Corrientes (27-2-17): La Cámara Federal de Apelaciones resolvió apar­tar de todas las causas por narcotráfico al titular de la Secretaría Penal Nº 2 del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes, Pablo Molina, y trasladarlo a la Secreta­ría de Derechos Humanos mientras se lleva adelante una investigación por po­sibles irregularidades en el manejo de los expedientes que tenía a su cargo, relacionados con excarcelaciones sospechosas a Hernán Aquino -hermano del viceintendente de Itatí- detenido actualmente por el escándalo de narcotráfico en dicha ciiudad. Se investiga la posible connivencia entre el narcotráfico y la justicia, en este marco también está sospechado el Juez Soto Dávila..


Los magistrados Ramón González, Mirta Sotelo y Selva Spessot resolvieron aplicar el reglamento de investigaciones internas y mandaron a un secretario judicial de Paso de los Li­bres a realizar una inspec­ción de las actividades de­sarrolladas por Molina.

El informe fue que “exis­ten datos que permiten sugerir la conveniencia de reubicarlo en otra depen­dencia hasta tanto recaiga el pronunciamiento con ca­rácter firme y definitivo en el marco de la causa penal”.

Basada en esto, la Cá­mara de Apelaciones dis­puso trasladar a Molina a la Secretaría de Derechos Humanos y poner al titular de esta dependencia, Javier Otazo, en la Secretaría Pe­nal.

El cambio se debe a que se investigan las excarcela­ciones que beneficiaron a Hernán Aquino -hermano del viceintendente de Itatí, Fabio Aquino-, que está in­volucrado en tres casos por tráfico de estupefacientes en los que intervino el mis­mo funcionario judicial.

La determinación fue después que la Fiscalía Fe­deral General de Corrien­tes hizo notar que Aquino había sido detenido ante­riormente con cargamen­tos de marihuana y que era investigado por este delito. Denunció que en dos opor­tunidades había sido excar­celado con falta de méritos.

La primera vez fue por un hecho ocurrido el 18 de mayo de 2015, cerca del mediodía, en inmediacio­nes de la avenida Indepen­dencia y calle Thames de la ciudad de Corrientes. Ese día el joven conducía un vehículo Volkswagen Bora, donde la Policía encontró un ladrillo de marihuana. Luego de haber declarado, fue puesto en libertad.

El otro caso fue el 15 de noviembre de ese año des­pués de protagonizar un accidente con un automó­vil cargado con marihuana. Ocurrió aproximadamente a las 20.30, a la altura del kilómetro 1.077 de la Ruta Nacional 12 cuando el ro­dado Honda Fit en el que circulaba con rumbo hacia el Sur, se despistó. En el interior había 404 bloques de Cannabis. Dos semanas después estuvo libre.

En una resolución emiti­da el 21 de febrero de 2016, los jueces de la Cámara consideraron que la última liberación es sospechosa porque “habiéndose dicta­do en fecha 17 de febrero de 2016 el procesamiento de Aquino, donde el instructor reconocería que el nombra­do tendría conexiones con alguna organización crimi­nal, catorce días después se le conceda la externación”.

También hicieron notar que tampoco se cumplie­ron los protocolos obligatorios para fijar el domi­cilio del sospechoso. “La pieza (la investigación de su lugar de residencia) no constituiría un informe socioambiental a pesar de consignarse en el acta que los miembros fueron atendidos por la madre de Aquino, ésta no firmó (el informe) y tampoco existe sondeo vecinal”.

Pero las sospechas hacia el funcionario judicial abo­nan la teoría de una conni­vencia entre funcionarios políticos y judiciales para la liberación de imputados por narcotráfico, hipótesis que fue fortalecida después que la Procuración de la Narcocriminalidad pidió el análisis de 4.000 grabacio­nes de conversaciones tele­fónicas.

Las intervenciones tele­fónicas fueron realizadas en el contexto de averigua­ciones respecto a tres ban­das de narcotraficantes que operan en la zona de Itatí y que distribuyen marihuana a siete provincias.

En una de estas escuchas, un hombre, quien sería el presidente del Concejo Deliberante ita­teño, dialoga con un abogado en relación a la excarcelación de Hernán Aquino.

En esta charla re­velaría que un fun­cionario del Juzgado Fede­ral Nº 1 habría enviado a un tercero a “negociar” con el abogado defensor la liberación de Aquino, detenido con un cargamento de Can­nabis.

El emisario se habría reunido con el letrado en un café del microcentro correntino, y pudieron haber acordado allí la entrega de una suma de dinero al em­pleado judicial. “Entre el mañana y pasado va a estar afuera”, fue la promesa.

En menos de tres días el sospechoso recuperó la li­bertad.

TERCERA DETENCIÓN

La disposición de la Cá­mara fue después que Her­nán Aquino fue detenido por tercera vez con un car­gamento de marihuana.

Fue el 14 de febrero pa­sado, en la Ruta Provincial 118 cerca de Loreto, y en el mismo procedimiento fue detenida Vanesa Sosa -hermana de una concejal de Itatí-, su esposo y otro hombre. En la oportunidad se incautaron 521 kilogra­mos de marihuana.

El abogado que represen­ta a Sosa y a su pareja es Jor­ge Barboza, quien afirmó que “en el expediente no hay elementos concretos ni pruebas que indiquen de forma fehaciente por qué están detenidos”. s

CONTEXTO

La Procunar inves­tiga a tres itateños sindicados como líde­res de bandas narco que llevan marihuana desde Paraguay a va­rias provincias. Uno de ellos es Luis “El Gordo” Saucedo, em­pleado municipal que está prófugo y con pedido de búsqueda de Interpol. Otro es Federico “Morenita” Marín, quien en octu­bre la Gendarmería lo cercó en la ciudad de Corrientes pero logró escapar.

El otro es Carlos “Cachito” Bareiro, detenido por la Pre­fectura en abril del año pasado. Los tres proveían de estupefa­cientes a Los Monos, en Rosario.

Jorge Barboza - Defensor de Vanesa Sosa

"La droga no estaba en el auto de mi defendida, sino en otro auto que estaba a unos kilómetros"
Norte Corrientes

Lunes, 27 de febrero de 2017