El fallecido dirigente consiguió un "histórico" triunfo en las elecciones de septiembre en Rio Negro, arrebatándole la provincia al partido que la administró durante 28 años. Hombre cercano a Eduardo Duhalde, llegó a ocupar el ministerio de Justicia bonarense durante los noventa. El fallecido gobernador de Río Negro Carlos Ernesto Soria nació en 1949 en la ciudad de Bahía Blanca y ocupó varios cargos en distintos niveles de gestión hasta convertirse en el político que terminaría con la hegemonía radical al frente del Ejecutivo rionegrino.
Luego de graduarse como abogado en 1973, Soria comenzó a participar activamente dentro del Partido Justicialista Bonaerense y su primer puesto político de alto perfil llegaría en 1999, cuando el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, lo nombró ministro de Justicia y Seguridad, cargo al que renunció tras solo dos meses para asumir como diputado nacional.
Durante la presidencia de Duhalde tras la caída de De la Rúa, Soria volvió a ser convocado, esta vez para asumir la titularidad de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en donde estuviera hasta 2003, año en que regresó a General Roca, su ciudad por adopción.
A los pocos días de ser derrotado por el radical Miguel Saiz en las elecciones por la gobernación de Río Negro, Soria triunfó en las elecciones por la intendencia de General Roca.
Ocho años después, y esta vez yendo con la lista del Frente para la Victoria, el ex jefe de la SIDE triunfó en los comicios por la gobernación en la misma provincia, rompiendo con la hegemonía que la Unión Cívica Radical mantenía desde que volvió la democracia hace 28 años.
Soria cosechó el 53,42% de los votos contra el 32,35% del postulante radical César Barbeito. El entonces jefe de gabinete Anibal Fernández calificó el triunfo de “histórico” y Soria declaró que su objetivo era "sacar adelante" a Río Negro como lo hizo el gobierno nacional con "la Argentinaen 2003".
Carlos Soria asumió como gobernador en funciones el sábado 10 de diciembre y como primera y polémica medida puso en disponibilidad a alrededor de 20 mil empleados públicos, declarando a la prensa que un tercio de los estatales eran “vagos y ñoquis".
Domingo, 1 de enero de 2012