Bs. As. (11-1-20): Gran parte de la deuda externa con el FMI no cumplió con los pasos legales necesarios. No hubo informes administrativos analizando la balanza de pagos ni decreto del PEN que la autorizara, además de evitar el Congreso. Esto abre la puerta a realizar juicios contra el patrimonio personal del presidente Mauricio Macri y su equipo económico. La peor herencia que dejó Mauricio Macri al actual gobierno democrático de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner será la astronómica deuda externa -superior a los 280 mil millones de dólares- que tomó en un plazo récord inferior a cuatro años. En ese sentido, superó a su padrino ideológico José Alfredo Martínez de Hoz en la dictadura cívica militar de 1976 a 1983. Macri lo hizo sin la aprobación del Congreso de la Nación –con la soberbia de “los republicanos” que se creen dueños del país, apropiándose o entregando sus mayores riquezas con una deuda que deberá pagar el pueblo argentino-.

Por JUAN ALONSO
Cada ciudadano debía hasta octubre un promedio de 6.310 dólares por la genial idea de Macri y si séquito. Ver la nota de BAE/Negocios del pasado 9 de octubre.

Además, el presidente en transición al olvido habría incumplido el Derecho Administrativo ,en lo que podría derivar en una demanda civil millonaria en su contra, que podría concatenarse con otra denuncia en el fuero Penal Económico y en la Justicia Penal.

Así las cosas, Macri, Federico Sturzenegger, Luis Caputo y el ex columnista de TN, que se hizo amigo íntimo del Fondo Monetario Internacional (FMI), Nicolás Dujovne, serían demandados por el Estado luego del 10 de diciembre.

La estafa
El mecanismo fue así: Macri y sus funcionarios de “Hacienda” sin hacienda primero tomaron la deuda externa con el FMI y recién después iniciaron los trámites internos en el Banco Central y el Ministerio de Economía.

La abogada especialista en Derecho Administrativo, Betina Stein, lo resumió de esta forma ante una consulta de Nuestras Voces: “La sala III de la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo Federal revocó la sentencia del juez de grado que había rechazado la acción de amparo presentada por el doctor Eduardo Julio Codianni, ante la negativa del Ministerio de Hacienda de brindarle la información completa que, en relación con el préstamo contraído con el FMI, había solicitado. En función de los términos del art. 1 de la ley de derecho de acceso a la información, la Cámara hizo lugar a la acción de amparo y ordenó al Poder Ejecutivo Nacional brindar información ‘clara, precisa, completa y detallada’ sobre el empréstito contraído con el Fondo. De la sentencia surge que en el informe producido en el expediente judicial por el Estado Nacional a que obliga la ley 16.986, éste expresamente señaló: ‘La firma de un acuerdo es una potestad del Poder Ejecutivo por lo que no se requieren dictámenes previos ni aprobación del Congreso Nacional.

La Ley de Administración Financiera 24.156, que aplica porque somos parte del FMI desde 1956 así lo indica.

Tan absurda aseveración demuestra que la ilegítima toma del crédito sin la autorización del Congreso, ostenta ahora un aditamento más consistente en el hecho de que en el seno del Poder Ejecutivo se tomó la decisión –afirmó Stein-, violando las normas que regulan la función administrativa, al no solicitar los informes establecidos por la ley de administración financiera”. Lo mismo expresó en esta columna de Página/12 el pasado 18 de septiembre.

Al ser consultada por el programa “Caballero de día” en Radio Colonia, que conduce Roberto Caballero, Stein lo dejó todavía más claro: “La toma de deuda en sí no habría sido ilegal, sino habría sido ilegal el procedimiento por dos motivos específicos de dos expedientes de los que pude tomar vista. En uno de esos expedientes surge que la toma de deuda con el FMI, esto es la firma de la carta de intención con el Fondo y los memorándums que acompañan esa carta, fueron suscriptos y fueron aprobados por el Fondo, sin que previamente existieran los dictámenes y los informes técnicos, que la Ley de Procedimientos Administrativos y la Ley de Administración Financiera exigen respectivamente. Entonces, lo que aparentemente se ha tornado ilegal es el procedimiento de la toma de deuda externa. La Ley de Procedimientos Administrativos establece que cualquier acto que pueda afectar derechos de los ciudadanos debe tener un dictamen jurídico que determine si es legal lo que se está haciendo. Y ese dictamen no existió de acuerdo a los documentos. Uno de los aspectos es revisar si el Poder Ejecutivo tenía facultades para realizar un acuerdo sin la participación del Congreso. Lo que existe es un dictamen posterior que no analiza este asunto fundamental, sino que se refiere a la firma del acuerdo por el ministro Dujovne o el presidente del Banco Central. Eso no era lo importante, lo que es relevante es si el Poder Ejecutivo –es decir Mauricio Macri- tenía facultades para tomar semejante decisión. Hay una denuncia sobre la ilegitimidad de la deuda. Lo que hay que hacer es una demanda civil de daños y perjuicios por el daño que han ocasionado estos funcionarios que firmaron el acuerdo. La responsabilidad es personal y los funcionarios intervinientes deberían responder con su patrimonio. Hay una responsabilidad que no es solo civil sino que también es penal, porque la víctima y la persona jurídica es el Estado, todos nosotros, que fuimos perjudicados”, argumentó Stein.

Las grandes deudas que siempre tomó la oligarquía de Buenos Aires fueron pagadas por gobiernos nacionales y populares. Esa casta de privilegiados –entre quienes se cuentan los funcionarios o ex funcionarios mencionados en esta crónica-, se van del gobierno y tienen sus ahorros en moneda extranjera protegida en una guarida fiscal del exterior. Es el caso de Dujovne que declaró que posee la mayor cantidad de sus bienes fuera del país. Es decir: el encargado de suscribir la segunda etapa de la mayor deuda de la historia argentina que compromete la vida de millones de ciudadanos, no responde ni siquiera con su patrimonio en territorio nacional. Se comprometió a pagar 100 mil millones de dólares con Christine Lagarde –actual presidenta del Banco Central de Europa-, pero su propio dinero estaba a resguardo en Estados Unidos y otros paraísos del estilo.

El accionar de Macri y Dujovne se parece demasiado a los hechos cometidos por Bernardino Rivadavia y su ministro Manuel José García. La saga del primer empréstito con Inglaterra en 1822 fue narrada de forma magistral por Raúl Scalabrini Ortiz en su obra “Política británica en el Río de La Plata” e “Historia del Primer Empréstito”, ambos trabajos publicados por primera vez en (FORJA) en 1936 y 1939.


Scalabrini Ortiz afirmó que Rivadavia y García respondían a los intereses del Reino Unido. ¿A quién responden Macri, Dujovne, Sturzenegger y Caputo?

Aquella primera deuda con Inglaterra sancionada por una ley del 19 de agosto de 1822 –nótese que Macri no lo hizo por ley- fue bajo la excusa de la construcción del puerto de Buenos Aires, el levantamiento de nuevos pueblos por la extensión de la frontera agropecuaria, y la creación de tres ciudades en la costa del Atlántico hasta Carmen de Patagones. Además de una gran obra para dotar de agua corriente a Buenos Aires. El señor García, ministro de Finanzas de Rivadavia, pidió un empréstito de 2.800.000 libras esterlinas. Pero sólo llegaron 570.000 libras esterlinas y en letras de cambio. No se completó ninguna obra con esa plata. El empréstito se terminaría de pagar en 1952. Por la deuda de 2.800.000 libras esterlinas se terminaron abonando 23.700.000 de la misma moneda; es decir, ocho veces más que el primer acuerdo. Ninguno de los objetivos del empréstito se cumplió y el Estado Argentino se vio obligado a vender dos barcos de su propiedad para afrontar el pago de las obligaciones y los intereses. La deuda se canceló definitivamente en 1952 con el gobierno de Juan Domingo Perón.

El General explicó las negociaciones para la estatización de los Ferrocarriles y la deuda externa con el imperio británico y Estados Unidos.







¿Cómo fue el final de Rivadavia?

Después de andar huyendo de isla en isla murió solo el 2 de septiembre de 1845 en Cádiz, un puerto que sirvió por siglos a los peores contrabandistas y piratas en España. Su ministro García vivió hasta 1848. Tres años más que Rivadavia. Se había casado en 1823 con la hija del financista Manuel Hermenegildo Aguirre.

El 3 de marzo de 1815 –tres años después de la declaración de Independencia de la Primera Junta-, “el patriota” García le escribió esta carta al vizconde Strangford, diplomático inglés. García contextualizó el proceso de liberación de España así: “Cuando la necesidad las obligó a tomar esta resolución, contaban principalmente con la ayuda de Gran Bretaña, que desde la administración de Mr. Pitt se había mostrado tan profundamente interesada en el comercio libre del Río de la Plata, por las costosas tentativas que hizo en 1806 y en 1807, y los preparativos en mayor escala para otra expedición en 1808. Los Gobiernos Provisionales de Buenos Aires han abrigado esta creencia hasta el momento, en la esperanza de que Su Majestad Británica accedería a los pedidos de sus infortunados pueblos y les haría conocer cuál sería su suerte. Durante un largo período han soportado sus sufrimientos, conscientes de la dificultad creada por la alianza con España, y de las ventajas de contemporizar con sus gobiernos populares. Pero al fin ha llegado el momento en que es imposible permanecer por más tiempo en un estado de incertidumbre, sin exponer al país a los mayores infortunios. La guerra civil, desarrollada con su habitual violencia, ha agotado las fuentes de riqueza pública; lenta y gradualmente han cambiado las costumbres del pueblo en todas esas Provincias; apenas obedecen al Gobierno General, que con gran dificultad ha mantenido el orden y un sistema de administración moderadamente eficaz durante algún tiempo”.

El 8 de julio de 2016, desde Tucumán, Macri retomó aquella “angustia” de García, pero esta vez, se la hizo saber al Rey de España en el Día de la Independencia Nacional. “Claramente debían sentir angustia, querido Rey, al separarse de España”. Ver el vídeo.

En 1981 Domingo Felipe Cavallo implementó un seguro de cambio que les permitió licuar la deuda en dólares a las más grandes compañías privadas. Entre ellas estaba el Grupo Macri.

El 26 de agosto de 1982, poco antes de la recuperación democrática y tras la Guerra de Malvinas, Julio González del Solar, por entonces presidente del Banco Central estatizó la deuda privada –entre otras familias estaban los Macri- por 17 mil millones de dólares. O sea: tomaron deuda en el exterior y la pagó el pueblo argentino mientras ellos se hicieron más y más ricos a costa de nosotros.

Si se cumpliese el análisis jurídico de la abogada Stein, esta vez Macri tendría que abonar con su patrimonio el desastre que produjo.

Sábado, 11 de enero de 2020