El fiscal de Estado Fernando Carbajal sostuvo hoy que aguarda una “pronta definición” de la Justicia en su pedido de que no se archive la causa conocida como “caso Martín”, por la cual se acusa al ex gobernador Ricardo Colombi de pagar ocho millones de pesos en condiciones irregulares a un particular; esto en razón de la fuerte carga probatoria que compromete al ex mandatario comenzando por el famoso decreto secreto que suscribió meses antes de finalizar su gestión.

El decreto en cuestión fue presentado como prueba por el fiscal Carbajal por instrucciones del actual gobernador Arturo Colombi, quien dispuso que la provincia se constituya en querellante “ante el peligro de que el fiscal que entiende en la causa deje prescribir el expediente y lo pase al archivo sin ahondar en la investigación”.

“Eso no sucederá porque las pruebas son muy fuertes y tenemos la plena decisión política de avanzar hasta esclarecer las razones por la cual la administración anterior abonó ocho millones de pesos en efectivo a un particular sin cumplir con requisitos esenciales para ese tipo de trámite en el ámbito del Estado”, señaló Carbajal, que difundió copias del decreto en cuestión.

El decreto, que lleva el número 2177 y está fechado el 26 de septiembre de 2005, fue el instrumento normativo por el cual Manuel Martín, supuesto titular de un terreno expropiado en los años 80, se hizo acreedor de ocho millones de peso en tres pagos en el marco de un acuerdo extrajudicial para resolver un viejo litigio contra el Estado correntino.

Mediante esa norma, que nunca fue publicada por el gobierno anterior, el por entonces gobernador Ricardo Colombi explicaba que la Fiscalía de Estado había manifestado que el pago del monto indemnizatorio se lo debía realizar a Martín, “único titular del inmueble” al momento de la expropiación, a pesar de que más tarde se conocería que había otros herederos del bien.

También se menciona en el cuestionado documento que con la sentencia firme en primera instancia, el apoderado de Martín presentó una planilla de liquidación por 13.589.113 de pesos.

Finalmente, en los dos primeros artículos, se acepta el avenimiento efectuado por Martín del pago de la sentencia judicial y se aprueba el modelo de pago en el cual se estipulaba el modelo de pago.

El fiscal de Estado recordó que las condiciones en las cuales se realizó el pago “no reúnen la mínima garantía de transparencia para el manejo de la cosa pública”, por lo que remitió a “los encargados de investigar al comprobante de pago por el cual, desde la Tesorería General de la Provincia se liquida a través de un cheque el importe de 2.691667 pesos a Martín”, lo cual sería el primero de tres desembolsos efectuados a favor del beneficiario.

Este convenio de pago fue firmado entre el entonces ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Enrique Vaz Torres, y por el propio Manuel Martín, y estipulaba un pago de tres cuotas mensuales, aunque la cancelación de los ocho millones de pesos se habría concretado en tiempo récord: sólo 15 días desde que se cristalizó el acuerdo entre las autoridades provinciales y el demandante.

Un dato clave es que la Fiscalía de Estado, en su calidad de oficina de contralor de las operaciones de esta índole, no fue consultada por el Poder Ejecutivo, motivo por el cual el actual titular de esa repartición y querellante en la causa, Fernando Carbajal, solicitó al juez de la causa (Instrucción 5) que llame a declarar como testigos a los ex fiscales de Estado Armando Aquino Britos y Liberato Simonelli, además de otros funcionarios del área con conocimiento de los hechos.

Los ex funcionarios que sellaron trato con Martín tampoco informaron al Juzgado donde se tramitaba el pleito sobre la concreción de un acuerdo extrajudicial, lo que constituyó una falta grave que podría configurarse como un avasallamiento de las atribuciones de la jueza María Elena Dadote, quien tramitaba el expediente y jamás llegó a homologar o rechazar el convenio.

Ante este panorama, el actual gobernador Arturo Colombi, instruyó una semana atrás a la Fiscalía de Estado a presentarse como querellante en esta causa, a fin de evitar que el fiscal de la causa archive las actuaciones en las que aparecen acusados Ricardo Colombi y varios ex funcionarios de lo que fuera su gabinete.

Esta medida instruida por el actual mandatario provincial se dio en un contexto en que la investigación judicial se encontraba estancada ante la falta de diligencias jurisdiccionales y ante insistentes pedidos del Ministerio Público para que la causa fuer enviada al archivo y, de esa forma, pasaran al olvido los hechos ahora indagados por el fiscal Carbajal.

Jueves, 26 de marzo de 2009