Bs. As. (31-7-20): Un nuevo DNU con la firma del presidente Alberto Fernández cierra definitivamente el capítulo del salvataje a la empresa Vicentin, cuyo final había anunciado ayer el secretario de Justicia de Santa Fe, Guillermo Somaglia, al retirarse de la audiencia de "conciliación" fijada por el Juez de Reconquista, Fabian Lorenzini. Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. pic.twitter.com/TEilNynB8T Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019. El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo. Pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído. En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores. He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado.
El nuevo decreto dejará sin efecto la "intervención" y a partir de esto será el magistrado --que dejó en manos de los hermanos Gustavo y Sergio Nardelli y Alberto Padoán la administración de la empresa-- el encargado de llevar adelante un proceso que podría derivar en la quiebra de grupo, en la medida que no haya aportes de nuevos capitales ni se llegue a un acuerdo con los acreedores, que reclaman más de 800 millones de dólares, entre ellos el Banco Nación y bancos extranjeros, además de corredores, acopiadores, cooperativas y proveedores.
"Vamos a ver si en el lapso de casi un año que les asignó el juez pueden sacar adelante esta situación", dijo a Rosario/12 una alta fuente del gobierno de Santa Fe, cuyos representantes dejaron en claro que ante la negativa a ceder las acciones a un fondo fiduciario y la insistencia de la conducción de permanecer en sus cargos abandonaba la iniciativa del salvataje. "Capítulo cerrado", dijo Somaglia ayer mientras se desarrollaba un allanamiento en las oficinas de Vicentin, que pasó inadvertido para los medios de la región.
De ahora en más, habrá que esperar cómo se desarrollan los acontecimientos, agregó la misma la fuente, que pronosticó que "va a ser difícil que en el mundo de los negocios alguien haga un aporte de capital mientras estén los mismos nombres que llevaron la empresa a este desastre", del mismo modo crece la incertidumbre entre los acreedores que no ven una alternativa viable para cobrar sus granos liquidados.
"Una vez que salga el decreto se vuelve a foja cero, y vamos a ver qué dicen aquellos que cuestionaron la idea del salvataje con argumentos falaces, y qué ofrecen a cambio para garantizar las fuentes de trabajo y el cobro de los acreedores" concluyó el funcionario.
Viernes, 31 de julio de 2020