Corrientes (15-3-18): El Bloque de Diputados Provinciales del Partido Justicialista (PJ) cuestionó la “falta de transparencia” de la norma que podría favorecer “oscuros negocios” y “grandes deudas” para el Estado. El Justicialismo propuso crear una Unidad Evaluadora de proyectos; una auditoría externa ejercida por el Tribunal de Cuentas; autorizaciones legislativas; aplicación de otras leyes de regulación como las Administración Financiera y Obra Pública. Estas mejoras fueron rechazadas por Eco-Cambiemos. “Estas falencias oscurecen la ley que podría ser útil; pero sin organismos de control y con facultades ilimitadas en una sola persona, podrían favorecer la aparición de oscuros negocios y grandes pérdidas para el Estado”, advirtieron los legisladores del PJ.

En la sesión ordinaria de este miércoles 14 de marzo, los nueve integrantes del Bloque de Diputados Provinciales del Partido Justicialista (PJ) detallaron las falencias jurídicas e institucionales que padece la norma que Eco-Cambiemos y sus aliados convirtieron en ley.

El Jefe del Bloque del PJ, Cesar “Tatín” Acevedo; enumeró la “falta de organismos de contralor y transparencia” con que finalmente ayer el oficialismo aprobó la ley de Participación Pública-Privada para el financiamiento de infraestructura.

“Las demás provincias que adhirieron a esta norma y la misma ley nacional, contemplan organismos como una Unidad Evaluadora de los proyectos; auditoría externa; autorización legislativa; aplicación de otras leyes de regulación como la Administración Financiera y de Obra Pública”, señaló el legislador.

La única modificación que el proyecto recibió en el Senado provincial, cámara de la que vino en revisión; fue una de las cuatro propuestas de mejoras que hicieron los diputados del PJ: “crear una Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada” que estará “integrada por 3 diputados y 3 senadores”.

“Pero de las cuatro propuestas que hicimos para brindarle mayor transparencia a la ley, el oficialismo sólo incorporó una. Y esa incorporación que se la hizo en el Senado provincial, parece ser producto de cuestiones internas del oficialismo más que voluntad institucional de hacer más transparente esta ley”, señaló César Acevedo a la prensa.

Durante su alocución en la sesión, el Presidente del Bloque del PJ remarcó “las consecuencias que este mecanismo produjo en países europeos, donde lo aplican hace 20 años y ahora la rechazan por los graves endeudamientos que les generó a sus Estados”.

“Se dice que esta ley puede atraer inversiones privadas para realizar obras, pero el Estado siempre termina como garante. Si al privado no le resulta rentable o no puede cumplir con la inversión; es el Estado el que debe poner la plata para cubrir deudas, pagar intereses, ganancias y terminar la obra. Es ahí donde se producen las grande pérdidas”, detalló.

Acevedo también cuestionó que “esta ley no crea una Unidad Evaluadora; que defina costos de las obras, qué ganancias se llevarán las empresas, cuáles serán las garantías para el Estado y la sociedad. Toda esa facultad se le otorga al Ejecutivo Provincial, en la figura del Gobernador. Y las facultades ilimitadas en una persona, nunca son buenas”, indicó.

“Estas falencias terminan oscureciendo una ley, que puede ser útil; pero sin organismos de control y con demasiadas facultades en una sola persona; podrían favorecer la aparición de oscuros negocios y grandes pérdidas para el Estado. Es una ley que podría servir, pero sigue oscurecida por la falta de mecanismos que garanticen el control y la transparencia”, insistió el diputado Acevedo al cerrar su alocución.

EVITAR CONTROLES Y CONTRAER MÁS DEUDAS
El Bloque del PJ propuso crear una Unidad Evaluadora de profesionales y universidades; que el órgano de auditoría externa sea el Tribunal de Cuentas de la Provincia; que haya Autorización Legislativa cuando se deban dirimir conflictos judiciales en jurisdicción extranjera; que se apliquen las leyes de Obra Pública y Administración Financiera.

La norma de Participación Público-Privada que ayer aprobó ECO-Cambiemos, casualmente anula la aplicación del Capítulo 8 de la ley de Administración Financiera que define los mecanismos de contratación de obras y sus sistemas de control.

El diputado Félix Pacayut (PJ) indicó que el Senado “no le hizo mejoras sustanciales a este proyecto. Le sigue faltando Organismo de Aplicación, Organismo de Contralor externo; tiene incompatibilidades con leyes fundamentales como las de Administración Financiera y Obra Pública”.

Indicó que la creación de “una Comisión Bicameral no es la solución a todo control, porque estos organismos están sujetos al juego de las mayorías y las minorías parlamentarias. Por eso nosotros proponíamos crear también un organismo de Control Externo ejercido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia”, señaló Pacayut.

El diputado José Mórtola (PJ) cuestionó que la ley aprobada por Eco-Cambiemos “le da un poder absoluto, un cheque en blanco; al Ejecutivo Provincial”.

En la reglamentación de la norma de Participación Público-Privado “el Ejecutivo Provincial va a decir cómo se va a controlar así mismo, qué ganancias le van a llevar las empresas, bajo qué riesgos se van a ejecutar las obras. El Tribunal de Cuentas y la Legislatura están delegando facultados”, advirtió Mórtola.

El diputado Martín Barrionuevo (PJ) remarcó la irregularidad de “especificar que para esta norma no son aplicables los capítulos más importantes de las leyes de Administración Financiera y la de Obra Pública”.

“Se elimina el control previo, el control concomitante y el control posterior para estos contratos de Participación Público-Privada. En realidad, nos parece que con esta ley quieren eludir mecanismos de control que fijan otras normas o quieren esconder futuros endeudamientos para la Provincia”, advirtió el Barrionuevo.

Los diputados Ernesto “Tito” Meixner y Alberto Yardín enumeraron el descrédito mundial, el fracaso del mecanismo y los grandes endeudamientos que la Participación Pública Privada generó a países como Inglaterra y España.

“Costos financieros más altos; los costos de las obras superan entre un 40% y 70% que si lo hiciera el Estado, justamente por las ganancias que se llevan las empresas. Esta herramienta le generó al Reino Unido una deuda de 200 billones de Libras Esterlinas; a España le generó una deuda de 2.500 millones de dólares sólo en 2017. Es decir que el Estado se terminó haciendo cargo de las falencias de la herramienta y de la especulación de los privados”, enumeraron.

La diputada María Giraud lamentó “la poca voluntad del oficialismo” que se negó “a incorporar los organismos de control que propusimos desde nuestro Bloque”. “El PJ tuvo la buena predisposición de mejorar y acompañar este proyecto, pero no quisieron alcanzar un consenso. Si no tienen nada que esconder, por qué no aceptan mecanismos de transparencia que propusimos”, les preguntó Giraud a los legisladores de Eco-Cambiemos

Jueves, 15 de marzo de 2018