El debate en torno a una eventual nacionalización de Repsol YPF podría ser uno de los más intensos del nuevo período legislativo que se inicia el próximo 1° de marzo. A pesar de que el tema es tomado con cautela, el destino de la petrolera depende de la voluntad del oficialismo, aunque existen advertencias de la oposición sobre la falta de controles del Poder Ejecutivo en materia energética.

El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ya comenzó a dar algunas señales que apuntan a las petroleras. Y en el caso de que, efectivamente, se envíe un proyecto de estas características a la Cámara baja, las cifras ayudarían -en un principio- a los K: más de la mitad del Cuerpo votaría a favor, contando obviamente al Frente para la Victoria (115); sus bloques aliados: Nuevo Encuentro (5), Movimiento Popular Neuquino (3), PJ La Pampa (2), Frente Cívico por Santiago (7) y Frente Cívico Córdoba (5). La propuesta también contaría con la adhesión del bloque Unión Peronista de Felipe Solá (3) y un socio coyuntural: Proyecto Sur (3).



En total, según pudo relevar Parlamentario, la reestatización de la petrolera contaría con 143 votos, es decir, el 56% del total de las bancas. En tanto, la oposición lograría reunir el 44% restante para oponerse a esta medida, teniendo en cuenta el rechazo confirmado de la UCR (38), el Frente Peronista (22), el Pro (11), la Coalición Cívica (6) y la casi segura oposición del interbloque FAP (22), aunque sus principales espadas legislativas dejaron trascender que estudiarán el caso “en el momento oportuno”. A esta línea de pensamiento se sumarían los monobloques restantes.



El inicio de un debate



Un ítem en rojo aparecía en la lista memorizada de Cristina Fernández de Kirchner a la hora de dar a conocer los balances económicos. Hablar de superávit comercial se hacía difícil si se ponía la mirada en uno de los sectores básicos para el funcionamiento del país: el de la energía. Por eso, cuando aquel miércoles 25 de enero la presidenta lanzó la denuncia pública contra las petroleras por cartelización en la comercialización de gas oil y abuso de posición dominante, estaba poniendo en el ojo de la tormenta uno de los debates que podría llegar al Congreso una vez comenzado el período de sesiones: la discusión por una posible reestatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, cuya acción mayoritaria es de la española Repsol.



“El combustible es algo que atraviesa a toda la sociedad en su vida civil y privada y, fundamentalmente, a todos los sectores en la vida económica”, había dicho Cristina durante su reaparición pública luego de la operación de tiroides, en una paradoja que llevó a recordar el apoyo del expresidente Néstor Kirchner a la privatización de YPF durante los ´90.



El llamado de atención ante la falta de inversión y, consecuentemente, la caída en la producción, se tradujo en los más de nueve mil millones de dólares que, según las cifras oficiales, debieron emplearse en la importación de combustible. Incluso las provincias productoras de petróleo -Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego- detallaron que la producción petrolera cayó un 32 por ciento entre 2002 y 2011.



Por otra parte, cuestiones como la producción a costo argentino y los sobreprecios que afectan directamente a los usuarios adelantan un debate que podría tener un despliegue similar a aquel que se dio al momento de la estatización de Aerolíneas Argentinas. ¿Estarán dadas las condiciones para dicha medida? ¿De qué manera se llevaría a cabo? ¿Qué aceptación tendría entre la oposición? Por lo pronto, el escenario ya está planteado, y el paradigma energético de nuestro país está en juego.



Opiniones cruzadas



La forma con que legisladores oficialistas y opositores están manejando el tema no podía ser menos que cautelosa. Claro está que se trata de una política que no se lleva adelante de un día para el otro. A pesar de que la escasez de combustible en varias provincias ya es un problema diario e inevitable para los usuarios, la consigna en el ámbito político parece ser no apresurarse, y desde el Gobierno buscan minimizar los rumores.



Hasta el momento, desde el oficialismo plantean analizar la medida con detenimiento, aunque ya se advierten algunas señales desde el Gobierno, como la eliminación de incentivos a la producción de hidrocarburos. “El Gobierno no es estatista ni privatista”, sintetizó un referente K en Diputados, Carlos Kunkel, quien advirtió sin vueltas: “O los concesionarios resuelven hacer las inversiones y nos dan a los argentinos de forma inmediata los recursos energéticos, o se caerán las concesiones”.



El titular de la bancada, Agustín Rossi, aseguró que “no escuchó a nadie del Gobierno” hablar del tema. Pero es de esperar que, si el oficialismo se decide, la mayoría con que cuenta la bancada del Frente para la Victoria en ambas Cámaras sea un pase asegurado a la reestatización de la empresa.



Para este caso particular, el kirchnerismo podría contar con un importante aliado: el bloque Proyecto Sur con Fernando “Pino” Solanas a la cabeza. El diputado ya manifestó con énfasis su voluntad de apoyar la mediDa en caso de que el proyecto oficial efectivamente ingrese al Congreso, aunque advirtió que esto podría encubrir “dobles discursos” y que hay que evitar las “trampas”.



En tanto, la UCR ya anunció por medio de su titular, Mario Barletta, que presentará su propia propuesta para la formación de una nueva empresa estatal, aunque pidieron estudiar el tema “con mucho cuidado” y tener en cuenta un dato no menor: la enorme cifra que le costaría al Estado hacerse de la empresa, que se calcula en alrededor de 15 mil millones de dólares. El mismo Ricardo Alfonsín expresó sus dudas acerca de que la recompra de YPF sea “lo que más le conviene a los argentinos”, al advertir que “la YPF actual no es, ni por asomo, la que vendimos”.



Por parte del FAP, la líder del Gen Margarita Stolbizer comentó a Parlamentario que el interbloque aún no tiene una posición tomada con respecto a este tema, ya que están “consultando a especialistas y analizando informes”, aunque es casi seguro que se opondrían a la medida.



En tanto, el Pro y el Frente Peronista tampoco tienen proyectos propios, pero sí reclamos al Poder Ejecutivo: ambos bloques exigen explicaciones sobre los controles que debía realizar el Gobierno, por medio del representante del Estado en YPF, sobre las inversiones petroleras. Así lo informaron los diputados Federico Pinedo y Eduardo Amadeo.



Por otra parte, un diputado felipista indicó a Parlamentario, a pesar de que su bloque aún no fijó posición, la propuesta, en principio, le parece “bien”, aunque “habrá que ver cómo lo plantean”.



Por último, la aliada Olga Guzmán, del Movimiento Popular Neuquino, pidió “no apresurarse” e indicó que en el bloque aún no se dialogó sobre el tema, aunque remarcó que la principal preocupación de su provincia, una de las productoras de petróleo, es la de “buscar más inversión”, “incentivar a las empresas” y “garantizar precios igualitarios en todas las zonas”, más allá de pensar en una reestatización.



Los proyectos legislativos



Existen numerosas iniciativas en la Cámara baja con respecto a la regulación de las petroleras. Entre ellas, se destaca la del bloque abanderado en el tema, Proyecto Sur, que además cuenta con firmas de Unidad Popular y un exdiputado del Gen. Se trata de una propuesta presentada en septiembre del año pasado, y que establece la creación de Yacimientos Petrolíferos Federales, una sociedad del Estado nacional con participación de las provincias, que de acuerdo con la última reforma constitucional son las propietarias del subsuelo.



Para los diputados que impulsan este proyecto, desde 1989 “la desregulación del sector hidrocarburífero significó, además de otorgar grandes negocios a las empresas privadas, un posicionamiento ideológico sobre el papel que deberían cumplir los recursos naturales en el modelo neoliberal a instalarse: un mero commodity exportable y sin valor estratégico, sólo económico”. Por eso, sostienen que “el desmembramiento y la posterior privatización y extranjerización de YPF fueron el punto culmine del nefasto plan de entrega de los recursos naturales argentinos, poniendo a los hidrocarburos lejos de las necesidades de la Nación”. Para financiar esta empresa, se utilizaría “una parte reducida de las reservas internacionales con que cuenta el pueblo argentino”, que se encuentran depositadas en el Banco Central.



Pero la propuesta de Proyecto Sur no es la única. La legisladora del Bloque Socialista MIJD, Ramona Puchetta, presentó un proyecto de ley “de Nacionalización de Hidrocarburos, Expropiación de Repsol YPF y Creación de Yacimientos Petrolíferos del Pueblo (YPP)”, que tiene como objetivo principal declarar de interés público la actividad petrolífera, “con lo cual será dirigida por el Estado, y no por manos privadas”.



Otros proyectos solicitan a las empresas de hidrocarburos que garanticen el equitativo abastecimiento y mejoren la inversión para solucionar el problema de la escasez de combustible, aunque en los últimos días el Poder Ejecutivo tomó cartas en el asunto y firmó acuerdos con provincias petroleras y sindicatos del sector con este fin.



Además, bancadas opositoras presentaron gran cantidad de pedidos de informes al Poder Ejecutivo en relación a YPF y aspectos como el aumento de precios de los combustibles, el estado de las reservas de gas y petróleo y, fundamentalmente la caída en la producción de este insumo.



A través del tiempo



Yacimientos Petrolíferos Fiscales monopoliza alrededor del 60 por ciento del mercado hidrocarburífero en la Argentina. La historia es conocida. Lejos de los tiempos que prosiguieron a su fundación, en 1922, cuando se enarbolaba la bandera del Estado como garantizador de la producción de petróleo, la desregulación se concretó con tres decretos firmados durante el menemismo, y tuvo su culminación con la Ley 24.145, que dio lugar a la privatización de YPF, ya para entonces sociedad anónima.



Hoy, la mayor parte de las acciones de la empresa pertenecen a la española Repsol, seguida por el grupo Petersen –de la familia Eskenazi- y una pequeña parte perteneciente a entidades financieras internacionales.



Pero mucho antes de la privatización de YPF, el entonces presidente de facto Juan Carlos Onganía daba luz verde a la Ley 17.139, Ley Nacional de Hidrocarburos, que funcionó desde entonces como el marco base de la legislación hidrocarburífera en la Argentina. Esta norma nunca se modificó.



A nivel regional, países como Uruguay, Brasil, México y Venezuela cuentan con petroleras a manos del Estado, para algunos un as bajo la manga si se trata de competir en el mercado internacional. ¿Modelo a imitar?



Miguel Giubergia (UCR)



“No queremos que ocurra la misma historia que nos hicieron con Aerolíneas Argentinas”



- ¿Qué es lo que plantea el radicalismo con respecto a una posible reestatización de YPF? ¿Cuál es la posición del bloque?



- Lo que estamos planteando es la creación de otra empresa. Vamos a seguir insistiendo: esta crisis energética no se soluciona con reestatizaciones, sino con políticas claras y concretas que este Gobierno se negó a aplicar y a reconocer durante estos años. Nosotros venimos denunciando en el Congreso que es un tema que afecta no solamente a la producción de petróleo, sino que fundamentalmente está el problema de una crisis total y absoluta en materia energética. Este Gobierno no hizo absolutamente nada, prorrogaron concesiones, destruyeron el sistema energético nacional, y esto no se soluciona simplemente con querer anunciar que se van a llevar adelante reestatizaciones: lo que tenían que hacer era tener políticas para controlar a esta empresa sobre las inversiones que debían hacerse fundamentalmente en materia de exploración.



Hemos pasado de ser un país que tenía autoabastecimiento en materia petrolífera y gasífera a ser un país importador de energía. En esto nosotros hemos planteado a través de distintos proyectos de ley, la declaración de la Emergencia Energética en la Argentina, y ni bien comience a funcionar el Congreso lo vamos a solicitar. Además hemos venido solicitando el año pasado la presencia del secretario de Energía en el Congreso para explicar qué es lo que está ocurriendo en materia energética en nuestro país, y el oficialismo se ha negado en forma rotunda y permanente.



- ¿Sobre qué bases se crearía entonces esta nueva petrolera que ustedes proponen?



- Esto lo estamos evaluando, porque no queremos que ocurra la misma historia que nos hicieron con Aerolíneas Argentinas. Hoy vemos lo que ocurre con el déficit de Aerolíneas Argentinas: nos hicimos cargo de una empresa total y absolutamente quebrada. No queremos que la Argentina termine atravesando una situación en la que se deba subsidiar todos los manejos en esta materia; por eso vamos a plantear que el Ejecutivo informe qué han hecho y qué piensan hacer. La actitud de creer que reestatizando YPF se soluciona el problema no tiene racionalidad alguna, porque el Gobierno no controló las inversiones en materia petrolera. Deben explicar cuáles fueron las prórrogas de las concesiones que se otorgaron, cuando teníamos la posibilidad de recuperar estas cuencas petrolíferas a través del vencimiento de los plazos que se habían otorgado, como también la posibilidad de aplicar las sanciones que llegaban hasta la quita de las concesiones de los pozos hidrocarburíferas.



Que nos vengan a decir que quieren reestatizar la empresa es solamente una situación publicitaria, que no va a tener efectos de ninguna naturaleza; acá se tiene que hacer cumplir a estas empresas las políticas energéticas, pero para ello lógicamente debe tenerse una política energética que este Gobierno no tiene.



Eduardo Amadeo (Frente Peronista)



“Que el Gobierno aplique las obligaciones de control que tiene”



- ¿Cuál es la posición de su bloque con respecto a una eventual reestatización de YPF?



- En las próximas horas posiblemente hagamos una presentación pública sobre este tema, estamos analizándolo. Nosotros quisiéramos que el Gobierno nos explique por qué las reservas cayeron a la mitad en los últimos seis o siete años. O sea, podemos renacionalizar, reestatizar, lo que quieran, pero el Gobierno tiene que explicar por qué la Argentina perdió la mitad de sus reservas en Argentina.



- ¿Qué política se debería adoptar para evitar este tipo de abusos por parte de las petroleras?



- Controlar bien; que el Gobierno aplique las obligaciones de control que tiene, porque el Gobierno tiene una Secretaría de Energía y hay una llamada “acción de oro” que le permite controlar lo que pasa dentro de YPF. No lo hizo, y por eso YPF perdió la mitad de las reservas de Argentina.



Federico Pinedo (Pro)



“Hay que hacer algo para que haya energía en la Argentina”



- ¿Qué opina sobre una eventual nacionalización de YPF?



- Lo que nosotros pensamos es que hay que hacer algo para que haya energía en la Argentina, y para que haya inversiones que la generen. Más que fijarse en quién es el dueño, hay que ver cómo se hace para tener inversiones que generen energía en la Argentina, porque hoy por hoy la política kirchnerista nos está costando nueve mil quinientos millones de dólares por año en importación de energía, y eso es un disparate inaceptable.



- ¿Cómo es que se llegó a esta situación de tener que denunciar esta falta de inversiones?



- En el caso concreto de YPF, lo que queremos es investigar cómo actuó el Poder Ejecutivo Nacional en todo el proceso, cómo votó el representante del Poder Ejecutivo en YPF en cada decisión de no invertir y en cada decisión de remitir dividendos al exterior. Lo que hemos visto es que el representante del Gobierno ha votado a favor de disminuir las inversiones y de aumentar las remesas de dinero de YPF al exterior, entonces la pregunta es que expliquen por qué han tenido ese comportamiento tan extraño que ahora ellos mismos están denunciando. Es muy rara la situación. El tema no pasa por reestatizar o no: pasa por invertir o no.



Eric Calcagno (FpV)



“El Ejecutivo nacional marca la agenda sobre la cuestión”



- ¿El Gobierno está analizando seriamente la posibilidad de reestatizar YPF?



- Tal como se dio a conocer en los últimos días, la posición del Ejecutivo nacional, acompañada por las provincias a través de la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) es afianzar la producción de hidrocarburos en el país. La prioridad del Gobierno es garantizar la energía necesaria para el desarrollo económico e industrial del país.



- ¿Cree qué están dadas las condiciones para llevar a cabo este proceso?



- El Ejecutivo nacional marca la agenda sobre la cuestión, sin lugar a dudas. Nuevamente, la presidenta Cristina Fernández, solicitó a las empresas petroleras aumentar la producción de hidrocarburos para abastecer a las necesidades del país. Estamos hablando de cumplir con los requisitos de las concesiones hechas por el Estado.



- ¿Cree qué efectivamente, la cuestión pasa por reestatizar o no la petrolera? ¿O considera qué se deberían tomar otras medidas al respecto?



- Es necesario atender a las necesidades energéticas del país, más aún después de casi diez años de crecimiento económico, hecho inaudito en la historia del país. En tal sentido, el Gobierno nacional está en la tarea de garantizar el abastecimiento de combustibles para continuar en la senda de desarrollo que nos encaminó Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Las medidas que se tomen al respecto serán acompañadas por los legisladores de manera de garantizar la continuidad de nuestro modelo político de inclusión a través del trabajo y la generación de riqueza.



- ¿Por qué cree que se llegó a esta instancia de tener que denunciar bajas inversiones y abuso de posición dominante?



- Ciertos empresarios han optado por privilegiar su posición como actor formador de precios para garantizar ganancias extraordinarias. Sin embargo, lo que prevalece es el interés público. El Gobierno no hace más que afirmar el derecho de contralor que tiene el Estado en materia de concesiones públicas. En los últimos años, el Estado de la Nación se ha afirmado en un proceso de fortalecimiento constante para ejercer correctamente sus funciones. Es una herramienta fundamental, reconstruida en las últimas gestiones cuyo objetivo es la consolidación de un modelo de inclusión con desarrollo industrial. En los primeros años del Gobierno de Néstor Kirchner, el objetivo fue salir del infierno en el que nos encontrábamos. Hoy en día, la sintonía fina de la que habla la presidenta se declina en medidas como ésta, legítimas, que buscan salvaguardar el patrimonio de todos los argentinos para mejorar la calidad de vida de las futuras generaciones..

el parlamentario

Jueves, 1 de marzo de 2012