Corrientes (24-4-17): El Ministerio Público Fis­cal elevó una queja a la Cá­mara Federal de Casación Penal para pedir el aparta­miento del juez Carlos Soto Dávila de una causa por tra­ta de personas por la que detuvieron a propietarios de cabañas de pesca que ofrecían servicios sexuales a los turistas. La causa en cuestión involucraba a personas que tenían una relación muy cercana con el gobierno provincial, a tal punto que en las cabañas en donde se explotaba sexualmente a mujeres habitualmente se realizaban reuniones de la cúpula de la UCR provincial. Cabe recordar también que el magistrado fue apartado de las causas por narcotráfico que se sustancian en dicho juzgado y que tiene como protagonsita todo el escándalo en Itatí y las conexiones con el gobierno provincial, en este punto que el Juez Soto Dávila es quien tiene la causa por "Defraudación Fiscal, Enriquecimiento ilícito y Asociación ilícita" que involucra al mandatario correntino conocida como la causa "Casita Regalada".

La queja realizada por la Procuraduría de Trata y Ex­plotación de Personas (Pro­tex) se realiza después que la Cámara Federal de Ape­laciones de Corrientes acce­dió a agravar la calificación de los delitos endilgados a los detenidos por la causa, pero ratificó la continuidad del expediente en el Juzgado Federal 1 de Corrientes.

Ante esto, la oficina diri­gida por Marcelo Colombo -en virtud a lo planteado por el fiscal general de Co­rrientes, Carlos Schaefer- pidió “revocar la resolución impugnada, y ordenar el apartamiento del juez o di­rectamente de todo el Juz­gado”.

El argumento para tal solicitud fue que el magis­trado de primera instancia había recibido la denuncia de la explotación de perso­nas, pero demoró tres años y medio el inicio de la inves­tigación.

Agregaron además que el funcionario judicial había evitado tomar en cuenta una can­tidad de pruebas y medidas que habían sido soli­citadas, las cuales “podrían haber impedido el accionar de los imputados”.

Las actitudes dieron lu­gar a una “sospecha objeti­va de parcialidad por parte del instructor, derivadas de hechos concretos como es el haber paralizado aquella primera pesquisa que data del año 2011”.

En este sentido, aseguran que con su pasividad “le permitió a aquellos impu­tados (hoy procesados) se­guir desplegando la misma y grave actividad ilícita de explotación sexual de mu­jeres, durante aquél período de parálisis judicial”.

Ahora la cuestión deberá ser analizada en los Tribu­nales ubicados en la aveni­da Comodoro Py 2002.

BANDA INTERPROVINCIAL

El reclamo realizado es en relación a una organización que captaba mujeres en Mi­siones que luego eran tras­ladadas a cabañas de pesca de Itá Ibaté y Paso de la Pa­tria, donde eran ofrecidas a pescadores extranjeros que abonaban entre 800 y 1.000 pesos.s

Recurrentes pedidos de alejamiento

El Ministerio Público Fiscal pidió el aparta­miento del juez Car­los Soto Dávila de una decena de causas, la mayoría de ellas por he­chos de narcotráfico en los que se le cuestionó por haber liberado a los acusados, según apre­ciaciones de los fiscales, de forma indebida. Pero también denunciaron fallos controvertidos en el contexto de causas de trata de personas en las que se les atenuaron las acusaciones a los presuntos dueños de un prostíbulo de Santa Lucía.

En el caso por el que se elevó un reclamo a la Cámara de Casación se denuncian dilacio­nes en la investigación. Aseguran que las acti­vidades ilícitas ya ha­bían sido denunciadas por la Gendarmería Nacional en 2011, pero las averiguaciones no avanzaron. En 2015 el jefe de Prefectura de la localidad correntina de Itá Ibaté, habría to­mado conocimiento de que en una cabaña de esa localidad se desa­rrollaban actividades vinculadas a la trata de personas, y fue allí don­de se descubrió que los sospechosos eran los mismos que ya habían sido denunciados.

Lunes, 24 de abril de 2017