Una abogada que desempeña tareas en el juzgado de instrucción Nº5 aseguró que el ex interventor Oscar Raúl Aguad, pago dinero a la jueza Laura Varela para lograr su sobreseimiento en la causa de los 60 millones.Una empleada del juzgado de instrucción Nº5 aseguró que se le habría pedido dinero al ex interventor federal Oscar Raúl Aguad para sobreseerlo de la causa de los 60 millones de dólares. El hoy candidato a gobernador de Córdoba por la UCR, se desempeñó como delegado normalizador de la municipalidad de Corrientes entre el 2000 y el 2001.
diario 1588
Aquella montaña de billetes americanos, producto de un irregular empréstito, le fue concedida a la comuna capitalina desde el Banco Nación para cancelar pasivos con el IPS y el ISCOR. Los dólares se cambiaron inmediatamente por los tristemente célebres bonos CECACOR, y gran parte del efectivo que quedaría tras el canje, se esfumaría. Aguad, después de un sinuoso derrotero que sufrió el expediente donde se lo acusaba de fraude a la administración pública, fue sobreseído por caducidad de la instancia penal por un extraño dictamen de la jueza Laura Varela. El beneficio le llegaría cuando se desempeñaba como diputado de la nación y los tiempos procesales debieron interrumpirse por sus fueros parlamentarios. Ahora, un fuerte pedido de enjuiciamiento político contra Varela, que se podría convertir en uno de los escándalos judiciales más resonantes de la historia de Corrientes, se ligaría directamente al polémico fallo. La abogada Mirta Liliana Gómez, que desempeña tareas en el juzgado de instrucción Nº5, afirmó en su escrito, que en la "causa Aguad" estuvo presente cuando se lo llamó telefónicamente al actual diputado radical, para que se haga presente con un maletín de dinero "por supuesto a cambio de sobreseerlo antes del tiempo que establecía el código". En su descargo Gómez sostiene que Aguad habría llegado en compañía de dos hombres y el negocio se llevó a cabo en el despacho del empleado Raúl Suárez con la presencia de la magistrada. Allí se repartieron el dinero que "por cierto era demasiado, luego se fueron, todo duró aproximadamente una hora", aseveró la abogada en su acusación que desde días atrás esta en manos del Consejo de la Magistratura, institución con algunos oscuros "nubarrones" luego de tener profundas diferencias con el Senado en la selección de jueces y fiscales. Los chispazos aparecieron ante la falta de remisión de algunos antecedentes de los nominados (test psicológicos) para que sean evaluados por el alto cuerpo legislativo.
La abogada Liliana Gómez también denunciaría que en el expediente "donde se le imputó a la señora Romero Feris de Cotello conocida la causa en el juzgado como "la causa de la tía Chun"", la magistrada (Laura Varela) ordenó las peores aberraciones sabiendo que "no había tantas pruebas para privarla tanto tiempo de libertad, y ordenar su violación y otras vejaciones en su lugar de alojamiento". Una imputación, que de comprobarse, podría provocar un verdadero cimbronazo en la vida política de Corrientes. Gómez también hace referencia a que fue violada dos veces, una de ellas delante de la propia magistrada.
EL HOMICIDIO
Gómez detallaría que una empleada (Edda Cabrera) del tribunal de Varela, que se desempeñaba tareas en mesa de entradas, fue extrañamente asesinada de un balazo en el tórax en diciembre de 2007, cuando salía para su trabajo a las 06:30 de la mañana. El episodio caratulado como supuesto homicidio en ocasión de robo, fue herméticamente guardado. "La magistrada le ordenó a la empleada Dora Escobar que sustrajera las principales fojas del sumario cuando ingresó, para darle número de expediente, así como el detalle de llamadas, y el arma de fuego tampoco no apareció" detalló Gómez, quien afirma que Cabrera, fue "muerta por haber ingresado un día al despacho de su señoría y escuchó una conversación que en ese momento mantenía con el entonces secretario par Dr. Eduardo Britez". Britez hoy ocupa una de las secretarias del superior tribunal de justicia.
En el pedido de juicio político se involucra a actuales funcionarios del Poder Ejecutivo, a abogados conocidos del fuero local, como también se nombra a senadores nacionales. El semanario SEPA de esta semana, publicará el texto completo de la acusación que reviste de suma gravedad para el sistema judicial de la provincia.
Lunes, 6 de junio de 2011