Los jefes sindicales calificaron de "error" la decisión judicial que puso fin al monopolio de la CGT y advirtieron que traerá "consecuencias imprevisibles".

Hugo Moyano consideró ayer como “un error” el fallo de la Corte Suprema de Justicia que reivindicó la libertad sindical. Por eso la CGT, en una posterior reunión de Consejo Directivo, le pidió al Gobierno “una solución política” para un tema que –consideró– “traerá consecuencias imprevisibles”.

Moyano hizo pública su queja, aunque rápidamente aseguró que acatará el fallo. Su enojo contenido se explicó por la decisión de Cristina Kirchner de otorgarle a Juan Rinaldi, el abogado de los camioneros, el manejo de los fondos de las obras sociales a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Moyano apeló a una singular frase para restarle importancia al fallo, sobre el cual la CTA echará mano para conseguir la tan ansiada personería gremial. “Esta medida –dijo el titular de la CGT– no va a tener el efecto que algunos esperan que tenga, porque si esto hubiera sido así, los trabajadores estarían volcados en la calles del país elevando esta situación.”

La postura de Moyano, conocida tras un encuentro con empresarios en CAME, precedieron a la reunión del Consejo Directivo de la CGT. Allí, el vocero de la central, Héctor Daer, el taxista Omar Viviani y el diputado y asesor legal Héctor Recalde mantuvieron la línea dura durante una conferencia de prensa.

“El fallo tiene consecuencias imprevisibles. Si se traslada al sector privado (ya que el dictamen era sobre un diferendo de gremios del sector público), va a provocar una serie de problemas: muchos compañeros van a ser delegados sin protección”, ejemplificó Recalde. Se refirió así a la posibilidad que abrió el fallo para que alguien que no esté afiliado a un gremio con personería gremial –como es el caso de la mayoría de los afiliados a la CTA– pueda ser delegado.

Daer prefirió circunscribirse a la línea bajada por Moyano. “Esto no tiene implicancias inmediatas. Es muy difícil que tenga una aplicación”, minimizó. Y advirtió que es el Gobierno el que debe darle una “solución política” al conflicto. Según se anunció, los abogados de la CGT trabajarán en un proyecto de ley para limitar el efecto expansivo del fallo.

–¿Creen que detrás de esta resolución está el Gobierno? –preguntó Crítica de la Argentina. –Nosotros no vemos fantasmas –respondió tajante el secretario gremial Omar Viviani–. A nosotros nos preocupan más las suspensiones. Los bancarios, detrás de la figura del retiro voluntario, tienen 1.500 despidos. Los textiles y el SMATA tienen cada uno tres mil compañeros suspendidos con la posibilidad de que luego sean despedidos. A nosotros eso nos preocupa mucho más. Y respecto a esto le vamos a pedir al Gobierno que haga lo necesario, doble o triple indemnización o lo que sea, para que no se produzcan despidos masivos.

Al cierre de la reunión, Rinaldi fue aplaudido por los sindicalistas. Y Daer se sintió en la obligación de aclarar, sin que nadie se lo pidiese, que la CGT no participa de “un toma y daca” con el Gobierno.

Viernes, 14 de noviembre de 2008