Corrientes (13-10-20): La familia de la ex intendenta de Perugorría pidió la intervención del Ministerio de Justicia de la Provincia y Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Denuncian las condiciones de prisión de Lesieux y encuadran su caso dentro del Lawfere. Con un informe pormenorizado, la familia de la ex intendenta de Perugorría, Angelina Lesieux, pidió la intervención del Ministerio de Justicia de la Provincia; y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En la documentación presentada, denunciaron las condiciones inhumanas en las que Lesieux cumple prisión y encuadraron su caso dentro del Lawfare.

El informe, que cuenta con el patrocinio de la abogada y ex diputada provincial, Sonia López, también fue girado al subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Manuel Cuevas; y al al Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

El mismo se presentó “ante el notorio agravamiento ilegítimo en la forma y condiciones de detención que ha producido una consecuencia preocupante en la salud física y psíquica de Lesieux”. “Los responsables inmediatos de este agravamiento ilegitimo en la forma y condiciones de detención son los miembros del Tribunal Oral Penal de Mercedes y las propias autoridades policiales que ejercen su custodia en la Comisaría Primera de Mercedes”, añadieron.

"Hay un notorio agravamiento ilegítimo en la forma y condiciones de detención que ha producido una consecuencia preocupante en la salud física y psíquica de Lesieux”

La ex jefe comunal fue internada de urgencia el jueves pasado luego de una semana en la que padeció hemorragias internas y anemia. Dos días después fue dada de alta y volvió a su lugar de detención. No obstante, la familia no fue informada de su estado de salud ni se le permitió comunicación alguna durante las últimas dos semanas.

En el informe se detalló que el 1 de Octubre efectivos policiales “procedieron a una requisa violenta contra Lesieux, comandada por la oficial Aranda, con la falsa excusa de que ella tenía escondido un celular”.

“A los gritos, con insultos, improperios y amenazas de todo tipo tiraron todas sus cosas, su ropa y objetos de higiene en el piso y la obligaron a desnudarse frente a todos los presentes, incluyendo personal masculino, profiriendo comentarios degradantes, provocando terror y un estado de shock en nuestra madre y hermana”, relataron.

Además, remarcaron que “en el medio de este brote de Covid-19 en Mercedes, Lesieux corre peligro, ya que es persona de riesgo por su anemia constante casi no tiene defensas contra ninguna infección”. “La vida, la integridad física y psicológica de Lesieux, es responsabilidad del Estado de la Provincia, no solo del TOP de Mercedes”, remarcaron.

Esta suma de situaciones solo se explica por la principal causa que es “la persecución política con la ex intendenta de Perugorría”, afirmaron en el informe. En el escrito consideraron que este caso “es un ejemplo del llamado lawfare, que significa guerra judicial”.

Este mecanismo “convirtió al Poder judicial, en coordinación con Medios Monopólicos de Comunicación, en un partido político al servicio de los sectores concentrados de la economía a quienes les interesa eludir la voluntad popular reflejada en el voto ”, señalaron.

En la Provincia de Corrientes “se desarrolló desde hace años una prolija agenda de lawfare a la correntina contra dirigentes de la oposición”.

En la Provincia de Corrientes “se desarrolló desde hace años una prolija agenda de lawfare a la correntina contra dirigentes de la oposición”, agregaron. “Se cuentan por docenas los expedientes penales investigativos de dirigentes del Partido Justicialistas y sus aliados, que ejercían o ejercen mandatos por el cual fueron votados al frente de Municipios de Corrientes”, puntualizaron.

“Cada elección tiene sus propios candidatos proscriptos por resolución judicial o por decisión personal ante el temor de que la campaña electoral tenga como eje los expedientes judiciales abiertos que permiten los linchamientos mediáticos”, puntualizaron.

Según se denunció “el ejercicio del lawfare en Corrientes es sistema”. “Desde la Intervención Federal última, cuando se pasaron todos los jueces a Comisión disciplinando este poder y adecuándolo a un nuevo tiempo: el tiempo político de la Justicia”, aseguraron.

“El esquema no es solo golpear y eliminar al ‘acusado´, sino también aleccionar a todos los demás de que ello pudiera pasarles también”. En ese sentido, destacaron que “las condenas que están saliendo conllevan el aberrante accesorio de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos”.

Por el contrario, solo existen “algunos pocos expedientes iniciados contra dirigentes y/o mandatarios de ECO-Cambiemos nunca llegan a Juicio Oral y son cajoneados”. Como ejemplo, se citó el caso de Manuel Sussini, ex legislador oficialista y reciente asesor del gobernador.

Por el contrario, solo existen “algunos pocos expedientes iniciados contra dirigentes y/o mandatarios de ECO-Cambiemos nunca llegan a Juicio Oral y son cajoneados”.

“Sussini está acusado de Violación (Abuso Sexual agravado por el vínculo) de dos jóvenes hermanas, una menor de edad, provenientes del interior a quienes trajo con promesas incumplidas de trabajo, y privación ilegítima de la libertad con coacción, todo ello probado con cámara gesell incluida”, contaron.

En este caso, el acusado “en ningún momento fue detenido, ni cinco minutos para abstenerse de declarar”. “Se dice que está enfermo y que por ello le dieron domiciliaria”, relataron. “Sussini es un hombre que este Sistema Judicial se siente obligado a proteger, ya que cualquier hombre acusado de la mitad de esos delitos, con todas las pruebas que hay en ese expediente, estaría inmediatamente preso”, sostuvieron.

“Es lawfare implacable para algunos e impunidad para otros, dependiendo de qué ficha de afiliación partidaria firmaron o que alianza suscribieron”, completaron.

Martes, 13 de octubre de 2020