Como el tribunal resolvió limitar la comparación del perfil de ADN de Marcela Noble con las muestras aportadas al BND por parientes de personas desaparecidas hasta el 13 de mayo de 1976, deja afuera a una familia querellante.

A un día del fallo de la Cámara de Casación Penal que el jueves ordenó extraer muestras de ADN a los hijos adoptivos de la dueña de Clarín para compararlos con el material del Banco Nacional de Datos Genéticos en un período acotado, crece la preocupación entre los querellantes. Mientras Pablo Llonto, el abogado de una de las familias que él representa denunció que el fallo los “excluye”, Abuelas de Plaza de Mayo expresó su “preocupación” ya que argumentaron que “se ha demostrado que se han incorporado documentos falsos en ese expediente”, y ya preparan una estrategia judicial que implementarán.

“La limitación que han puesto es mucho más de lo que en un momento de la causa pedía Ernestina Herrera de Noble, porque ella planteaba que se compare con las dos familias querellantes, y a la familia Lanouscou la excluye”, explicó Llonto.

Matilde Lanouscou fue secuestrada a los seis meses el 3 de septiembre de 1976 en un operativo en el que asesinaron a sus padres y hermanos y la familia biológica sospecha que podría tratarse de Marcela Noble Herrera. “Matilde fue secuestrada el 3 de septiembre del ’76 y en el caso de Marcela la fecha (límite de comparación) es 13 de mayo del’76”.

El fallo resolvió limitar “la comparación de los perfiles de ADN de Marcela a los perfiles de ADN de las muestras aportadas al archivo por parientes de personas desaparecidas hasta el 13 de mayo de 1976”. Y en el caso de Felipe, “limitando la comparación de perfiles de ADN a las muestras aportadas de ese archivo por parientes reclamantes de personas detenidas desaparecidas hasta el 7 de julio de 1976.”

Para Llonto, “la segunda parte del fallo arruina la primera que es muy fuerte”, y sostuvo que “el límite es muy corto y caprichoso, tomado de un expediente de adopción inválido. Los jueces “le tienen pánico al Grupo Clarín. No entendemos por qué nadie le pone límite al Grupo.”

Mariano Gaitán, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, aseguró que en la asociación ya estudian la estrategia que implementarán tras el fallo de la Cámara de Casación Penal. “La decisión del tribunal es muy contundente en el sentido de dejar claro que ninguna persona tiene derecho absoluto de que no se investigue su identidad.” Sin embargo, al igual que Llonto, manifestó su “preocupación” por las fechas que fueron establecidas al tomarse como parámetro las fechas de iniciación del expediente judicial de guarda e inscripción de los bebés por parte de Ernestina de Noble.

“Se ha demostrado que se han incorporado documentos falsos en ese expediente”, recordó Gaitán, quién también planteó que el fallo “no contempla la Ley del Banco Nacional de Datos Genéticos, que en su artículo 14 especifica que toda medida de prueba que efectúe deberá ser entrecruzada con todo el material existente”.

Gaitán explicó también que la nueva ley de 2009 “no es antojadiza” sino que tiene “una razón de ser que tiene que ver con la naturaleza del tipo de delito que se está investigando en un marco de impunidad y clandestinidad, donde no hay fechas ni certezas”.

“El sentido es que se pueda cotejar con todas las familias y será la genética la que determinará eficazmente, y no tiene sentido hacer a priori una limitación con elementos que no son indubitados”, aclaró.

En tanto, el fallo también cosechó repercusiones fuera del ambiente de los Derechos Humanos. Mientras que el ministro del Interior Florencio Randazzo sostuvo ayer que desde el gobierno aspiran a “que se sepa la verdad, y todo aquello que pueda generar dudas sobre la verdad ayuda a la impunidad”. El secretario de Comunicación Pública, Juan Manuel Abal Medina, calificó como “dilatorio” el fallo de la Cámara y sostuvo que “una vez más se le otorgan plazos que dilatan el cumplimiento de la justicia, como lo hicieron con la ley de medios”.

Sábado, 4 de junio de 2011