Corrientes (10-10-11): Una vez más el ministerio público parece haberse sentado sobre el expediente que investiga el llamado “robo del milenio” (no es la primera vez), aquellos 60 millones de dólares ($254 millones) de un empréstito cedido a la Municipalidad de Corrientes por el Banco Nación (año 2000) durante la tristemente célebre intervención federal cordobesa. Queda claro la presión pol´ñitica sobre la justicia, cabe recordar que fue el propio Aguad quien posibilitó la primer llegada de Ricardo Colombi al sillón de Ferré, a partir de ahí la deuda que siempre Ricardo trató de saldar, a costa de todos los correntinos.

La actual conducción del municipio apeló en los últimos días de mayo, el insólito y desprolijo falló de primera instancia y la ratificación de un tribunal de alzada que sobreseyó a Oscar Raúl Aguad, hoy legislador nacional (UCR), por prescripción de la acción, tirando abajo la biblioteca penal argentina cuando el conocido “Milico” ostentaba fueros parlamentarios y el proceso debió ser archivado. Sin dudas, los jueces solo obedecieron a códigos políticos que mandaban cubrir la imagen del malogrado candidato a gobernador de Córdoba, cuando buscaba hacerse de la administración de la provincia mediterránea en la últimas elecciones (salió tercero cómodo).

En mayo el expediente viajó hasta el imponente edificio de la esquina de San Juan y 9 de julio. Y allí todo indica que duerme el sueño de los justos. Una vez más alguien ordenó el cajoneo de lo que se entiende, el mayor desfalco a dineros públicos de Corrientes en sus 423 años de historia. La causa de los 60 millones (dólares) es el más claro ejemplo de la dependencia del poder judicial del político.

Se escribieron páginas y páginas en los medios de prensa de lo que se considera la más grande estafa a la comuna correntina, y más aun, sin condenas ni culpables. Esa tremenda montaña de dinero en moneda americana fue convertida en CECACOR para después recién cancelar deudas que la comuna capitalina tenía con el IOSCOR y el IPS. Los dólares que quedaron tras aquel irregular trueque fueron malversados por el desaparecido Ramón Bautista Mestre (Interventor Federal) y Oscar Raúl Aguad (delegado normalizador en el municipio). No pocos aseguran que parte del efectivo fue a engrosar la millonaria herencia de Mestre. Pero lo peor del caso, es que la deuda contraída terminó licuándose cuando se refinanciaron la totalidad de los pasivos del municipio en el 2010. El vecino terminará pagando por un crédito que jamás ingresaría a las arcas municipales, y que privarían de ejecutar obras necesarias para la ciudad.

LA APELACION

“Iremos hasta la última instancia”, sostuvo el asesor letrado de la Municipalidad de Corrientes, Mario Cocomarola, cuatro meses atrás, cuando se apeló el sobreseimiento de Aguad por caducidad de la instancia penal. No pocos aseguran que hasta que las actuaciones no lleguen a la Corte Suprema, difícilmente se pueda sortear la presión y el control de la cofradía política que resguarda sutilmente a quien supo ocupar la jefatura de la bancada radical en el cámara baja del Congreso argentino, y como una verdadera paradoja, un lugar en el Consejo de la magistratura nacional. Aguad un ladrón de guantes blancos, hasta tiene la integridad moral para evaluar y aprobar la designación de los jueces de la nación. Sumamente increíble. Un dato no menor: Luís González, actual camarista federal, cuando se desempeñaba como juez del tribunal del crimen 1 de Corrientes, falló apoyando se revoque el procesamiento de Oscar Aguad dispuesto en primera instancia, además de mostrarse ya en esa oportunidad, a favor del sobreseimiento pedido por la defensa del cordobés (junio/julio 2007).

González tiempo después, sería ungido magistrado del fuero federal con el voto positivo de Aguad. En su recurso de casación ante el Superior Tribunal. La comuna entiende que hubo “interrupción de los plazos de prescripción de la causa porque Aguad mantuvo su condición de funcionario público, diputado nacional, desde el 10 de diciembre de 2005. La denuncia fue radicada en noviembre de 2001. El delito por el cual fue procesado en primera instancia prevé una prisión mínima de seis años. El dictamen de primera instancia (Jueza Laura Varela) que declaró prescripta la causa fue emitido en 2007, pero a la Municipalidad la notificaron recién en el 2009.

Ahora el expediente esta en manos del ministerio público.

El constante perjuicio

En ediciones anteriores El Litoral publicaría que por el pago de la deuda, la ciudad renunció a pavimentar 500 cuadras. Sin querer el legendario matutino correría el velo de lo que por años se afirmaba desde 1588: el gran perjuicio que acarrearía la comuna por la cancelación del millonario e irregular (viola normas constitucionales) empréstito contraído por la intervención de Ramón Mestre y Oscar Aguad. Sin darse cuenta el diario de Carlos Romero Feris (amigo de Aguad) dejaría al descubierto lo que siempre se supo que iría a pasar. Parte del gran pasivo que amortiza la comuna esta integrado por la gran estafa. Un volumen de dinero que jamás fue operado por la municipalidad correntina. También se recuerda el renunciamiento a la acción civil contra el ilegal crédito desde el Ejecutivo municipal (rubricado por el entonces viceintendente Carlos Alonso), respaldado por el Concejo Deliberante de la época.

Horas atrás el área de Economía municipal resaltó el grado de desendeudamiento logrado en dos años de gestión de Carlos Mauricio Espínola, afirmando que lo afrontado hasta el momento equivaldría a asfaltar unas 500 cuadras. No más palabras señor juez.

FUENTE: DIARIO 1588


Lunes, 10 de octubre de 2011