Por Manuel Alfieri
na operación plagada de irregularidades, por la que está procesado Domingo Cavallo. Además, jamás abonó el canon del 5% de la taquilla que fija el contrato. El rol de De Narváez.

El Predio Ferial de Palermo, más conocido como La Rural, es un símbolo del poderío económico de la oligarquía agroganadera en la Argentina. En ese lugar se agrupan, desde 1875, los más importantes representantes de un sector terrateniente que viene batiendo récord de ganancias por sus exportaciones. Pero también es un emblema del menemismo y las maniobras del poder: no sólo porque el lugar fue adquirido por la Sociedad Rural Argentina (SRA) de forma irregular y a “precio vil” durante el gobierno de Carlos Menem, sino también porque, a pesar de que transcurrieron casi 20 años desde aquella operación, la entidad nunca terminó de pagar aquel terreno de 12 hectáreas que hoy constituye una de sus principales cajas financieras. Y eso no es todo: en ese lapso, la asociación comandada por Hugo Biolcati tampoco abonó al Estado el canon del 5% de lo que recauda por entradas, como estipula el boleto de compra-venta firmado por el gobierno de Menem y directivos de la SRA. Es una suma que por exposición ronda los 200 mil pesos y que se están “ahorrando” los ruralistas y también el empresario y diputado nacional Francisco De Narváez, dueño de la empresa que desde 2002 está a cargo de la explotación comercial. Sin embargo, esta historia data de hace mucho tiempo. Tanto que en pocos meses Biolcati y compañía brindarán con champagne por el vigésimo aniversario de un negocio tan redondo como cuestionado, que actualmente se investiga en una megacausa en el juzgado federal a cargo de Sergio Torres, con 70 imputados y varios procesados, entre ellos, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.

En lo concreto, la entidad chacarera se quedó con el predio el 20 de diciembre de 1991, cuando Cavallo –en representación del gobierno– y los directivos ruralistas Eduardo de Zavalía y Juan Ravagnan –hoy también procesados– estamparon sus firmas en el Decreto Nº 2699, que aprobó la venta de los terrenos ubicados en el cruce de las avenidas Santa Fe y Sarmiento. Así, el Estado argentino entregaba, de acuerdo con el decreto, un “dominio privado innecesario para su gestión”.

Por su parte, la SRA se comprometió a cumplir diversas “obligaciones”. Una de ellas se refería, justamente, al pago por la adquisición del predio: 30 millones de dólares divididos en distintas etapas. Según se desprende del boleto de compra-venta, al que tuvo acceso Tiempo Argentino, serían 3 millones de dólares al momento de la operación, siete millones un año más tarde y, finalmente, 20 millones en diez cuotas anuales. Además, la patronal agraria se obligaba a saldar una deuda previa que mantenía con el Estado de US$ 1.516.000. Sin embargo, nunca terminó de cumplir con el pago de los terrenos, aun cuando el citado documento sostiene que debería haberlo hecho en 2004.

Los propios voceros de la SRA confirmaron a este diario que desde hace ya varios años están incumpliendo el contrato firmado en 1991 y no pagan lo que adeudan al Estado. Detallaron, además, que las cuotas establecidas contractualmente dejaron de abonarse en agosto de 2001, cuando los ruralistas invocaron problemas financieros y solicitaron renegociar la deuda. Más precisamente, pidieron que el monto fuese pesificado. “El predio no terminó de pagarse porque se cambiaron los términos y condiciones de todas las deudas existentes”, argumentó María Martini, desde la SRA.

De acuerdo a los últimos cálculos realizados por el Estado, a través del Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE), la cifra en cuestión alcanza los 94 millones de pesos, es decir, unos 23,5 millones de dólares. Si las estimaciones del ONABE son precisas, significa que la SRA ni siquiera abonó la mitad de los 30 millones de dólares acordados con Menem y Cavallo a comienzos de los ’90, a pesar de que ya en las tres primeras semanas de exposición, tras la compra del predio, recaudó casi 10 millones de dólares, según publicó el diario Clarín en su edición del 27 de mayo de 1992.

Consultados, en la entidad dirigida por Biolcati rechazaron esa cifra. “Hay una disputa en el cálculo por el pago en el ONABE. La Sociedad Rural hizo una presentación y se está esperando una respuesta. Pero hasta tanto, tampoco se van a pagar las cuotas”, confiaron desde el sector de prensa, aunque no supieron detallar las características de esa presentación ni especificaron el monto en discusión. Lo cierto es que hace más de diez años que los chacareros no desembolsan un centavo por una propiedad que ocupan hace dos décadas.

Al mismo tiempo, la institución también incumple otra obligación contractual. De acuerdo al folio 186 del boleto de compra-venta, la entidad se comprometió a “contribuir con el cinco por ciento (5%) de la recaudación de boleterías por los eventos que realice en el predio y depositarlos a la orden del Estado”. A pesar de esto, una alta fuente vinculada con el caso confirmó a este diario que “desde el día de la venta jamás se pagó el canon del 5%”. En tanto, en la propia SRA respondieron sin demasiadas precisiones: “La verdad, no sé si está pagando, pero calculo que sí”, arriesgó la vocera.

Si bien no se pudo precisar la mora acumulada en este rubro, algunos simples cálculos dan cuenta de la enorme cantidad de dinero que la asociación se “ahorra” en cada evento. Según los datos aportados por la SRA, durante la 125º Exposición Rural –realizada en julio de este año– se vendieron 223 mil entradas, a $ 20 cada una, lo que arroja una recaudación total de $ 4.460.000. De esa cifra se desprende que, de no haber abonado el canon, la entidad agraria obtuvo en dos semanas de feria 223 mil pesos que le corresponden al Estado. La misma cuenta puede aplicarse a otra famosa exposición celebrada en el predio: la Feria del Libro. Este año, para ese evento se contabilizaron 201.132 tickets vendidos, por un monto global de $ 3.577.240, por lo que la SRA tendría que haber girado $ 178.862 a las arcas públicas. Si se suman ambos eventos, se trata de casi medio millón de pesos que, contractualmente, deben ir al Estado.

A esta serie de incumplimientos se suma el hecho de que la Sociedad Rural está acusada de haber adquirido un predio ubicado estratégicamente en el corazón de Palermo por un precio que fue irrisorio, de acuerdo a las denuncias de asociaciones vecinales y a la pericia realizada por los fiscales del distrito Saavedra-Núñez, José María Campagnoli e Ignacio Rodríguez Varela. Sucede que la cifra de 30 millones de dólares por la que fue cedido el terreno se dispuso mediante una singular cotización realizada por un consorcio de bancos, marginando deliberadamente al Tribunal de Tasaciones de la Nación. De hecho, Menem y Cavallo autorizaron la venta aun cuando se habían presentado dos dictámenes en contra, que objetaban el precio y la modalidad de venta directa. Es más: un agrimensor realizó una tasación en la que determinó que la propiedad valía US$ 943.396.266, es decir, 30 veces más que el monto por el cual la adquirió la organización que por entonces encabezaba Enrique Crotto.

“La SRA y el Estado arreglaron el precio antes de la tasación”, denunció Osvaldo Guerrica Echevarría, presidente de la Asociación de Amigos del Lago de Palermo y autor de una extensa investigación histórica que demostró que el terreno en cuestión es de dominio público. “No se trataba de un dominio privado, como dice en el boleto de compra-venta. Por esa razón, era el Congreso quien tenía la potestad de vender o no. Sin embargo, lo vendieron directamente, por decreto. Legalmente, esta operación es nula”, sostuvo Guerrica Echevarría.

Para los ruralistas, en cambio, “el predio se vendió a ese precio porque no tiene fines inmobiliarios. Es para hacer exposiciones. La Sociedad Rural no tuvo ni tiene intenciones de hacer otra cosa que no sean exposiciones”. Casualmente, el mismo día en que se firmó la escritura traslativa de dominio –27 de mayo de 1992, pocos meses después de la venta– se constituyó la firma La Rural de Palermo SA, con el 99% del capital en manos de la SRA. Crotto fue designado director de la nueva firma, dejando al descubierto el verdadero interés comercial de la entidad chacarera. Así, las autoridades de la SRA pretendieron llevar a cabo distintos emprendimientos en las inmediaciones del terreno, como la construcción de shoppings, cines y estadios deportivos. Pero todos tuvieron el mismo final: fueron frustrados gracias a la dura oposición de los vecinos de la zona.

En la actualidad, la actividad principal de esta empresa es la explotación del predio ferial, tarea que fue concesionada a una compañía propiedad del diputado y candidato a gobernador bonaerense Francisco de Narváez, como es de público conocimiento. De todas formas, los ruralistas siguen teniendo presencia en La Rural SA: en ese directorio, además de Diego Zaffore, uno de los gerentes de De Narváez, figura el ingeniero Daniel Pelegrina, secretario y encargado de Relaciones Políticas de la cúpula de la SRA. Por otra parte, pese a que con el correr de los años la firma fue modificando su razón social y composición, sus fines empresariales nunca cambiaron: radican en brindar “servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados”.

Para entidades vecinales como la Asociación Amigos del Lago de Palermo, la venta de este predio de 115 mil metros cuadrados fue, lisa y llanamente, ilegal. Y no sólo porque, como resolvió el juez federal Sergio Torres, se realizó por “un precio vil”, sino porque en todo el proceso no hubo licitación ni tampoco se consultó al Congreso Nacional, lo que en su momento incluso generó un grave conflicto al interior de la SRA.

Sin embargo, recién a fines de 1998 aparecieron las primeras denuncias puntuales contra el negocio orquestado por el menemismo y la patronal ganadera. El detonante fue la intención, por parte de la Sociedad Rural, de techar el predio. La demanda, realizada por la ONG que preside Guerrica Echevarría, recayó en la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción Nº 33, a cargo de Campagnoli y Rodríguez Varela, quienes lograron paralizar las obras y desentrañar una típica historia de los años ’90, plagada de puntos oscuros.

“Era todo muy burdo. Los expedientes, las firmas, las autorizaciones, todo era irregular. Era como una especie de gran monstruo. Un monumento a la corrupción”, sintetizó el fiscal Rodríguez Varela. Junto con Campagnoli, en mayo de 2000 ambos fiscales presentaron un requerimiento con el objetivo de que una larga lista de funcionarios nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires, junto a directivos de la SRA y La Rural SA (por entonces, Ogden Rural SA), sean llamados a prestar declaración indagatoria. En esa extensa nómina figuraban, entre otros, Menem, Cavallo, Carlos Corach, Alberto Pierri, Fernando de la Rúa, Aníbal Ibarra, Raúl Moneta y Luciano Miguens.

“Lo que determinamos con nuestra investigación es que había total complicidad entre los distintos niveles del poder público y los empresarios. El sólo ver todas las irregularidades que hubo y la inmoralidad con que se manejó el patrimonio público, demuestra que hubo una especie de hermandad entre el Estado y la SRA.
Esto es un escándalo”, sostuvo Rodríguez Varela.

Tanto fue así que el affaire dejó cifras más que contundentes: una megacausa judicial en trámite y a cargo del juez Torres, con once procesados –entre ellos, Cavallo, por el delito de “peculado”, y los ex directivos de la SRA De Zavalía y Ravagnan– y más de 70 imputados. Como toda respuesta, en la institución agraria se limitaron a repetir que “la venta no fue ilegal, porque fue aprobada por todos los organismos públicos”.

De acuerdo a información recabada por Tiempo, la resolución del contrato vigente entre el Estado Nacional y la SRA podría resolverse por tres vías: la judicial, la administrativa o por decreto. Pero, más allá de la determinación que se tome, el acuerdo firmado en 1991 establece que “la falta de puntual cumplimiento por alguna de las partes a cualquiera de las obligaciones emergentes del presente boleto dará derecho a (…) declarar resuelto el boleto de compra-venta sin necesidad de notificación (…) o exigir judicialmente el cumplimiento de las obligaciones pactadas (…) pudiendo a partir de dicho momento el Estado Nacional argentino disponer libremente del inmueble y de todos los derechos inherentes al mismo”.

En julio de este año, durante la apertura de la 125º Exposición Rural, rodeado de figuras de la oposición política, Hugo Biolcati sostuvo que “el Estado fue carcomido por la corrupción”. Paradójicamente, el titular de la SRA dio este discurso desde un predio que nunca terminó de pagarle al Estado y que la entidad que preside adquirió por una cifra mínima, en una maniobra colmada de irregularidades y gracias a un contrato que jamás se preocupó por cumplir.

Domingo, 25 de septiembre de 2011