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Política - Ajustes

El decreto de Menem que usó Macri para sacarle la pensión a discapacitados

Bs. As. (13-6-17): El decreto de Menem que usó el Gobierno para sacarle la pensión a discapacitados
Se trata del decreto 432 firmado en 1997 por el entonces presidente Carlos Menem y que jamás fue aplicado. Historias de discapacitados que se quedan sin ayuda. LEER CON ATENCIÓN, ES UNA VERDADERA CANALLADA Y DE UNA INSENSIBILIDAD EXTREMA


El gobierno de Mauricio Macri apeló a un viejo decreto de 1997 del gobierno de Carlos Menem para profundizar todavía más el ajuste en el Estado y comenzó a dar de baja miles de pensiones por discapacidad. El texto del decreto, firmado en el marco del fuerte recorte en las prestaciones sociales que caracterizó al menemismo establece las condiciones para el otorgamiento de pensiones por invalidez. Tal como reveló el diarió Clarín el sábado pasado, el gobierno nacional comenzó desde este mes y sin previo aviso a recortar miles de pensiones que percibían personas con alguna discapacidad en virtud de la aplicación de dicho decreto.

Aquí las claves del restrictivo decreto que dejará sin prestación a miles de discapacitados:

* Allí se establece que sólo tendrán derecho a una pensión cuando la invalidez "produzca en la capacidad laborativa una disminución del 76% o más".

* Quienes aspiren a una pensión por invalidez ni él ni su cónyuge deberán estar amparado por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna.
* No debe poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia.

* Además se establece que el ministerio de Desarrollo Social (en aquel entonces la secretaría de Desarrollo Social) debe tener en cuenta la actividad e ingresos de los parientes obligados y su grupo familiar "como así también cualquier otro elemento de juicio que permita saber si el peticionante cuenta con recursos o amparo".

El gobierno de Macri quitó además la ayuda social a beneficiarios cuyos cónyuges perciben una pensión o jubilación, aun si se trata del haber mínimo.

También se la quitaron a personas con dificultades para manejarse de manera independiente en caso de que cuenten con un tutor que perciba ingresos equivalentes a tres salarios mínimos, es decir cuyo familiar tenga un ingreso formal de 21 mil pesos.


La vicepresidenta de la comisión de Discapacidad de Diputadas, Gabriela Troiano adelantó que presentará una demanda en la Defensoría del Pueblo y denunció que en definitiva el gobierno de Macri "invoca esa resolución que establece una ayuda asistencial sólo en casos de extrema indigencia".

La pensión de discapacidad mínima es 4.400 pesos y hasta 2016 estaban otorgadas poco más de un millón de pensiones por invalidez.

Desde la oposición, las críticas al polémico ajuste sobre los discapacitados no se hicieron esperar. La ex presidenta Cristina Kirchner utilizó las redes sociales para cargar contra la decisión del gobierno de Macri.

Desde el Frente Renovador la diputada Mirta Tundis aseguró que "ya no es novedad que el gobierno le siga quitando los derechos a los que menos tienen. Ahora da de baja las pensiones no contributivas, las pensiones por invalidez y a aquellas personas que tienen un 76% de incapacidad. Aquellos que menos tienen y más necesitan siempre son los más perjudicados por la insensibilidad social del macrismo".

Historias de discapacitados que reclaman el subsidio
El Gobierno comenzó a dar de baja pensiones a discapacitados. La justificación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo del tema, es que están ajustándose a la ley, tomando un decreto que había entrado en desuso en los 90.

Hace un año están paralizados los nuevos certificados de discapacidad, y los motivos que argumentan desde el Gobierno son los mismos que utilizan en Desarrollo Social para dar de baja pensiones hasta hace poco vigentes. Que no cumplirían con ciertos requisitos.

Pero en ninguno de los casos relevados por esta cronista, al menos según la denuncia de los (ex) beneficiarios, hubo un estudio socio ambiental previo a la quita. Los recortes se multiplicaron a partir de este mes. A continuación, tres historias detrás del ajuste.

El caso de Graciela

Álvaro Herrera es el hijo de Graciela Bonino, quien tiene 70 años y en 2012 recibió un certificado de discapacidad, por una enfermedad psiquiátrica que le genera trastornos de la personalidad y por la cual no puede valerse por sí misma.

"El martes pasado cuando fui a cobrar la pensión de mi madre, como todos los meses, me di cuenta de que no habían depositado su pensión. Me contacté con la ANSeS y me dijeron que fuéramos al Ministerio de Desarrollo Social. Allí nos informaron que mi mama no tendría más su pensión por discapacidad porque sus Ingresos eran superiores a dos pensiones mínimas, algo que no es verdad", arranca Álvaro.

Y sigue: "Mi mamá, desde 1998, está separada de su marido, mi padre, y pero el Ministerio no se percato de eso y computó a mi mamá como casada porque su ex pareja, mi papá, cobra hoy $ 12.000 de jubilación. Nos pidieron que llenáramos un formulario y lo presentáramos junto con dos testigos. Le tomaron declaración a mi mamá y aun estamos esperando una respuesta. El problema es que mientras tanto, al quitarle la pensión le quitaron también la cobertura médica".

Álvaro detalla más números: "Mi mamá gasta $ 2.500 por mes sólo en medicamentos y los $ 4.445 que recibía como pensión lo destino a un hogar especializado en problemas psiquiátricos, donde vive actualmente, porque por su enfermedad requiere un cuidado constante y yo trabajo y no la puedo dejar sola, pero por su enfermedad tampoco cualquier persona puede cuidarla. La decisión de internarla llegó cuando en un descuido le abrió la puerta de casa a un desconocido, la robaron y violaron. Soy docente de la Provincia, no soy propietario y mis ingresos no me alcanzan para poder pagarle el hogar especializado".

El caso de Héctor

Héctor Cichero tiene 34 años y recibió hace 7 años su certificado de discapacidad y le dieron su pensión. Tiene una enfermedad que le genera una suerte de tumores en el cuerpo, desde niño, es el mal de klippel trenoneau. Hace unos años que perdió la movilidad de sus piernas, no camina. Su hermana Cinthia se contactó con Clarín.

"Mi hermano vive con mis papás en Lanús, ninguno es propietario, alquilan. Mi papá tiene 72 años con una jubilación mínima y trabaja todos los días de remisero sólo para apoyar económicamente a mi hermano, y mi mamá también cobra la mínima y tiene 70 años. Por mes, mi hermano requiere $ 3.500 mensuales de medicación. Recibió hasta el mes pasado una pensión de $ 4.900", cuenta Cinthia.

"Le armamos con mi familia un lugar para que pueda reparar PC a conocidos, lo hace a modo de changas -agrega la hermana de Héctor-. Pero para poder buscar y llevar PC le compramos un auto y lo adaptamos, para que pueda manejar con las manos solamente. Fuimos a cobrar y nos encontramos con que ya no tenía más su pensión y por ende ya no tenía cobertura médica. En Desarrollo Social nos dijeron que le quitaron la pensión por tener un auto a su nombre. Mi hermano sin ese auto no se puede transportar, su problemática le impide manejarse en el transporte público. Ese auto y su pensión le daban dignidad, le están quitando la posibilidad de ser independiente y valerse por si mismo".

El caso de Araceli

Araceli Niveyro sufre de fibromialgia, una enfermedad que le genera dolores corporales constantes, tiene osteoporosis de columna por lo cual no puede golpearse ni caerse y por eso no puede viajar en transporte público, También tiene un impedimento motriz. Vive en Saavedra, tiene 54 años y desde hace 4 años tiene el Certificado de Discapacidad. En Desarrollo Social le negaron su pensión.

"Hace más de un año fui a gestionar la Pensión No Contributiva por mi discapacidad motora, en la ANSeS y en Desarrollo Social. Me preguntaron si tenía bienes a mi nombre. mencione un auto Hyundai i10 modelo 2013, que me quedó luego de la división de bienes con mi ex marido, que está exento de pago de patente y el seguro, por mi discapacidad. Yo vivo en la cama, no puedo trabajar, ningún tratamiento médico aun me permitió recuperar mi movilidad. Hasta el cuero cabelludo me duele por las noches por la enfermedad", cuenta Araceli.

Y, como el caso anterior, justifica la propiedad del vehículo. "El auto no es un lujo, lo necesito para trasladarme a todos mis médicos y terapias que necesito para poder vivir. Hace dos años que estoy divorciada y hoy sólo vivo de los alimentos que mi ex le pasa a mi hija que vive conmigo, pero no nos alcanza.
El día que mi hija se reciba, no tendremos más la ayuda económica de mi ex y yo quiero tener mis propios ingresos, no depender de nadie, pero en estas condiciones no puedo trabajar".

Según Araceli, "los médicos me han indicado ejercitación específica a modo de terapia corporal para no seguir perdiendo movilidad, y eso requiere no menos de $ 2.000 por mes, que hoy no tengo y mientras tanto mi enfermedad avanza. Lo único que tengo material es mi auto, no lo quiero vender porque entonces me quedaría sin nada y no podría trasladarme más. Me están negando una pensión hace un año, y la cobertura médica que es indispensable, pido por favor a la ministra que me ayude".


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