Desde todos los sectores gremiales siguen insistiendo en la necesidad de que haya una mesa de relaciones laborales, pero la gestión de Colombi ahora pone condicionamientos a ese derecho constitucional, después de vetar insólitamente las 2 leyes de paritarias, sigue haciendo oídos sordos.
Hace días atrás el gobernador Ricardo Colombi anunció que para el mes de junio habría un incremento salarial para los trabajadores estatales. Muy lentamente se van conociendo más detalles de la recomposición, que según confirmó el mismo primer mandatario, será al básico.
Ya se había remarcado desde este medio que el aumento para recién dentro de más de 2 meses, era, cuanto menos una decisión demorada, en relación al amplio caudal de flujos monetarios que llegan bajo el concepto de coparticipación y otros aportes nacionales.
En relación a todo lo relatado, la principal preocupación para todos los sectores gremiales, sobre todo a los más importantes, como los 4 gremios docentes, el Asprosac y de ATE, es que no tienen injerencia alguna en lo determinado por el Gobierno. Por lo que las recomposiciones seguramente siempre estarán por debajo de las necesidades reales de los trabajadores.
Esta situación se revertiría si Ricardo Colombi se abriera al diálogo con los sectores gremiales, otorgándole ese legítimo derecho de las paritarias. Además, también les permitiría a los trabajadores comenzar a discutir otras cuestiones, como condiciones laborales y edilicias de donde trabajan.
Ahora el Ministro Secretario General, Carlos Vignolo apeló una vez más a la victimización. Aseguró que la concreción de las paritarias, depende del respecto, el clima y la no agresión y descalificación para con el Gobierno.
Sin embargo, las palabras de Vignolo no tienen sustento legal alguno ya que el derecho a las negociaciones salariales es de rango constitucional.
Este condicionamiento se suma a lo que hizo Ricardo Colombi, que insólitamente vetó las 2 leyes de paritarias que tanto en la Cámara de Diputados y en Senadores había sido aprobada por unanimidad.
Lunes, 28 de marzo de 2011