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Seguridad
Citan a declarar a un empleado de una financiera por supuestas actividades de lavado
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Martes, 2 de mayo de 2017

Paso de los Libres (2-5-17): Durante los allanamientos realizados secuestraron dinero y automóviles.
La jueza federal de Paso de los Libres, Cristina Pozzer Penzo tomará declaración este martes a Fernándo Marticorena, uno de los involucrados en las operaciones económicas para el supuesto lavado de activos proveniente de la explotación de personas en prostíbulos de Paso de los Libres.


Se trata de un empleado de una financiera de la ciudad de Buenos Aires señalado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Fiscalía de Primera Instancia como quien supuestamente intercambiaba dólares por pesos con los encargados de hacer circular en el mercado legal el dinero proveniente de los prostíbulos que funcionaban en Paso de los Libres y que estaban protegidos por un fiscal federal.

El declarante ya se había presentado ante el juzgado para ponerse a disposición y en la oportunidad aclaró que su nivel de vida es austero, por lo que acercaría pruebas para demostrar que carecía de relación con los hechos que se le imputan.

La entrega de estos documentos serían efectivizadas en las próximas horas cuando se presente a comparecer ante la secretaria judicial Romina Sánchez Venguiarrutti, la jueza de la causa y el fiscal de primera instancia, Anibal Martínez.

La comparecencia será en el contexto de la investigación llevada adelante por Fiscalía Federal de Primera Instancia de Paso de los Libres, a cargo del fiscal Aníbal Martínez, y que cuenta con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de los fiscales Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta, logró identificar una importante cantidad de operaciones que permitirían comprobar presuntas maniobras de lavado de activos de origen ilícito por parte de la organización delictiva investigada.

Se trata de una derivación de la causa en la que se investiga al ex fiscal federal de Paso de los Libres, Benito Pont, y a otros funcionarios, por brindar protección a una organización criminal destinada a la trata de personas con fines de explotación sexual.

Puntualmente, luego de analizadas las constancias de la causa Nº 35310/2016 “Av. posible delito de acción pública - infracciones leyes 19.359 y 24.769 y art. 303" y el perfil fiscal de cada uno de los investigados, la Procelac presentó un informe de colaboración donde se identifican operatorias de adquisición de más de 50 vehículos y 13 inmuebles, en las que habrían intervenido un total de 16 personas físicas, circunstancias que darían cuenta de la canalización en el mercado formal de bienes de origen espurio.

La causa se inició cuando la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo “del Litoral” de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tomó conocimiento de la existencia de un grupo de personas conformado por Héctor Sebastián Garavone, Pablo Martín y Héctor Rodrigo Marsilli, Jorge “Coco” Castro Gentil y Ricardo Gustavo Aguirre, que se habrían asociado para poner en circulación activos ilícitos, provenientes de la trata de personas.

Los sospechosos habían creado las firmas Gabac S.R.L –de recauchutado y renovación de Neumáticos-, Awkward Transportes Limitada –de transporte de cargas-, Marga SRL –dedicada a servicios integrales, asesoramiento, exportación e importación de mercaderías y estibaje-, HCV-RCM SRL –de gestión logística- y la agencia Aguirre Automotores que integraba la firma Gusmar SRL, a través de las cuales -según la hipótesis investigada- introducían en el mercado legal los activos generados por la trata de personas con fines de explotación sexual.

Así, los imputados, junto a un grupo de personas, integrarían una organización que trasladaba pesos argentinos a la ciudad brasileña de Uruguayana, donde los cambiaban por reales y luego por dólares, para luego llevarlos a la financiera de Fernando Marticorena, Dakota Group, que funciona en la Ciudad de Buenos Aires, donde nuevamente eran cambiados por otras divisas.

Esas maniobras se realizaban para encubrir el origen ilícito de los activos, a través de inversiones, aportes de capital en la constitución de sociedades, desarrollos inmobiliarios, compraventa de bienes muebles e inmuebles registrables y el uso de cuentas bancarias para administrar bienes.


Martes, 2 de mayo de 2017

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