Por Jorge Daneri
En diciembre de 1996, Carlos Menem publicó el último día hábil en el Boletín Oficial, el inicio de todos los estudios para la construcción de la represa hidroeléctrica de Paraná Medio, en manos de un conjunto de empresas multinacionales, lideradas por el que luego fue presidente de los Estados Unidos George Bush. En diciembre de 2011, en silencio total, se conforma por ley en Entre Ríos una Sociedad Anónima para muy pocos, que se hará cargo por 99 años de las tierras públicas de la provincia, las de los humedales o deltas e islas. Su finalidad, trasladar el modelo de la simplificación sojera y del arroz a estos territorios

Aquella historia de la represa de Paraná medio la detuvo todo un pueblo. La privatización total de nuestros deltas, la desaparición de las áreas naturales protegidas en dichos deltas, la posibilidad de utilizar venenos en las islas y sus aguas, la destrucción o contaminación de la biblioteca milenaria de diversidad biológica que todas estas islas contienen, serán destruidas por un grupo de personajes que han resuelto un gran negocio, siempre, como es ahora costumbre, para muy pocos.

Pero lo que más sorprende, es el nivel de grosería e impunidad. Ocho meses de debate en la convención constituyente para que ahora veamos esta vergüenza. La nueva Constitución de la provincia es tan fantásticamente clara cuando se destaca la protección de la diversidad biológica y sus corredores, sobre la conformación de bancos genéticos, más aún luego de la casi total destrucción del bosque nativo, otra gran deuda de éste y otros gobiernos por su terrible pasividad.

Lo que la Constitución nos enseña sobre el fomento de la producción y consumo sustentables, la lucha contra el latifundio, las aguas como aguas del dominio público y de la provincia, la gestión compartida de las cuencas y sus sistemas de humedales, la libertad de los ríos frente a mega emprendimientos, los estudios de impacto y las evaluaciones ambientales estratégicas, el ordenamiento ambiental territorial, etc. Nada, absolutamente nada de lo que hoy nos vemos obligados a considerar por esta Sociedad de no tan anónimos, debería estar en el debate público.

Deberíamos como sociedad y con las áreas competentes estar desarrollando el programa constitucional, que también simplemente es un lujo, y seguramente por ser tan claro y tocar intereses de supuestos excelentes negociantes de la cosa pública, hoy el contraste es tan grosero.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido en un fallo ejemplar en el caso Ayuí, un mega emprendimiento arrocero en Corrientes. El caso en tratamiento ahora, es cien veces más grosero, escandaloso e impugnable en todos los escenarios, de seguir adelante.

La reciente Ley Nº 10.092, es técnicamente tan difusa y poco clara, que los responsables de las áreas de ambiente y producción, además del Señor Gobernador, deberían señalar muy claramente, si también Entre Ríos ha perdido sus miles y miles de hectáreas de áreas naturales protegidas en humedales. Son sólo dos leyes fáciles de encontrar en la biblioteca real o virtual de la Legislatura. La derogación genérica es tan grosera, que lo deben decir en voz alta para que todos podamos saber, si lo que el pueblo de Entre Ríos en la lucha contra la represa de Paraná medio logró y el de Gualeguaychú propuso para los humedales del sur de Entre Ríos, éste gobierno las ha golpeado como leyes de áreas naturales protegidas, destruyéndolas en la oscuridad y el silencio de los cementerios, en secreto, rápido, para que nadie o los menos se informen.

Estamos ante un gran negocio y un escándalo.

Sábado, 21 de enero de 2012