De aquel desfalco de 13 millones de dólares del Fondo Especial de Salto Grande destinado a la red domiciliaria de gas en municipios del sur, a una realidad que hoy existe en la provincia de Entre Ríos. Medio millón de entrerrianos con gas natural. Una noticia con cierta envidia para los correntinos. Las redes de distribución habilitadas en Entre Ríos superan los 2,2 millones de metros.
Diario 1588

En marzo de 2000 el entonces interventor federal Ramón Bautista Mestre firmaba un acuerdo con media docenas de intendentes del sur de la provincia con la idea de hacerse de $13.000.000 (pesos-dólares) provenientes del Fondo Especial de Salto Grande, bajo la promesa de instalar en esos municipios, el servicio de gas domiciliarios. Era una megaobra. Algo que jamás ocurrió.

La historia. El primer tramo era de 5 millones de pesos/dólares destinados al estudio de factibilidad y al inicio de las obras donde intervendría la empresa Gas NEA S.A., paradójicamente el hijo de Mestre, electo el último domingo 28 de junio diputado nacional, tenía cierta participación administrativa y económica por la intermediación. Pasarían algunos meses sin noticias del emprendimiento. Después se supo que el valor retirado por el interventor ya fallecido, sería depositado convertidos en los tristemente bonos CECACOR en una cuenta oficial del Banco de Corrientes S.A. El efectivo se esfumó. Hasta el día d hoy nunca se tuvo noticias del botín. Hubo una denuncia penal (febrero de 2002) que sufrió una de las mayores dilataciones del sistema judicial observándose una indisimulada connivencia de fiscales y magistrados, orientados por el poder político de turno de predicamento radical. Solo el ministerio público federal intentaría una investigación seria hasta que el juzgado de ese fuero, se declararía incompetente en abril 2004. Un pedido de la defensa ante el imprevisto fallecimiento del que también fuera ministro del interior de Fernando de la Rúa (mediados de 2003), lograría un cambio de tribunales para el expediente. El caso demoró un 10 meses en ser enviado desde la calle 25 de mayo al 900 (juzgado federal) hasta los estrados de la provincia. Y allí otros siete más hasta el juzgado original (Instrucción Nº2). La causa, como otras tantas que acusaban a ex funcionarios de la “legión cordobesa” por malversación de fondos públicos y desfalco contra el Estado provincial, terminaron prescribiendo por una provocada inacción de los jueces de la provincia. Ni un metro de caño fue colocado en territorio correntino y el dinero de los ciudadanos otra vez saqueado.

LA CONNIVENCIA

La provincia que tenía que querellar en la causa (Salto Grande), no solo omitió hacerlo, si que el propio Fiscal de Estado de ese entonces, Armando Rafael Aquino Britos, salió a justificar la operación del canje del millonario recurso en CECACOR. Aquella cuasi-moneda que se convirtió en la mayor especulación financiera de la historia de Corrientes. Aquino Britos diría que los 13 millones provenientes de los excedentes energéticos de la hidroeléctrica ubicada sobre el río Uruguay, estaban resguardados en el banco estatal a la espera de ser retirados. Lo que nunca diría el ahora diputado Aquino Britos, es que el millonario monto en bonos, sería rescatado con un préstamo concedido por la Nación a través del PFO I durante el gobierno de Ricardo Colombi. Lo había sido una regalía energética para Corrientes, se convirtió en un crédito a devolver. La provincia perdería u$s 13.000.000 en manos de inescrupulosos y debió pagar el robo, como si fuera un préstamo concedido por la Nación. Verdaderamente increíble.

MARTILLO SANABRIA

Durante la presidencia de Néstor Kirchner y bajo la administración de Ricardo Colombi, el entonces diputado provincial Eduardo Matías “Martillo” Sanabria haría gestiones logrando el gasoducto de aproximación a Paso de los Libres, localidad de la fuera intendente por ocho años. La boca de gas está en el municipio fronterizo desde hace más de cuatro años a la espera de la política desarrollista anunciada por Arturo Colombi en el 2006. Puede que “en boca cerrada no entren ideas”. Sanabria murió meses atrás y no vio coronado su sueño. Fue uno de los incrédulos intendentes que firmaron el acuerdo con Ramón Mestre en marzo de 2000, cuando el interventor federal le prometió la red domiciliaria de gas para el municipio. Una farsa para robar.

LA ENVIDIA

- 2.263.000 metros de redes de distribución habilitadas.

- 444.000 metros correspondientes al gasoducto troncal entrerriano.

- 900.000 metros de gasoducto de aproximación a las 50 localidades.

- Todas las obras son propiedad de la provincia.

- 100.000 metros de ramales de distribución (de la planta reguladora primaria a las secundarias que son las que disminuyen la presión a la de red)

- 64.000 metros de ramales industriales que permite llegar a los parques industriales de 19 localidades.

-Más de cien estaciones reguladoras primarias y secundarias, e instalaciones de superficie que permiten el abastecimiento de las 39 localidades habilitadas.

- 186 industrias (agro, frigoríficos, cítricos) abastecidas con gas natural.

- 56 estaciones de GNC.

- 144.200 potenciales usuarios residenciales en Entre Ríos

- 90.200 usuarios están conectados en la provincia

- 576.000 entrerrianos acceden al gas natural, y se prevé llegar a los 650.000.

- 39 localidades cuentan con redes de distribución habilitada.

- 54 localidades tendrán gas.


- 63 por ciento de los potenciales usuarios entrerrianos está conectado.

- 2 centrales eléctricas hay en Entre Ríos que son abastecidas con gas natural. Una en Paraná, y otra en Concepción del Uruguay.


LA MENTIRA DE VAZ TORRES

Ante el petardeó de la prensa (Semanario SEPA), el entonces ministro de Hacienda Enrique Vaz Torres saldría en declaraciones al portal momarandu.com, informando sobre una serie de obras públicas que se habrían concretado con los 13 millones del fondo especial. Insólitamente, serían emprendimientos que jamás se hicieron, y de los que se concertaron de su lista, fueron a través de recursos del banco Mundial (una avenida en Santo Tomé).

Pero la afirmación de Vaz Torres sería contradictoria a lo que sostuvo en su oportunidad Aquino Britos, que el dinero estaba en CECACOR en una cuenta oficial. Si se hicieron las obras como lo puntualizaría el ex jefe del Palacio San Martín, los millones no podían estar guardados. Fue una verdadera estafa apañada por los radicales en el poder. Juan Zandoná, por aquellos tiempos intendente de Monte Caseros, municipio beneficiado por los excedentes de Salto Grande, pispó la gran mentira de Vaz Torres y decidió denunciar la maniobra. Su imputación fue a parar a manos del fiscal Raúl Pasetto, hermano de la senadora oficialista Rosa Pasetto y archidefensora del gobierno. Pasetto no movería “una hoja” de la acusación. Zandoná se quedaría “en el molde” presionado por Eduardo Galantini (vicegobernador) y Arturo Colombi, en aquel momento ministro de Obras Públicas. Así y todo, la justicia, aquella que dice ser ciega y velar por el respeto de la leyes y los intereses de los ciudadanos, en un triste papel, terminaría siendo cómplice del desfalco.

Miércoles, 8 de julio de 2009