Corrientes (2-11-16): La denuncia por el pago de un pavi­mento de 80 kilómetros sobre la Ruta provincial 40 en el principal acceso a los esteros del Iberá, iniciada el pasado 18 de abril, fue enviada al magistrado Julián Daniel Ercolini. Se debe a que el juez Federal Nº 2 de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, se declaró incompe­tente en el expediente que tiene como imputados al gobernador, Ricardo Co­lombi; Justo Espíndola, director de Via­lidad Provincial; vocal, Mario Marín; Luis Dubrez, titular del área Obras por Contrato y los inspectores de Obras: Broll y Miguel. Esta obra en la que en un principio con bombos y platillos tanto el gobierno nacional como el provincial como un ejemplo de la corrupción de Lazaro Baez y el anterior gobierno, pero a poco de profundizar sobre el tema se pudo saber que fue la propia Vialidad Provincial de Ricardo Colombi quien autorizó aumentos de costos y certificó obras que ni siquiera habían comenzado, además curiosamente los expedientes sobre las certificaciones desaparecieron de las oficinas de Vialidad. También causó curiosidad el hecho de que el tema desapareciera de la mayoría de los medios provinciales, una evidente y clara actitud de esconder la realidadque compromete al gobernador Colombi y muestra la corrupción enquistada en el gobierno provincial, además de mostrar los lazo íntimos entre Lazaro Báez y Ricardo Colombi. Nuevamente cuando se busca investigar la supuesta corrupción K se encuentran pruebas que involucran al entorno del presidente Macri y en este caso al mismísismo gobernador correntino.


El expediente en su parte instructo­ria debió investigar por qué la empresa Adelmo Biancalani cobró certificados de obra pero nunca siquiera inició los trabajos. Se calcula que por los trabajos no hechos, se abonaron $100 millo­nes que si bien los pagaba el Gobierno nacional era Vialidad provincial el or­ganismo que autorizaba las certifica­ciones de obras. Biancalani era uno de las firmas de Lázaro Báez, empresario kirchnerista detenido hace meses, acu­sado de lavar dinero, a través de la obra pública. El último trámite en la parte instructoria de la causa, fue una ins­pección ocular sobre los 80 kilómetros donde tuvo que hacerse el trabajo la realizó el juez Vallejos.

Miércoles, 2 de noviembre de 2016