Este decreto hace que las mutuales ya no esperen fin de mes para verificar la transferencia de sus acreencias, sino que deberán seguir el procedimiento normal: el trato directo con el deudor, la intimación a pagar y, en caso de ser necesario, la vía judicial.

Eliminaron los descuentos automáticos de las mutuales
Este decreto hace que las mutuales ya no esperen fin de mes para verificar la transferencia de sus acreencias, sino que deberán seguir el procedimiento normal: el trato directo con el deudor, la intimación a pagar y, en caso de ser necesario, la vía judicial.

El gobernador Arturo Colombi eliminó por decreto los códigos de descuentos que convertían al Estado provincial en agente de retención de las mutuales sindicales, por lo cual esas organizaciones dejarán de cobrar en forma automática los créditos concedidos a los empleados públicos de Corrientes.

El mandatario rubricó el decreto el viernes al considerar que “es necesario ponerle límites a un mecanismo que se había transformado en un negocio financiero, donde el asalariado era el eslabón más vulnerable porque veía afectados sus haberes con la anuencia del Estado, dado que la provincia actuaba como agente de retención”.

“Al suprimir los códigos de descuentos, Arturo Colombi dejó sin efecto una de las motivaciones más atractivas, para que las financieras sindicales salieran a ofrecer indiscriminadamente préstamos a los afiliados de distintos gremios estatales”, indica el comunicado oficial difundido por la Dirección de Información Publica (DIP).

“Ahora ya no cobrarán en forma automática como hacían mientras se les descontaba a los empleados parte de sus haberes directamente desde el Sisper”; esto es, antes de que el salario fuera depositado en la cuenta-sueldo de cada agente.

Desde los distintos gremios consideran que esta medida es arbitraria y la rechazaron de plano. Los sindicatos denunciaron, el pasado miércoles, que este mes no se realizaron los descuentos y que esta situación llevaría a que los empleados públicos sean plausibles de acciones judiciales.

Los gremios también denunciaron que se trataba de una manera de desfinanciar a las entidades representantes de los trabajadores. Además indicaron que esto no se aplicó en todos los casos y que hubo sindicatos a los cuales se le otorgaron los fondos.

El Gobierno provincial estudió durante tiempo el procedimiento e incluso detectaron casos de empleados estatales que cobraban porciones minúsculas de sus salarios, porque el resto era descontado en origen por el Sisper.

Según DIP, “lo que descubrió el Gobierno fue que el mecanismo de préstamo de dinero para el agente estatal correntino había comenzado como un servicio de espíritu gremial, pero con el correr del tiempo se convirtió en un ‘cepo’ para el bolsillo de muchos empleados que recurrieron a la toma de créditos en ese circuito informal, sin poder salir de un círculo vicioso donde la deuda aumentaba en vez de descender”.

“Si se quiere, estábamos admitiendo casos rayanos con la usura”, admitió una fuente gubernamental a DIP luego de que Colombi decidiera decretar el fin de los códigos de descuentos, variables aplicadas al momento de la liquidación salarial que aseguraban a las mutuales el cobro de capital e intereses en forma instantánea y sin que el deudor pudiera plantear objeciones.

La información oficial también aclara que “el decreto, que pone fin a largos años de una relación triangular entre las financieras de origen sindical, el empleado público y el Estado, no implica que las entidades que dieron créditos a los estatales correntinos no vayan a poder cobrarlos, sino que deberán recurrir a los mecanismos tradicionales para hacerlo”.

Detalles a tener en cuenta
Según la explicación oficial, este decreto hace que las mutuales ya no esperarán el día 31 de cada mes para verificar la transferencia de sus acreencias por parte del Banco de Corrientes, sino que deberán seguir el procedimiento utilizado en el mercado de capitales tradicional: el trato directo con el deudor sin el Estado como garante, la intimación a pagar y, en caso de ser necesario, el inicio de acciones en sede judicial. El parte oficial dice que “el empleado público que se hallaba sometido a estas obligaciones cobrará a partir de ahora su salario íntegro (sin descuentos) y podrá renegociar su deuda con la financiera en términos de mayor fortaleza, incluso con la posibilidad de modificar de común acuerdo los intereses y el plazo de pago”.

Lunes, 22 de diciembre de 2008