El gobernador Ricardo Colombi autorizó a la Fiscalía de Estado a recurrir a la Corte Suprema en contra de la Resolución de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación que frenó el proyecto Ayuí. Plantearán la violación a derechos provinciales y pedirán el cese de la medida. El denominado “Proyecto Ayuí” para represar miles de hectáreas con destino a proveer de agua a emprendimientos arroceros, se encuentra actualmente frenado y hasta posiblemente caído, pues quedó sin la participación de sus principales inversores.

Sin embargo el Gobierno de Corrientes mantiene su postura en torno a supuestos derechos provinciales que se habrían afectado desde Nación al atacar el Proyecto Ayuí, a fin de no sentar precedente negativo para futuras inversiones.

Pese a que en su momento la Corte Suprema de Justicia falló a favor del Gobierno de Corrientes en reclamos realizados por ecologistas, el 24 de agosto del año pasado la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación emitió la Resolución N° 1.238 que frenaba la iniciativa.

La medida estableció que las obras concernientes al "Proyecto Productivo Ayuí Grande" resultarían incompatibles con las obligaciones asumidas por Argentina en el Estatuto del Río Uruguay y otras normas y acuerdos internacionales, debido a que Ayuí podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado por tratarse de una obra que causará perjuicio sensible al Río Uruguay al afectar la calidad de sus aguas.

Asimismo, la Secretaría de Medio Ambiente estableció que el "Proyecto Productivo Ayuí Grande" resultaría incompatible con las disposiciones de la Ley General de Ambientes N° 25.675, y de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos N° 26.331, contrariando de ese modo los objetivos de la política ambiental nacional.

Contra dicha Resolución, la Fiscalía de Estado de Corrientes presentó Recurso Jerárquico atacando la medida, lo cual fue desestimado en diciembre último por la Jefatura de Ministros de la Nación.

Pero el Gobierno de Corrientes sostuvo, y mantiene esa postura, que la Resolución N° 1.238 adolece de vicios graves que determinan que deba ser declarada Nula de Nulidad Absoluta, atento a que se ha vulnerado el debido procedimiento previo o debido proceso adjetivo integrante de la defensa en juicio; y altera las potestades provinciales en el uso de los recursos naturales, cuyo dominio originario le pertenece

Además ha sido dictada mediando incompetencia en razón de la materia y del tiempo, pues la Secretaria de Ambiente de la Nación no cuenta con facultades suficientes para emitir la afirmación contenida en la resolución, ni puede controlar un Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la provincia de Corrientes, ni cuestionar un Ordenamiento Territorial aprobado por Ley provincial.

Finalmente, el Gobierno correntino considera que Nación no puede oponerse a una actividad que supuestamente podría impactar ambientalmente en una cuenca interjurisdiccional, siendo los hechos en que se funda falsos e inexistentes.

Por lo tanto, el Gobierno estima que existen razones suficientes para que la Provincia cuestione dicha Resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dado que a pesar de los vicios señalados, su presencia ocasiona severos perjuicios a la Provincia y a los potenciales inversores que quieran radicarse en ella, debiendo por tal motivo disiparlos mediante una decisión jurisdiccional.

Específicamente, el gobernador a través del Boletín Oficial autorizó a la Fiscalía de Estado a interponer la demanda que considere necesaria por ante la Corte Suprema a fin de ejercer la defensa de los intereses y derechos de la Provincia, impugnando la Resolución N° 1.238.

Además autoriza a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Corrientes a solicitar una Medida Cautelar a fin de suspender en forma inmediata los efectos de la Resolución de la Secretaría de Ambiente.

Lunes, 2 de abril de 2012