Bs. As. (4-2-14): La lista incluye los insumos más demandados por los beneficiarios del Pro.Cre.Ar pero estará abierta a toda la comunidad. Además, Comercio Interior negocia estabilidad en los valores de los proveedores mayoristas.

El gobierno anunció ayer un compromiso con corralones y comercios de la construcción de todo el país para mantener los precios de referencia sobre productos como cemento, arena, ladrillos, azulejos, madera, eléctricos, pintura, yeso y aberturas, entre otros. El titular de la ANSES, Diego Bossio, expresó que el consenso fue concebido para controlar las “especulaciones que ponen en riesgo” el normal desarrollo del programa de vivienda Pro.Cre.Ar. El consenso, no obstante, será abierto al público en general.

El acuerdo se dará en dos tramos; el primero contemplará 16 precios acordados, mientras que el segundo sumará otros 15, conformando una lista total de 31. Los productos, tipos, cantidades y precios serán comunicados oficialmente el viernes, por lo que Bossio se excusó de brindar los detalles. No obstante, el titular de la ANSES adelantó que se trata de los productos que mayormente demandaron los beneficiarios del Pro.Cre.Ar, de acuerdo a datos del Banco Hipotecario.

Pero además de lo concerniente a la venta minorista, funcionarios nacionales y municipales consignaron a Tiempo Argentino que el gobierno “está avanzando” en negociaciones con las empresas del segmento mayorista, varias de ellas en situación oligopólica en sus respectivos mercados, como las cementeras y las fabricantes de insumos siderúrgicos.

El gobierno firmó la canasta de precios luego de fiscalizar corralones y cadenas de distribución, eslabones en los que encontró “muchas distorsiones sin ninguna racionalidad” en la formación de precios, indicó Bossio. Según dijo, el caso más “exacerbado” se registró en Santa Cruz, en la cadena de comercios Hipertehuelche, propiedad del diputado radical Eduardo Costa (ver recuadro). Pero apuntó entre las cadenas que monopolizan el comercio a Easy, propiedad del grupo empresario Cencosud, y Sodimac, perteneciente al grupo Falabella: “no colaboraron en la firma del acuerdo para dar racionalidad, criterio y racionalidad a los precios”. En ese sentido, el hombre de la ANSES llamó a seguir reforzando la competencia y a fortalecer a los corralones frente a la acción de las cadenas denunciadas.

La iniciativa se inscribe dentro del objetivo del plan para 2014 de construir 100 mil viviendas, expresó Bossio. “Es importante que las familias denuncien y exijan la competencia para que se cuiden los precios”, agregó el funcionario, que abogó por la participación de las provincias y municipios en las tareas de control. El viernes en la web de la ANSES además de los productos y precios estará publicada la lista de corralones. Estos a su vez estarán identificados con un calco y la lista de precios.

“Este año se van a hacer 67 mil viviendas individuales”, informó Bossio. Eso significa alrededor de 22 mil millones de pesos, agregó el funcionario, que se volcarán a la compra de materiales. “Pretendemos que los corralones vean en esto una verdadera oportunidad para crecer”, abogó el funcionario, quien planteó también el objetivo “de superar este año los 200 mil créditos”.

A la instancia del consenso con comercios minoristas lo sucederá una iniciativa similar con las grandes fábricas de insumos, según contaron a Tiempo Argentino varios dirigentes presentes en el anuncio. Entre ellos, el propio Bossio, confirmó las negociaciones con esas empresas, en cuyos precios el gobierno “también registró distorsiones”, pero se limitó a decir que esa mesa de tratamiento “está en manos de Comercio Interior”.

El intendente del municipio bonaerense de Quilmes, Francisco “Barba” Gutiérrez, también confirmó que hay encuentros con los grandes proveedores. En ese sentido, señaló que “ese es el sector al que hay que abordar” porque “no tienen por qué trasladar a precio una devaluación ajena a lo interno”.

Darío Díaz Pérez, jefe comunal de Lanús, alertó que el rol de las grandes cementeras “es fundamental, por lo que ya se está hablando con ellas a nivel de los ministerios con buenas perspectivas de acuerdo”. A propósito, Díaz Pérez amplió que “si esas empresas modifican sus valores en función a la supuesta devaluación incurren en una cosa ilógica. En ninguno de sus productos el impacto del dólar fue de magnitud”, finalizó.

En rigor, la reunión con los directivos de esas empresas tuvo lugar el 28 de enero en Comercio Interior. Hoy el equipo de Augusto Costa negocia aspectos técnicos con la mira puesta en una estabilidad que no altere la armonía que se busca imprimir a la canasta de materiales. Una fuente consultada en Hacienda aseguró que el acuerdo “está casi definido” y que el viernes se comunicarán detalles junto a la publicación de la nómina de productos.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, defendió la constitución del acuerdo con los corralones “para defender a las familias del Pro.Cre.Ar”. En esa línea, el coordinador ministerial también atacó a las cadenas de comercios que no ingresaron al acuerdo: “tienen avaricia y cinismo”, consideró el funcionario, que también les atribuyó voluntad de privilegiar el precio a costa “de que se joda el otro”.

Junto a Bossio y Capitanich presidieron la ceremonia el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el secretario de Comercio Interior, Augusto Costa; y Martín Reibel, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). También asistieron los gobernadores de Buenos Aires, Daniel Scioli; de Salta, Juan Manuel Urtubey; y de La Rioja, Luis Beder Herrera, además del titular del gremio de la UOCRA, Gerardo Martínez. «

Un diputado radical, en la mira

Al enumerar los jugadores que se negaron a garantizar la lista de precios, Diego Bossio apuntó contra el diputado radical Eduardo Costa, propietario de la cadena patagónica Hipertehuelche. Según el titular de la ANSES, que brindó datos concretos de las fiscalizaciones que realizó el Estado en los distintos puntos de venta al público, en Santa Cruz la cadena perteneciente a Costa llegó a vender la bolsa de cemento a $ 97,49 cuando en otros comercios de la provincia el mismo producto se cobraba 49 pesos.

A partir del caso del legislador radical, Bossio lamentó que “a veces el esfuerzo público privado resulta truncado por la especulación”.

El titular de ANSES, apuntó que Costa “tiene la concentración de los corralones e híper en materia de construcción” en Santa Cruz, en los que ejerce una política de precios viciada de “irracionalidad y especulación”. El funcionario finalizó con que “los empresarios pueden buscar beneficio propio pero preocupa que frustren el sueño de muchas familias”.

Habrá controladores fiscales nacionales

El gobierno y empresarios nacionales de la industria electrónica empezaron a negociar las condiciones para que se fabriquen en el país equipos controladores fiscales con tecnología local. Según confiaron a Tiempo Argentino fuentes oficiales, el pedido a la industria surgió de una reunión que la titular de Industria, Débora Giorgi, y el secretario de Comercio, Augusto Costa, mantuvieron la semana pasada con referentes del empresariado nacional.

Los controladores fiscales son aparatos clave para el cumplimiento y monitoreo del acuerdo de precios: se trata de equipos que se instalan en las cajas registradoras de los comercios y supermercados y que, por lo avanzado de su software, transmiten online y en tiempo real datos de cada ticket de compra a la AFIP y a la Secretaría de Comercio. Con esos datos, el gobierno puede ver cuánto se paga por un mismo producto en distintos comercios, de diferentes zonas del país. Además, por supuesto, de considerar niveles de evasión y no otorgamiento de facturas y comprobantes de compra.

Si bien las fábricas se encuentran trabajando en un memo con detalles de la inciaitiva, fuentes gubernamentales adelantaron a este diario que la idea es fabricar en un plazo de 120 días más de 100 mil aparatos de este tipo. Y se especula además con cuál sería el valor de cada aparato. El gobierno analiza valores que van entre los U$S 100 y los U$S 130 por unidad.

Cabe destacar que, en su momento, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, se refirió a la instalación de estos equipos como uno de los ejes del acuerdo de precios que el gobierno encaró con distintos sectores de la economía.
Actualmente, hay casi 50 empresas netamente de capital nacional que estarían en condiciones de fabricar en el país los aparatos de última tecnología, de la misma manera que los programas que permiten el monitoreo de los precios. Hoy, los tickets que proveen las cajas registradoras en supermercados y locales del país sólo registran el monto de compra total en pesos, pero no discriminan de qué producto se trata en la información que llega a la AFIP. Por esta razón, es necesario que el fisco trabaje durante horas buscando el detalle, una falencia que se resolvería con los nuevos controladores.



Martes, 4 de febrero de 2014