Hoy el Concejo Deliberante podría tumbar la ordenanza 3882 que obligó al municipio capitalino en junio de 2003, a desistir de los derechos y acciones civiles en el llamado robo del milenio, un crédito de 60 millones de dólares tomado por la última intervención Federal, considerado como el mayor desfalco a los dineros públicos en la historia de Corrientes. La decisión del entonces cuerpo deliberativo ocurría en un momento de máxima presión del gobierno de la provincia a la comuna local. La normativa para hacer caer la Ordenanza que protegía a Aguad, fue prsesentada por el Concejal Jaime Galvez.

Un tremendo ahogo financiero soportaba la administración de Nora Nazar de Romero Feris, que mes a mes debía ir cancelando la monstruosa deuda de un préstamo que fue canjeado casi en su totalidad por los tristemente bonos CECACOR, esfumándose la montaña de billetes americanos con destino incierto, luego un orquestado trueque bajo la excusa de pagar deudas con el IOSCOR y el IPS.

A mediados de 2010 el concejal Jaime Gálvez del partido de la Victoria presentó un proyecto de ordenanza buscando modificar aquella insólita normativa que exigía a la comuna correntina a retirar la demanda civil que planteó ante la irregular toma del millonario empréstito (violaba la Carta Orgánica y la Constitución provincial) concedido en agosto de 2000 por el Banco Nación, cuando el país era gobernado por un frustrado Fernando de la Rúa y Corrientes conducida por el fallecido Ramón Bautista Mestre. Gálvez no tuvo suerte, el bloque de Encuentro por Corrientes (ECO) se negó sistemáticamente a tratarlo. Hoy con una abultada mayoría, el oficialismo lo terminaría aprobando. La municipalidad tendría la herramienta para iniciar inmediatamente una acción de lesividad y enmendar el error de un lote de concejales, que prefirieron no defender los intereses de los vecinos para lo cual fueron votados, y convertirse en encubridores del inmenso robo.



LA RESEÑA



En el 2003 la municipalidad lograría una acción de amparo en el juzgado federal de Paso de los Libres, la cautelar paralizó los tremendos descuentos mensuales producto de la estafa. La respuesta del gobierno local fue inmediata: se pidió el juicio político del entonces juez Ángel Oliva. Lo instrumentó sin demoras el Fiscal de Estado en esos días: Armando Aquino Britos. El resultado de su presentación fue categórico, rechazado 7 a 0 por el Consejo de la Magistratura de la nación, pero las presiones hacia el municipio continuaron. Una promesa financiera del Poder Ejecutivo provincial hacia las magras arcas de la comuna, mientras Raúl Rolando Romero Feris líder nuevista permanecía en prisión, engendró la nefasta ordenanza 3882/03. El “instrumento legal” votado por radicales y nuevista avalaría la resolución 575 del Ejecutivo Municipal de retiro de la acción civil rubricada por el viceintendente Carlos Alonso, ante la negativa de Nora Nazar de firmarlo (pidió licencia). El acuerdo de asistencia económica jamás se cumpliría, pero Oscar Aguad y otros ex funcionarios de la legión cordobesa respirarían aliviados, dejando en evidencia la protección del poder político local hacia su figura.

Hoy, como el último 21 de marzo (fallo del STJ rechazando la prescripción de la denuncia penal), la historia parece cambiar de rumbo hacia la verdad y la justicia. Y como la vida es una rueda, todo puede suceder.

Jueves, 12 de abril de 2012