La provincia deberá indemnizar a un oficial de policía que cuando era estudiante sufrió una agresión sexual de sus compañeros en la Escuela de Cadetes de Rosario.

A pesar de que nunca se identificó a los autores de la vejación, un tribunal civil consideró que el Estado provincial incumplió la obligación de garantizar la seguridad de quienes se estaban formando como futuros policías. Y ordenaron a la provincia a pagar 150 mil pesos al uniformado por el daño moral sufrido.

En el fallo, los miembros del Tribunal de Responsabilidad Extracontractual Nº 6 —Luis Juan Perello, Stella Maris Martínez y María Andrea Mondelli— rechazaron el planteo del abogado de la provincia que consideró no pertinente indemnizar porque, según su enfoque, el caso estaba cerrado. En rigor, el juez de Instrucción Nº 4, Jorge Eldo Juárez, que intervino en primera instancia, desestimó la denuncia presentada por J. D. C. Luego, el fallo fue avalado por la Cámara Penal. Se dispuso el archivo de la causa por falta de elementos para continuar la investigación, pero el caso no se cerró. "Como la resolución no adquiere autoridad de cosa juzgada, corresponde el pago de la indemnización", explicaron los magistrados.

El hecho. El episodio denunciado ocurrió el 23 de abril del 2003. En ese momento, J.D.C. cursaba el primer año en la Escuela de Cadetes, de Alem 2050. Actualmente allí funciona el Instituto de Seguridad Pública. Todo se desencadenó la madrugada de ese día, cuando el aspirante se levantó para ir al baño y fue atacado por varios compañeros.

El relato que hizo en sede judicial fue estremecedor. Sostuvo que varias personas le pusieron una toalla o un trapo en la boca para que no gritara. Luego, según denunció, lo tiraron al suelo y, mientras lo sujetaban, le bajaron el slip y le introdujeron un envase plástico en la zona anal. En shock, acudió en ayuda al responsable del sector y le pidió asistencia médica por los “dolores insoportables” y la “pérdida de sangre”.

Sin embargo, según denunció, tuvo que esperar varias horas para ser revisado por el médico policial. “A la escuela de Cadetes vino una ambulancia de Ecco para atender una emergencia de otro cadete, pero a mí no me atendieron”, afirmó. Recién “tres horas después” fue trasladado al Sanatorio Laprida, donde quedó internado.

J.D.C. afirmó que los entonces responsables de la escuela —el director era el comisario Víctor Sarnaglia— “montaron un operativo” con la finalidad de ocultar el suceso y “sugirieron” que había sido “una autoagresión”. Sin embargo, el sumario interno determinó otro encuadre. El 14 de febrero del 2006, la entonces jefa de policía provincial, Leyla Perazzo, determinó que el cadete había sido víctima de un ataque cuando estaba en la institución policial. En la resolución, Perazzo valoró que las lesiones que sufrió J.D.C. habían sido consideradas por un médico de la Dirección de Medicina Legal de la policía como “’profesionales y de servicio”.

En el informe, una médica señaló que ingresó al sanatorio Laprida con golpes en el tórax y en la pelvis. El oficial también presentaba un traumatismo anal por “introducción de un cuerpo extraño”, con hemorragia, dolor y dilatación”.

Para definir la compensación por el daño moral, los jueces tuvieron en cuenta los informes de los peritos que establecieron que J.D.C. presenta “una incapacidad parcial permanente e irreversible del 20,05% por secuelas anatomofuncionales en la región anal”. También sostuvieron que la pericia psicológica concluyó que sufrió estados de angustia de los que se sobrepuso con ayuda profesional.

El oficial estuvo alejado durante un año de sus amigos por pudor. A su vez, en su trabajo, debió padecer “hostigamientos y el ocultamiento institucional que le dejaron huellas”.

Viernes, 14 de noviembre de 2008