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Política

El poder de los servicios

Bs. As. (16-2-17): Antes de las escuchas realizadas con la excusa de Pérez Corradi, los servicios grabaron otros cuatro meses a Parrilli y CFK. La Justicia no encontró ningún delito y las mandó destruir, pero los servicios las filtraron a medios amigos para que los fiscales que les responden inventen nuevas causas.
Por Irina Hauser y Raúl Kollmann



La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) bajo la conducción de Gustavo Arribas, (amigo e inquilino de Mauricio Macri) puso en marcha en abril del año pasado un artilugio llamado “pre-causa” para investigar si su antecesor, Oscar Parrilli, se había llevado información del organismo. La jueza María Servini de Cubría autorizó la escucha de los teléfonos del ex funcionario, que antes fue secretario de la presidencia y mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner. Después de cuatro meses, archivó el caso porque no encontró pruebas de nada y ordenó destruir todo el material de inteligencia, audios y transcripciones. Sin embargo, las conversaciones de Parrilli llegaron intactas a los medios afines al Gobierno. Incumplir esa destrucción es un delito grave. Pese a todo, esta semana el fiscal Ramiro González decidió impulsar una causa contra Parrilli sobre la base de esas escuchas que para la jueza no tenían relevancia y debían haber quedado desintegradas.

Lo que está a la vista es que el Poder Ejecutivo, a través de la AFI, con apoyo de la Dirección de Captación de Comunicaciones de la Corte Suprema, que es la que ejecutó las escuchas, espió a Parrilli y a la ex Presidenta durante buena parte de 2016. Los hechos demuestran otra vez la avanzada de los servicios de inteligencia, la utilización política de las escuchas –que el Gobierno sacó de la órbita de la Procuración General y le dio a la Corte– y la manipulación en las causas judiciales en Comodoro Py. Otra vez, es la utilización político-judicial-mediática del material que provee el aparato de inteligencia, en este caso valiéndose de una herramienta tan controvertida como la “pre-causa”, que equivale a ponerse a escuchar por si algo delictivo aparece.

El espionaje de 2016 se continuó luego de junio a septiembre en otra causa (que sí era una causa propiamente dicha) por orden del juez Ariel Lijo, en un expediente causa contra Parrilli porque supuestamente protegió y no persiguió al narco Ibar Pérez Corradi. Uno de los datos más asombrosos de este tramo del escándalo es que la escucha fue on-line, es decir que no fue grabada sino que había agentes de la AFI, en un box, escuchando en directo lo que decían Parrilli y Cristina Kirchner. El método de escucha directa se utiliza en casos graves como los secuestros, en los que hay que actuar de inmediato. En el expediente instruido por Lijo no había ninguna urgencia, porque Pérez Corradi ya estaba detenido. Nuevamente, las escuchas fueron difundidas y no tenían nada que ver con el narco que había estado prófugo. Y esta vez motivaron el impulso de una causa por el fiscal Guillermo Marijuán.

La manipulación parece repetirse: los dirigentes políticos –en especial los vinculados al gobierno kirchnerista– son escuchados por el Poder Ejecutivo con cualquier excusa sobre la base de causas artificiales, luego se difunden ilegalmente a través de los grandes medios y, al final, aparecen los fiscales de Comodoro Py formulando acusaciones sobre escuchas que constituyeron una maniobra. Ni a Marijuán ni a González les importó el origen de las escuchas: el primero reparó en que en una conversación entre CFK y Parrilli, ella le pide que rastree las causas “que le armamos” a (Antonio) Stiuso y luego se corrige, las causas que denunciamos, dice, contra el ex jefe de operaciones de la SIDE. González toma una conversación entre Parrilli y su número dos, Juan Martín Mena, de la causa de Servini donde el primero dice que le parece que el juez Sebastián Casenllo “es presionable”, “es flojito”.

Pesca
La ex-SIDE utilizó un instrumento pseudo-legal para poner en marcha el primer espionaje. Las pre-causas le permiten a la AFI lo que se denomina “salir de pesca”, investigar para ver si aparece, si pescan, algún delito. Lo que corresponde es lo contrario: fundamentar la posible existencia de un delito a partir de alguna evidencia y generar una investigación.

Según pudo averiguar este diario, la AFI –o sea el gobierno de Mauricio Macri– armó una precausa con el argumento de que Parrilli se podría haber llevado información de inteligencia de La Casa, como le dicen a la ex SIDE.

Las precausas están al borde de la ilegalidad, incluso de la inconstitucionalidad. Son un instrumento utilizado para casos gravísimos y de urgencia: defensa de la seguridad nacional, terrorismo, mega-movimientos de drogas que suponen un riesgo para el país. Se pueden prolongar por 60 días con una extensión de 60 días más. Al finalizar este período se debe tomar una decisión: o se abre una causa o se destruye todo el material.

La omisión de destrucción de los elementos de una precausa es una violación de la ley de inteligencia y tiene pena de cárcel. Y deben destruirse todos los materiales, incluyendo las escuchas, la transcripción de las escuchas y todos los informes del expediente. Es que no se trata de pruebas judiciales sino de material de inteligencia. La destrucción abarca incluso la grabación en el server central de la AFI, la llamada sala-cofre, en el edificio de Avenida de los Incas.

Jueza
Servini de Cubría autorizó las escuchas del teléfono de Parrilli y la metodología de las precausas hace pensar que el celular del colaborador de CFK estuvo intervenido unos cuatro meses. Al final del proceso, la magistrada ordenó que se clausure la precausa y se destruya el material, porque no se encontró delito alguno cometido por Parrilli o su segundo, Juan Martín Mena.

Según la estimación de Parrilli, su diálogo con Mena y también con el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray sobre una causa que tenía en el juzgado de Casanello se produjo en abril, lo que hace pensar que el espionaje se hizo en los cuatro primeros meses de 2016.

La semana pasada, se dio a conocer el contenido de la escucha. Lo hizo TN, el canal de Clarín. En la imagen televisiva pudo verse a los conductores de TN, Nicolás Wiñazki y Luciana Geuna, exhibir el texto, original o copia, de la transcripción de la escucha, lo que indica que se violó la obligatoriedad de destrucción del material recolectado por la AFI en su excursión de pesca.

Durante la gestión de Parrilli-Mena al frente del organismo de inteligencia no se iniciaron pre-causas, pero además fue famoso el cierre de un expediente de esa naturaleza y la denuncia contra Stiuso, que había abierto una una pre-causa por supuesto espionaje inglés contra los integrantes de una empresa, Dark Star Security. Así se escucharon los teléfonos del agregado comercial británico, pero también de dirigentes políticos, periodistas y sindicalistas. El espionaje abarcó nada menos que 700 teléfonos. La maniobra fue denunciada por el fiscal Federico Delgado y Parrilli-Mena acusaron a Stiuso por el delito de espionaje ilegal.

Delgado es el fiscal que ahora también tiene que decidir si impulsa o no una causa por todas las filtraciones de escuchas del último mes. El expediente surgió por la denuncia que hizo el juez Lijo, para atajarse, porque algunas de las conversaciones filtradas estaban en su juzgado, en el caso Pérez Corradi. Pero también se presentó Parrilli y advirtió que los diálogos ventilados que tuvo con Mena eran de meses previos, y resultaron ser los de la causa de Servini. Delgado conoce la mecánica.

Diálogo
Más allá de que el diálogo entre Parrilli, Ricardo Echegaray y Mena no exhibe ninguna presión a la justicia y sugiere que ninguno de los tres tenía llegada al juez Casanello, lo cierto es que es material que no podría servir para ninguna causa judicial, porque debió ser destruido.

Por lo que se ve hasta ahora, en Comodoro Py nada importa. Tomaron la presentación de un denunciador serial, Santiago Dupuy de Lome, un autodenominado militante del PRO, que entre muchas otras cosas denunció falsamente que Axel Kicillof cobraba un sueldo de 400.000 pesos en YPF. Dupuy de Lome es el mismo que acusó por traición a la patria a CFK y a Héctor Timerman.

Y, tras cartón, el fiscal González impulsó la acción sin más.

Espionaje
Es notable que los cuatro meses de escuchas a Parrilli por impulso de la AFI con anuencia de Servini enganchan casi de inmediato con la otra intervención telefónica realizada de junio a septiembre, por orden de Lijo, aunque los últimos 60 días fueron a pedido de la AFI.

Las características de esa segunda oleada de intervenciones llaman la atención:

Se hicieron on-line, desde una cabina del edificio de Avenida De los Incas 3834.
Quien escuchaba en el momento era personal de la AFI.
No había ninguna razón ni urgencia para que la escucha fuera directa. El prófugo Pérez Corradi había sido detenido a mediados de junio y la escucha siguió hasta septiembre.
Se investigaba si Parrilli no persiguió como correspondía a Pérez Corradi. Parrilli había dejado de ser funcionario siete meses antes.
Además de la escucha on-line, las conversaciones se grabaron. Los CDs se los llevó personal de la AFI.
El juez Lijo le dio a la AFI la tarea de desgrabar los CDs. Significa que la justicia delegó en el aparato de inteligencia todo el poder: escuchar, grabar, desgrabar.
Las escuchas se difundieron a través de los medios, algo que viola la intimidad de las personas. En este caso es espionaje político porque tenía que ver con la actividad de la ex presidenta. Escucharon minuto a minuto lo que hacía CFK ya que Parrilli era su colaborador más directo.
Las escuchas difundidas en los medios no tienen nada que ver con Pérez Corradi, lo que muestra la ilegalidad del espionaje y el carácter político.
Otra prueba de que las escuchas fueron una maniobra es que Lijo no usó ni un sólo párrafo de esas escuchas en el procesamiento de Parrilli por el caso Pérez Corradi. El magistrado sólo utilizó dos entrevistas radiales del ex funcionario, algo que podría haber conseguido pidiendo el audio a las emisoras.
Por supuesto que, rapidito, apareció un fiscal, Marijuán, listo para formular denuncia. Esta vez sobre una interpretación delirante de la escucha y filtración ilegal. Cuando Cristina dijo, después de leer una entrevista que le hicieron a Stiuso en La Nación, la frase “hay que matarlo”, Marijuán sugirió que podría ser una amenaza de muerte, cuando es notorio que en el argot “matarlo” significa responderle con una catarata de argumentos. O que la frase “las denuncias que le armamos, no, que le hicimos”, significaba que se crearon expedientes ficticios, cuando la realidad fue que se presentaron las denuncias en la justicia.

No fui
Resulta llamativo que la aparición de tantas maniobras de espionaje dispararan un cruce de acusaciones. Es un proceso todavía inconcluso, porque habrá que ver quién se hace cargo de la aparición de escuchas que debieron destruirse.

En el caso del diálogo entre CFK y Parrilli, la Corte Suprema dijo que no fue responsable de la filtración, Lijo también sugirió que todo salió de la AFI y la AFI emitió un comunicado “desmintiendo terminantemente cualquier vínculo con la filtración de los audios de escuchas telefónicas”.

Que las afirmaciones de todos estos protagonistas son parte de una comedia lo prueba el DNU del Gobierno que extendió por tres años más (cuatro en total) que las escuchas sigan en manos de la Corte y de los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra. Es más, se supone según la Corte que ambos fueron designados por sorteo, pero ante los insistentes pedidos del diputado Rodolfo Tailadhe, el acta de ese procedimiento no se la muestran.

Aquí no ha pasado nada. O, mejor dicho, el Gobierno mandó el mensaje de que está muy conforme.

Gran Hermano
La trama de escuchas muestra la existencia de una especie de Gran Hermano político que vigila a los líderes de la oposición. Se arman causas e incluso precausas, se ordenan escuchas que no tienen nada que ver con lo que supuestamente se investiga y todo se realiza en el marco de una componenda entre el Gobierno, los servicios de inteligencia, jueces, fiscales y medios de comunicación. Filtran las escuchas de conversaciones privadas con el objetivo de desprestigiar o sembrar divisiones al interior de la oposición. Y más grave aún es se utilizan escuchas ilegales o que debían estar destruidas para abrir nuevas causas y seguir persiguiendo a los opositores.


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