Aguas accionará por “perjuicios” si prospera la emergencia hídrica El proyecto abarca a Caseros, Libres y Santo Tomé. La firma denuncia que se altera el contrato y que incluso generaría un incremento en la tarifa.

Aguas accionará por “perjuicios” si prospera la emergencia hídrica El proyecto abarca a Caseros, Libres y Santo Tomé. Implica estudios a efectuarse en un año y el no cobro de la facturación de enero y marzo a las conexiones de esa zona. La firma denuncia que se altera el contrato y que incluso generaría un incremento en la tarifa.
Alegando “errores conceptuales y técnicos de envergadura”, en función de un presumido “desconocimiento de la problemática y/o falta de estudio más pormenorizado”, desde la empresa concesionaria de la prestación del servicio de agua potable cuestionaron duramente la media sanción otorgada a la ley que estipula la declaración de emergencia hídrica en los municipios ribereños del río Uruguay. En el escrito firmado por el presidente de Aguas de Corrientes, Pablo Chamas, se rechaza la norma en cuestión, que implica no sólo la instrumentación de una serie de estudios por parte de la empresa; sino que además ordena “que el servicio de agua potable correspondiente a los meses de enero y febrero de 2008 no podrá ser cobrado a los usuarios de los municipios incluidos en la presente ley en los que Aguas de Corrientes S.A. sea la concesionaria”, previendo además que “en caso de que dichas facturas ya hubieran sido abonadas por el usuario, se acreditarán las sumas pagadas a futuros períodos”. De la misma manera, prohíbe a la “concesionaria el corte del servicio de agua por falta de pago de los meses establecidos en el inciso precedente” y la intima para que en 48 horas restituya el servicio a quienes lo tuvieran interrumpido por falta de pago de los referidos meses”. Ante esta situación, la prestataria requiere el “respeto a las condiciones contractuales que fueron impuestas por la propia administración y la fijación de reglas claras cuando se pretenda alterarlas”. Sostienen además que esta situación “genera el derecho de la concesionaria a reclamar daños y perjuicios, que en última instancia deberá ser asumido por el Estado concedente”. Teniendo en cuenta que hasta el momento el proyecto sólo cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, restando su tratamiento en Senado, Chamas advirtió que, de consagrarse la decisión legislativa, “la responsabilidad patrimonial del Estado comprenderá el resarcimiento integral a este respecto”; teniendo en cuenta que el daño “provendrá de la decisión unilateral del Poder Concedente alterando - por vía legislativa- aspectos sustanciales del Contrato de Concesión”.
Aumento de tarifa
Entre las principales argumentaciones que esgrime la empresa, señala que la eximición a los clientes de las tres localidades del pago del servicio que han utilizado “genera una inadmisible desigualdad respecto de los restantes usuarios” y que esta “modificación contractual unilateral” constituye una “irrazonable confiscación del derecho de propiedad”. De la misma manera, sostienen que esta situación determinará que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para recomponer la ecuación de la Concesión, de manera tal que se garantice la equivalencia en las prestaciones. Llegan incluso a advertir que para mantener la calidad y eficiencia del servicio, en esas condiciones, “será necesaria ajustar la tarifa, lo que implicará un aumento en el costo del servicio, que impactará la totalidad de los usuarios”. Finalmente, Chamas cuestiona el efecto de abstencionismo en el pago que sobre la base del anuncio de este proyecto se generó en un importante sector de las 5.606 conexiones domiciliarias en Santo Tomé, las 10.642 de Paso de los Libres y las 6.888 conexiones de Monte Caseros. El resultado de esta norma será “la negativa afectación del servicio público y la imposibilidad de su mantenimiento en las condiciones de regularidad, continuidad y eficiencia técnica que resultan exigibles por la naturaleza del mismo”, se ampara la firma.

Fuente: Diario Epoca

Jueves, 12 de junio de 2008