Corrientes (16-2-19): Carlos Vicente Soto Dávila, el juez correntino procesado por proteger narcotraficantes, presentó su renuncia el viernes ante el Ministerio de Justicia de la Nación. El magistrado está acusado de asociación ilícita y cohecho pasivo al encubrir a narcos que traían grandes cantidades de marihuana para distribuir en Capital Federal y varias provincias. Soto Dávila está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita. El Gobierno impulsaba su juicio político en el Consejo de la Magistratura.


Soto Dávila era conocido por los narcos como el "juez piola", ya que por grandes sumas de dinero los liberaba y facilitaba los movimientos de las organizaciones delictivas. En diciembre del año pasado, el juez federal Sergio Torres lo procesó con prisión preventiva, aunque recién podría quedar detenido cuando el propio Mauricio Macri acepte su renuncia: hasta ese momento contará con fueros. Además, se fijó un embargo en su contra de 20 millones de pesos.

La investigación contra Soto Dávila -que estaba citado para el 26 de febrero a dar explicaciones ante el Consejo de la Magistratura- es una de las tantas causas por la cual la Justicia Federal de Capital Federal ya tiene a más de 130 personas investigadas, entre ellas, el entonces intendente de Itatí, Natividad Terán; su entonces vice, Fabio Aquino; gendarmes, policías federales y provinciales.

La organización narco que Soto Dávila protegía ingresaba marihuana desde Paraguay por balsas en el río Paraná y, una vez en Corrientes, era distribuida hacia Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.

Soto Dávila quedó en el centro de la escena luego de que uno de los arrepentidos en la causa de los narcotraficantes confesó que le pagaban miles de pesos para tener protección y poder operar sin problemas. La Justicia investiga por lo menos una decena de casos de sobornos.

El juez correntino, además, les entregaba la libertad de manera llamativa a los narcos que eran capturados.

El juez Carlos Soto Dávila lleva 22 años en el cargo de la magistratura y durante su gestión tuvo más de 15 denuncias de irregularidades. A la edad de 70 años habría decidido presentar su renuncia para evitar un juicio político, sin embargo, el proceso continuará hasta que el Poder Ejecutivo acepte la dimisión. El caso es similar al de otro juez que fue cuestionado: Carlos Oyarbide, quien en 2016 había elegido esta salida ante la posibilidad de ser destituido.

Sábado, 16 de febrero de 2019