De esta forma el gobierno nacional trata de evitar la extranjerización de los recursos naturales. La presidente anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para "cuidar la jurisdicción de la tierra y para que siga siendo de la República Argentina. De ningún modo “el proyecto tendrá un sesgo de xenofobia, porque simplemente vamos a tomar los ejemplos de otros países donde se respeta los derechos adquiridos, pero se defiende el patrimonio sin tantas vueltas" dijo la jefa de estado al fundamentar la iniciativa.

El artículo 61 de la Carta Magna de Corrientes reformada en 2007 expresa entre otras cuestiones “Los extranjeros que no tengan residencia definitiva en la Argentina o las sociedades conformadas por capitales extranjeros ya no pueden comprar tierras en zonas de seguridad, áreas protegidas o que constituyan recursos estratégicos de la provincia de Corrientes".

CFK aseveró en su discurso repecto del tema "queremos un campo para muchos, una nueva ruralidad, donde sus pequeños y medianos productores puedan asociarse e introducir nuevamente el cooperativismo como arma fundamental para el sector”

Reclamó también al Congreso "que apruebe el proyecto que consagra los derechos del trabajador rural", recordando que ese proyecto fue elevado en 2010 para que los trabajadores del campo "ejerzan su labor en condiciones dignas, con lo que tendrán además un compromiso mucho más grande con lo que hacen y generarán más producción".


El caso Correntino

En la provincia ya no pueden adquirir terrenos en áreas protegidas, como el Iberá los extranjeros que pretendan esa inversión.

La polémica por la propiedad de las tierras en el Iberá nació cuando Tompkins comenzó a adquirir grandes extensiones de campo dentro de la misma reserva. Viejos habitantes del Iberá denunciaron persecuciones en su contra de parte de empleados del empresario, que buscaban desalojarlos de los lugares donde vi vieron hasta sus abuelos.

La disputa se agravó con la llegada a la zona de la empresa Forestal Andina, de capitales argentinos, que también compró una importante extensión, entrando en disputa con habitantes de la zona.

El discurso de que los capitales extranjeros venían a apoderarse de los recursos naturales de Corrientes y a quedarse con el Iberá, sumado a la presencia en esa misma zona del Acuífero Guaraní -considerado un reservorio de agua dulce para el futuro-, exacerbó las posiciones convirtiéndolas en eje de la campaña electoral previa a la constituyente y del Frente Social, compuesto por sectores K y de izquierda.

El constitucionalista Mario Midón, de la UCR, uno de los que se opuso a la aprobación, entiende que contradice la Constitución Nacional, los códigos Civil y Comercial y la misma ley de migraciones. Y, asegura, la Suprema Corte de Justicia deberá dirimir, con costas millonarias para la provincia, el planteo de los damnificados.

Cabe destacar en este sentido que tanto Mario Midón como los referentes radicales mantienen la posición del actual Gobernador Ricardo Colombi de entregar los recursos naturales, de cualquier índole, en haras de un supuesto progreso. Ya desde la reforma estaba latente la intención de Colombi en la entrega del Ayuí y el proyecto de reducir las dimensiones de la Reserva Iberá, posibilitando la radicación de inversiones extranjeras en dichas tierras, afortunadamente primó la cordura y los convencionales actuaron a favor de los derechos de los correntinos y la preservación del patrimonio común.

Para Midón, algunos convencionales votaron este artículo "por demagogia y para dejar contenta a la gente del Iberá que trajeron a la sesión, pero a la que a la vez perjudicaron con la aprobación del artículo 58". En este artículo, se le dio carácter de uso público a las tierras fiscales ubicadas dentro del ecosistema Iberá. Esas tierras son habitadas, en algunos casos, hasta por la tercera generación de una familia, sin ser propietarios. Según Midón, si esos habitantes no plantearon la prescripción veinteañal antes de la puesta en vigencia de la nueva Constitución, ya no podrán hacerlo más porque ahora pasan a ser inembargables e imprescriptibles como, por ejemplo, una plaza.

Para Araceli Ferreira, ex constituyente asegura que, lo votado no es inconstitucional:

"Es un tema de competencia de las provincias, como lo es el de los recursos naturales. No se prohíbe que los extranjeros vengan a invertir, sólo que se les pone límites y condiciones razonables".

Habrá que esperar los matices que presentará el congreso a la hora de debatir esta iniciativa en un año inminentemente electoral. El anuncio del envio de ese proyecto ya fué hecho por la presidente de larepublica.


Sábado, 23 de abril de 2011