Anoche logró consenso en el Senado para que hoy se firme el dictamen de comisión y el proyecto se debata mañana en el recinto. No se le cambió nada al texto que se había votado en Diputados. En el Gobierno prevén conflicto con Marsans.

El Senado tiene todo dispuesto para aprobar mañana el proyecto de estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, en los mismos términos en que 11 días atrás la Cámara de Diputados le dio media sanción. Anoche, las comisiones de Transporte y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta acordaron el dictamen de mayoría --que hoy será formalizado-- que ratifica lo votado por los diputados para el "rescate" y "compra" de ambas empresas.

Así, mañana se aprobaría la ley de reestatización en los términos que impuso el Congreso, muy distintos a los que había enviado en su proyecto original el Poder Ejecutivo. A diferencia de lo que había sucedido con el proyecto que confirmaba las retenciones al campo, esta vez los diputados cambiaron un aspecto clave del proyecto, como es la forma en que el Estado pagará al grupo español Marsans por Aerolíneas y Austral. El gobierno de Cristina Kirchner aceptó esos cambios: sus funcionarios debaten en estas horas si el escenario de confrontación con Marsans --algo que consideran "inevitable"-- tendrá que ser resuelto a través de una posterior ley de expropiación.

La principal diferencia es que la nueva ley desconoce la existencia del Acta Acuerdo que el 17 de julio habían firmado el Ejecutivo con el grupo español Marsans, dueño hasta el momento de las acciones de las dos empresas. La clave de ese Acta Acuerdo es el mecanismo de valuación de Aerolíneas y Austral, así como la obligación de someterse a un árbitro si las dos partes no llegaran a ponerse de acuerdo sobre cuál es el precio.

El proyecto que el Senado podría aprobar mañana, en cambio, establece que sólo el Tribunal de Tasaciones será el encargado de valuar a Aerolíneas y Austral. E ignora olímpicamente la fórmula de valuación que se había establecido en el Acta Acuerdo, con el sistema de "descuento de flujos de fondos a futuro".

Hasta el momento, ese Acta Acuerdo es el que regula la intervención del Estado en Aerolíneas, que comenzó con una serie de asistencias financieras desde el 8 de julio y quedó formalizada a partir del 17 de ese mes. El ministro de Planificación, Julio De Vido, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el ex intendente de La Plata Julio Alak (nuevo gerente general), son desde entonces las personas que mandan dentro de Aerolínas y Austral. Pero en cuanto la ley sea promulgada, su efecto legal anulará lo establecido en el Acta Acuerdo.

Los protagonistas, tanto desde el Estado como desde Marsans, dan por descontado que la valuación que harán las dos partes serán muy disímiles y por lo tanto se abrirá un nuevo capítulo en el prolongado conflicto entre la administración kirchnerista y el grupo español. Los representantes de Marsans aseguraron ayer en el Senado que si no llegan a un acuerdo por el precio de Aerolíneas y Austral están dispuestos a querellar a la Argentina ante el CIADI (ver página 5).

La situación de Aerolíneas es compleja hasta para especialistas en derecho constitucional, quienes no se ponen de acuerdo sobre la viabilidad de expropiar o no la empresa. La empresa nunca salió de su concurso preventivo desde julio de 2001 y acumula un pasivo post-concursal de 890 millones de dólares, si bien tanto Marsans como la Secretaría de Transporte coinciden en que la deuda "exigible" de ese pasivo es de US$ 240 millones. "Hay muchos elementos a tener en cuenta a la hora de decidir si habrá expropiación o no. Es un tema complejo desde lo político, pero también en lo técnico y lo jurídico", dijo a Clarín uno de los principales referentes en derecho constitucional. "Además, está de por medio la posibilidad de otro juicio ante el CIADI, que habría que evitar.SDRq

La reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral está generando casi tanta polémica como la que provocó en su momento la privatización. En ambos casos se llegó al punto cúlmine del proceso con la compañía sometida al cuestionamiento social por un servicio que sufrió deterioros que no se pueden atribuir solamente a cuestiones técnicas o económicas. En todo caso, esos factores tuvieron como trasfondo una serie de manejos políticos y empresariales que resultaron poco transparentes para el gran público.

Ahora, el horizonte también presenta turbulencias: los españoles advierten que irán a juicio en los tribunales internacionales si el precio que se les paga no los conforma.

Así las cosas, el panorama presentaría la complejidad extra de una expropiación, que incluirá la cuestionada deuda de US$ 890 millones además de una demanda que también sumará mucho a la cuenta.

Martes, 2 de septiembre de 2008