Corrientes (7-12-17):COMUNICADO: El Consejo Provincial del Partido Justicialista de Corrientes advierte sobre el precario estado de derecho y la grave situación institucional en la Argentina, en la que el Gobierno Nacional liderado por el Ing. Mauricio Macri junto a una justicia adicta a sus intenciones políticas y la de grupos de intereses antipatrióticos, oprimen todo intento de oposición y de reivindicación de las políticas de justicia social, independencia económica y soberanía política.

En este sentido repudiamos la persecución política del Gobierno de la Nación a través del Poder Judicial sobre la ex Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner y todo su entorno, que se evidencia una vez más con alevosía al conocerse la decisión arbitraria del juez federal Claudio Bonadío que determina procesamiento, embargos y prisiones preventivas en el marco de la causa caratulada “Timerman Héctor y otros S- Encubrimiento”.

Estamos frente a un histórico atropello a las pautas elementales del orden jurídico, ya que no existen elementos razonables para proceder con los procesamientos ordenados. Menos aún para imponer la prisión preventiva de las personas involucradas en la causa.

La prisión preventiva no es una medida ordinaria. Afecta derechos esenciales de las personas. Por ende, solo procede ante casos excepcionales. Y siempre debe estar debidamente fundada. La libertad personal no puede depender de presiones mediáticas, ni quedar a merced del capricho de un juez.

El Juez así, consuma con su decisión una alteración de nuestras bases jurídicas e institucionales. Decisión que, por lo tanto, reprochamos y solicitamos que sea prontamente desestimada a efectos de reponer la vigencia de nuestra Constitución.

Se deben resguardar los derechos fundamentales de todos los argentinos. Pero, en particular, hoy defendemos a nuestras compañeras y compañeros que ven vulnerados injustamente sus derechos y garantías por quienes dicen falazmente llamarse la Justicia.

Observamos con preocupación que detrás de estas medidas judiciales, que casualmente se producen hacia el final de la semana laborable para ocupar los espacios mediáticos del fin de semana, existe la intención de ocultar una delicada realidad política, económica y social a la que nos ha arrastrado el Gobierno de Mauricio Macri.

Los argentinos en general y los peronistas en particular, sabemos de atropellos y persecuciones. Para oponernos a cualquier intento de abuso que se parezca a persecución política solo basta recordar el Decreto 4161/56 de Aramburu.

Por lo expuesto, el Consejo Provincial del Partido Justicialista de Corrientes no puede ni va a permanecer en silencio ante semejante atropello judicial y mediático, que sólo busca profundizar el clima de revancha social.

Jueves, 7 de diciembre de 2017