Corrientes (25-1-19): Luego de una monstruosa condonación de 1393 millones de pesos con el Presupuesto nacional de 2017, la Dirección Provincial de Energía (DPEC), le adeuda a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) la friolera de $ 3.584.538.119 millones, a lo que se les suma enormes pasivos con el IOSCOR y el IPS, por los aportes retenidos a sus trabajadores.
También fallos soporta fallos adversos de la justicia por Tarifaria mal cobradas a los usuarios, dinero que debe devolver según dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero que inexplicablemente fue congelado por una Resolución inferior de una Cámara Civil local. Todo apunta que la DPEC camina a una segura privatización, o en un rango menor, al gerenciamiento de su administración como ocurriera durante el gobierno de Arturo Colombi.

En los últimos tres años, la boleta de luz se incrementó en un 700% sin contar el aumento que sufrirá en el mes de febrero. Corrientes se encuentra entre las provincias con mayor costo del kilowatt residencial.

Las administraciones radicales en los últimos 17 años, convirtieron a la entidad energética en un barril sin fondo, quebrándola aunque no quieran admitirlo desde los despachos de Salta y 25 de Mayo.
El reciente informe viralizado sobre el pasivo de las distribuidoras provinciales de energía con CAMMESA, que ubica a las empresas energéticas de Chaco (Secheep), Misiones (EMSA) y la DPEC de Corrientes como las tres con mayor deuda, solo ratifica a que nivel de desquicio financiero llevaron los sucesivos gobiernos de Ricardo Colombi la empresa energética estatal.

Como dato explicativo, CAMMESA es la “Compañía
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico”, una empresa encargada de la coordinación de los despachos técnicos de energía, o venta de energía a las distribuidoras provinciales.

AQUELLA PUBLICACION

Un informe de 1588, pasó prácticamente desapercibido cuando se conoció 5 días de las elecciones del 8 de octubre de 2017. Allí se daba cuenta que la entidad energética hasta diciembre de 2016, tenía un rojo de más de 460 millones de pesos.

La decadencia de la empresa estatal más importante de la provincia se inició con la tristemente célebre intervención federal de Ramón Mestre y Oscar Aguad con su timba financiera asentada en los bonos CECACOR en el año 2000. Nunca más más pudo respirar económicamente.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación le ordenó en 2013 reintegrarles a los usuarios facturas mal cobradas en el tarifario 2008. No solo que nunca devolvió el dinero, sino que el propio Vaz Torres salió a los medios de prensa a aseverar que jamás lo harían.

Hasta su balance de 2016, tenía unos $461.739.831,81 de deudas sociales (aportes y contribuciones laborales) que debe al IPS y al IOSCOR. La acción continuó en el 2017, cuando la cifra trepó a los $810.048.017, 86. Todo corresponde a dinero que le cobraron a los usuarios como a las retenciones salariales de los trabajadores, y que por una u otra razón, no terminaron haciendo caja en la entidad de la peatonal Junín. Desvío de Fondos, mala gestión, o una posible fuga de capitales, integrarían la trilogía de interrogantes sobre la entidad intervenida y dirigida, primero por el cesanteado José Enrique Vaz Torres, y posteriormente por su coterráneo, Alfredo Aun.

Hoy por hoy, el costo de una factura de luz, implicaría el 25% del salario de bolsillo de un empleado público de la provincia.
A esta altura del campeonato, no hay dudas que el radicalismo, junto a Ricardo Colombi, fundió la DPEC.
Diario 1588

Viernes, 25 de enero de 2019