El gobierno nacional presentó un proyecto para reformar la normativa existente y actualizar la unidad monetaria de la multa que le cabe a quien no sufrague y no acredite debidamente los motivos de su falta.

La iniciativa impulsa también que los ciudadanos puedan votar con la cédula plástica del nuevo DNI El Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley de reforma del Código Electoral que prevé multas de hasta 500 pesos a quienes no voten en las elecciones nacionales y no justifiquen debidamente esa falta ante la Justicia.

La iniciativa, que podría convertirse en ley este mismo mes, estipula que si el elector tampoco paga la multa, entonces quedará inhibido de realizar, por un año, cualquier tipo de trámite o gestión en dependencias públicas nacionales, provinciales o municipales.

El proyecto ya está en comisión en la Cámara de Diputados y podría ser tratado la semana próxima.

La actual normativa ya impone sanciones y multas a quienes no voten, pero la multa pecuniaria quedó desactualizada ya que la moneda invocada –el peso argentino- dejó de existir hace tiempo.

Esto impide que el Estado nacional pueda cobrarlas efectivamente, cuestión que esta nueva ley podría revertir a partir de 2013, cuando se realicen las próximas elecciones.

VOTAR CON LA CÉDULA PLÁSTICA

Además de actualizar el régimen de sanciones a los no votantes, la iniciativa dispone que otra importante modificación: que los electores puedan sufragar con la cédula plástica de identificación personal que en el futuro irá reemplazando al DNI en formato libreta.

Esta es la columna vertebral del proyecto que impulsa el ministro del Interior, Florencio Randazzo, que avanza en la modernización del sistema electoral y de identificación de personas que viene instrumentando su cartera.

En el actual soporte libreta, es el presidente de mesa, con su sello y firma, el que da fe del voto emitido. Con la cédula plástica, se implementaría un sistema de troqueles a manera de constancia. De todos modos, la última palabra la tendrá la Presidenta cuando reglamente la ley.

Esta imprecisión es cuestionada tanto por la oposición como por la Cámara Nacional Electoral, contrarios a que el nuevo sistema sea fijado arbitrariamente por el Gobierno.

Miércoles, 4 de abril de 2012