arresto del comisario José Moyano, jefe de Drogas Peligrosas de Santa Fe, quien comandaba la diligencia judicial.

La declaración del policía fue "lapidaria", según señalaron fuentes judiciales. Moyano dijo que su detención fue ordenada por el gobierno correntino , y ese testimonio ante la fiscal federal de Reconquista, Ana Bruno, comprometería al gobernador Colombi.

En medio de un clima preelectoral caliente en Corrientes, con el gobernador Colombi fuera de la carrera proselitista tras 16 años en el poder, las sospechas de supuesta connivencia con el narcotráfico de los distintos engranajes del Estado se potencian, luego de que quedaran presos el intendente de Itatí Natividad "Roger" Terán y el presidente del Concejo Deliberante Fabio Aquino, y varios miembros de las fuerzas de seguridad.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, recordó que la banda de narcotraficantes desbaratada en Itatí "era muy completa porque tenía dentro de la organización al poder político; hay alguna conexión judicial, fuerzas de seguridad y todo esto completa un modelo de complicidades muy importante".

El descargo que hace el gobierno correntino, en boca del ministro de Seguridad Horacio Ortega, es que durante el kirchnerismo se despobló de efectivos federales el control de "una frontera caliente" que tiene más de 600 kilómetros lindantes con Paraguay. Y aseguran que el gobierno anterior derramó miles de planes sociales para triunfar en localidades de la costa que está frente a Paraguay, como Paso de la Patria, Ituzaingó e Itatí.

Pero antes que estallara el escándalo en la llamada ciudad de la Virgen, Colombi fue protagonista de un hecho inédito al interrumpir un operativo antidrogas en Goya. El enojo de Colombi, según afirmó, se debía a que los testigos para ese procedimiento habían sido juntados en la capital correntina, a 240 kilómetros de donde se realizarían los allanamientos. Pero a los investigadores tienen otra visión de esa trama.

La reacción del gobernador ocurrió cuando la policía santafecina se aprestaba a allanar la casa de Carlos Ramírez, quien se encuentra prófugo, y se proveía de Javier López, quien usaba el stud del Jockey Club, en calle Tomás Mazantti 77 en Goya, para acopiar la droga. Si la policía de Corrientes se llevaba los testigos, como pretendía el gobernador, se hubiesen anulado las detenciones.

El juez Alurralde ordenó a la fiscal Bruno que abriera una causa para investigar al gobernador, expediente que está en el tramo final. La contundente declaración del comisario Moyano, a cargo del operativo en Goya, sería la base para pedir la indagatoria de Colombi y de policías correntinos que se llevaron preso al jefe antidrogas de Santa Fe.

Pero además, el juez abrió otra causa para seguir la complicidad policial de las fuerzas provinciales y federales con esta banda que llevaba la marihuana por el río Paraná desde Goya al puerto de Reconquista. Alurralde recordó en el fallo de procesamiento de la banda de López que antes de que se concretara la detención de esta organización pidió a la Policía Federal de Corrientes que allanara los domicilios de ese sospechoso y de Ramírez, pero que esos efectivos no encontraron a nadie ni tampoco rastros de droga.

El viernes pasado, tras el operativo Sapucay, fueron pasados a disponibilidad de 15 efectivos de la Región VIII de la Policía Federal, entre ellos oficiales de alto rango que coordinaban actividades en las provincias de Corrientes, Formosa, Paso de los Libres, Posadas, Presidente Roque Sáenz Pena, Puerto Iguazú y Resistencia.

La "depuración" de la delegación de esta fuerza se produjo luego de que en las órdenes de detención del juez federal N°12 Sergio Torres figurase el subjefe Rubén Ernesto Ferreyra y el sargento Carlos Víctor López. En la sede policial se secuestraron 17 panes de marihuana sin registro de decomiso.

De acuerdo con fuentes de la investigación, estos efectivos se movían como verdaderos narcos. Pagaban a los informantes con la droga que luego incautaban en operativos que los "buchones" apuntaban y además se sospecha que pedían rescate por el estupefaciente secuestrado a los mismos narcos.

En el operativo Sapucay encontraron también dos panes de marihuana fraccionados en el cajón del escritorio del comisario Osvaldo Ocampo Alvarenga, destinado por la policía local en Itatí.

Justicia bajo la lupa

En tanto, la Cámara federal de Corrientes apartó al juez federal Carlos Soto Dávila de siete causas por narcotráfico. Ese tribunal cuestionó las excarcelaciones que libró el magistrado a los imputados, entre ellos a Hernán Aquino, hermano del viceintendente de Itatí, quien había sido apresado dos veces con drogas antes de caer con 521 kilos de marihuana el 20 de febrero pasado.

En octubre pasado los fiscales federales Carlos Schaefer y Sergio Ferrín denunciaron penalmente al juez federal Nº 1 y a uno de sus secretarios, por un presunto beneficio a un sospechoso de narcotráfico. "Todo está bajo la lupa pero hay que aportar pruebas. Hoy se cuestiona todo porque hay una presión mediática tremenda a nivel nacional. En Corrientes se está mezclando lo político por las elecciones a gobernador de este año y hay una turbulencia terrible", explicó Soto Dávila y señaló que su juzgado llevó adelante importantes causas de narcotráfico.

Lunes, 27 de marzo de 2017