Contrariando sus promesas de campaña de "no tocar a ningún trabajador del Estado que cumpla honestamente con su labor" el Gobernador hechó a 500 empleados de planta permanente. Curiosamente los despedidos fueron elegidos en forma selectiva, ya que no son todos los que nombró Arturo en sus decretos antes de dejar el poder.

Una tanda importante de decretos firmados esta semana terminó con el trabajo, remuneración y cobertura social de al menos medio millar de empleados públicos. Se trata del anunciado ajuste estatal, pero que llegó con sorpresa: no sólo avanza sobre los contratados, sino también sobre aquellos que han logrado la planta permanente.

Uno de los decretos rubricados por el Gobernador. Deja en la calle a un agente que ha logrado su planta en los últimos años. También se dijo que Salud, Educación y Desarrollo Humano serían las áreas que mayor número de bajas podría registrar. Pues bien: la purga ya empezó, pero con una novedad.

La escoba del actual Gobierno no sólo llegará a los contratados, sino también a aquellos trabajadores que se vieron beneficiados con el último decreto de Arturo Colombi que los colocó en situación de inamovilidad, es decir en la planta permanente.

Un documento al que tuvo acceso este diario confirma la maniobra de remoción. El gobernador Horacio Ricardo Colombi decidió apurar el proceso y limpiar la administración de contratados y agentes estables, emitiendo decretos particulares que no hacen pie en la situación de insolvencia económica que se anuncia insistentemente sino en una cuestión al menos subjetiva que puede lastimar -cuanto menos- la carrera del agente, aunque sea fuera del Estado.

Sucede que los decretos firmados por el mandatario y el ministro de cada área en la que se intervino, fundamentan los despidos en cuestiones de “idoneidad”.

Hasta donde pudo saber este medio, Colombi echó a por lo menos 500 personas que estaban en planta permanente con una serie de decretos rubricados a principios de semana, independientemente de los otros despidos que ya fueron anunciados y que alcanza al personal que revistaba como contratado.

Esta medida, que afecta al personal de la planta estable, contradice la promesa de campaña de no tocar a ningún trabajador del Estado que cumpla honestamente con su labor, pero lo más llamativo tiene que ver con la forma del despido, que hace hincapié en la capacidad de los empleados.

Se supo además, aunque extraoficialmente, que la mayoría de los removidos cobra el sueldo mínimo, es decir poco más de 1.100 pesos.

También pudo saberse que los despedidos no fueron decretados masivamente, como fue la incorporación del personal: las remociones se hicieron selectivamente, sobre la base de elementos subjetivos.

En este sentido, vale decir que el Decreto N° 1.602 del 22 de septiembre de 2009 -firmado por el anterior gobernador Arturo Colombi que en marzo cumplirá seis meses-, sigue vigente, y por ende se infiere que aún una mayoría de nombrados en planta permanente por aquél decreto continuarán, por ahora, en sus funciones.

Paralelamente, los decretos firmados por Ricardo Colombi para remover a los agentes, dicen textualmente, en más de un caso, que: “Es de advertir que la apreciación de “idoneidad” a los efectos del nombramiento de empleados o funcionarios públicos, es facultad privativa del Poder Ejecutivo, afirmación tanto más comprensible si se tiene presente que la propia y más amplia atribución de nombrar -y no sólo la de apreciar las condiciones personales del candidato- es, por principio de ejercicio discrecional de la Admi-nistración Pública.

Esa apreciación privativa del Poder Ejecutivo se refiere a dos órdenes: 1.- A establecer objetivamente en la norma los requisitos que acreditarán su idoneidad; 2.- A considerar la idoneidad si en el caso concreto concurren o no los requisitos pertinentes”.

Se infiere por tanto que más allá de las cuestiones económicas, financieras e incluso de idoneidad, el Gobierno actuó sobre la base de una “discrecionalidad” que puede resultar inconveniente para el mismo Estado si es que los afectados recurren a la Justicia. (El Litoral)


Sábado, 20 de febrero de 2010