Por Adrián Murano y Andrea Recúpero
La retención de la Fragata Libertad en Ghana destapó una compleja trama que involucra a magnates, abogados, medios, jefes militares y políticos locales. El plan para desgastar al Gobierno y los intereses en juego.
Las fotos de los culpables

La política y los negocios a gran escala son territorio fértil para el complot. Claro que no todas las conspiraciones son iguales. Las hay sutiles y brutales, ordinarias o sofisticadas, domésticas o globales. Y se distinguen, además, por su origen: pueden surgir de una usina determinada o fraguar a partir de una suma de hechos –en apariencia– aislados y casuales. Esas son las más efectivas. Los mejores conspiradores operan sobre las circunstancias.

Eso fue lo que ocurrió con la retención de la Fragata Libertad, el buque escuela de la Armada Argentina que desde hace dos semanas se encuentra retenida en un puerto de Ghana por orden judicial. Un episodio que, como en las mejores ficciones del género, reveló una trama que cruza a financistas inescrupulosos con jefes militares, abogados influyentes, políticos ambiciosos y operadores mediáticos.

El 1 de octubre pasado, cuando la fragata tocó el puerto de Tema, pocos sabían lo que iba a ocurrir. Pero el dato es que lo sabían. ¿Quiénes? En principio, los abogados de los fondos buitres que aguardaban el buque con un pedido de embargo que fue rápidamente tramitado –con éxito– por la Justicia local. Pero la lista no se agota en los bonistas rapaces y sus letrados africanos. Con el paso de las horas, las sospechas surcaron el Atlántico y se posaron sobre el Edificio Libertad.

El domingo 14, el periodista Horacio Verbitsky reveló que fue la Marina la que solicitó incluir a Ghana en el itinerario de la fragata. El pedido llevaba la firma del comodoro Alfredo Blanco, ex director de Organización y Doctrina Naval. Basado en “razones operativas” no especificadas, el oficial pidió reemplazar a Nigeria –incluida entre los 16 destinos del cronograma original– por el puerto ghanés. Tres días después, el Ministerio de Defensa elevó la propuesta a la Cancillería, que debía evaluar la viabilidad del destino. Ese mecanismo de control interministerial, que en el pasado fue de rutina, se volvió crucial hace un lustro, precisamente, por la acechanza de los fondos buitres. El 23 de mayo, el secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería, Eduardo Zuaín, advirtió que, debido los procesos judiciales abiertos contra la Argentina “en diferentes jurisdicciones extranjeras, no puede garantizarse que su viaje de instrucción no pueda ser objeto de posibles reclamos, medidas precautorias o de ejecución durante su estadía en puertos extranjeros”. Como el itinerario incluía a España y Portugal, el funcionario recordó la existencia de demandas abiertas en tribunales de Alemania, Bélgica, Italia y Francia que podrían derivar en embargos conforme al reglamento de la Unión Europea sobre competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. “En cuanto al resto de los países del itinerario –siguió Zuaín–, no se tiene conocimiento de que existan en ellos reclamos judiciales contra la Argentina que permitan suponer que puedan solicitarse medidas precautorias o ejecutorias contra la Fragata Libertad. No obstante ello, cabe tener presente la intensa actividad de los ‘hold outs’ que intentan acciones judiciales y embargos contra bienes de la República Argentina en distintos países sobre la base de títulos en los que nuestro país ha renunciado a las inmunidades de jurisdicción y de ejecución. A ello se suma el valor simbólico que posee la Fragata Libertad, que aseguraría una amplia repercusión mediática ante algún supuesto de medida cautelar”, profetizó el funcionario. Tenía razón.

El despliegue de los medios opositores fue de manual. Clarín y sus socios menores, como La Nación, acusaron al Gobierno de imprevisión, especularon sobre supuestas guerras internas entre ministerios y hasta le adjudicaron al multiacusado Guillermo Moreno la orden de atracar en Tema. Sobre esto, claro, no se presentó evidencia alguna, a diferencia de lo que sí ocurrió con el comodoro Blanco y su nota membretada. Sin embargo, la flagrante responsabilidad de la Armada en el operativo fue prolijamente encubierta en los diarios opositores incluso después del que el Gobierno decidiera el pase a disponibilidad del oficial y su superior, el secretario de la fuerza Luis María González Day. En ese caso, la explicación que ofrecieron a sus sufridos lectores fue que el Gobierno utilizaba a la Marina de “chivo expiatorio”.

Lanzados en una guerra a todo o nada contra el Gobierno, los medios del Grupo Clarín son aliados naturales de cualquiera que quiera dañar a la gestión K. Nada sugiere que el fragote ghanés se haya urdido en las oficinas de la calle Piedras, lo que no desmerece el aporte que el multimedios realiza a los protagonistas de esta intriga internacional. Uno de ellos consiste en correr de la escena a los fondos buitres, financistas voraces que sostienen una larga –y onerosa– campaña contra el país.

Los fondos que accionan contra la Argentina son alrededor de 47. Se trata de consorcios especulativos que compran títulos de deuda de países con problemas cuando están por debajo de su valor nominal. Eso hicieron con títulos emitidos por la Argentina en los años ’90, que luego fueron declarados en default. Los canjes de 2005 y 2010 obtuvieron una aceptación del 92 por ciento y los fondos buitres se quedaron con el 8 por ciento restante. Según el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, “en el afán de imponer por la fuerza el pago de sus bonos se negaron al canje, a pesar de que hubieran ganado dinero con la operación. Por eso, ahora, llevan adelante una campaña frente a la administración estadounidense para desprestigiar al país”. El diplomático destacó que llevan gastados más de 3 millones de dólares en esa campaña de deterioro. Por ejemplo, organizando un seminario en Washington para discutir si la Argentina debe seguir en el G20 o coordinando reuniones para debatir sobre la situación de la libertad de prensa en el país. Un detalle: para alimentar ese debate se sirvieron de un texto escrito por Jorge Rendo, directivo y lobbista del Grupo Clarín.

Entre los fondos más famosos figura NML Capital, controlado por Paul Singer, fundador de la American Task Force Argentina, una entidad que en los últimos meses protagonizó un ataque abierto en Estados Unidos contra el propio Argüello. También es muy conocido EM Ltd, cuyo propietario es Kenneth Dart, un magnate productor de vasos de plástico térmicos. Estos grupos fueron los que en 2010 pretendieron la incautación de las reservas del Banco Central. Un momento clave, con consecuencias directas en el área económica argentina, que culminó con la salida de Martín Redrado del Banco Central.

En esa oportunidad los fondos solicitaron que se embargaran las reservas desde Estados Unidos, pero los reclamos no prosperaron debido a la autarquía del BCRA. Hasta que se abrió una grieta: la creación del Fondo del Bicentenario, dispuesto por la presidenta Cristina Fernández, que permitió el pago de los vencimientos de deuda con reservas del Central, desató una crisis con el ex presidente de esa entidad financiera que favoreció a los buitres.

Redrado, con el argumento de que la medida atentaba contra la autonomía del Banco, se negó a transferir las reservas que le solicitaba el Ejecutivo. En ese marco, los fondos aprovecharon la cuña que introdujo Redrado para intervenir en el mercado buscando una caída en la cotización de los títulos e intentar reforzar su posición ante la inminencia del canje de deuda. La rebeldía de Redrado, primero para ceder las reservas y luego para renunciar a su cargo, fue aprovechada por los carroñeros que se adelantaron a vender y consiguieron que los bonos más significativos perdieran hasta el 10 por ciento de su valor. En medio del ruido interno, el juez de Nueva York Thomas Griesa dispuso un embargo sobre las cuentas del Central en Estados Unidos basado en la teoría del “alter ego”. A un alto costo económico y político, el Gobierno logró desactivar aquel operativo.

A dos años de aquella crisis, el NML volvió a ser noticia por el pedido de embargo a la Fragata Libertad. Pero no sólo eso: el 18 de julio, mientras el buque ya se dirigía a Tema, un intermediario local acercó una propuesta de “arreglo” al gobierno nacional. La carta lleva la firma del vicepresidente del fondo, Jay Newman, y fue entregada al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. Quien ofició de correo fue Mariano Mera Figueroa. Abogado de un modesto bufete, hijo de un ex ministro de Carlos Menem, primo hermano del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, ex candidato a jefe de gobierno porteño por el menemismo y ex candidato a presidente de River Plate, su mayor éxito político fue conducir el club Juventud Antoniana de Salta, cargo que debió abandonar en medio de un escándalo por manejo de fondos. La propuesta del fondo buitre que Mera le transmitió al Gobierno consistía en aceptar la quita del 40 por ciento establecida por ley, pero con un detalle: sumar a la operación de canje unos dos mil millones de dólares que el fondo aportaría a YPF como muestra de “buena voluntad”. Como esa primera carta no obtuvo respuesta, el fondo remitió otra el 31 de agosto, donde ratifica al joven abogado como su intermediario.

¿Cómo terminó este dirigente político doméstico de segunda línea envuelto en una intrincada trama internacional? La versión Mera de la historia se inicia en la Universidad Ben Gurión, de Israel. Allí, en medio de un viaje a Tierra Santa, habría conocido al hijo de Singer, que trabajaba para el fondo familiar coordinando negocios en un kibutz. Mera jura que no sabía que el joven Singer era hijo del titular del fondo, que recién supo del parentesco hace tres meses, cuando fue convocado por el padre de su amigo a Nueva York. En la Gran Manzana, papá Singer le propuso mediar una solución con el Gobierno. “Está arrepentido de no haber participado del canje y tiene buena voluntad para arreglar”, resume ante Veintitrés.

–¿Por qué justo ahora?

–Él reconoce que a (Néstor) Kirchner no le creyó, y pensó que el país no era viable. Ahora observa que quienes están en crisis son los países centrales, fundamentalmente los europeos, y tiene el deseo de solucionar esta situación con el país.

–Llama la atención que la propuesta sea simultánea al embargo de la fragata.

–Desde ya le digo que Singer no tiene nada que ver con eso. Ahí hay cuestiones que exceden el planteo económico que hace el fondo. Son cuestiones de política internacional.

–…

–Mire, Ghana integra el Commonwealth (acuerdo de beneficios comunes entre el Reino Unido y sus ex colonias), de modo que no sería extraño que detrás del tema de la fragata se esconda una represalia del gobierno británico por la postura que la Argentina tiene sobre Malvinas.

–¿Y cómo explica que la Marina haya cambiado el itinerario para incluir a Ghana?

–El oficial que hizo eso debe ser juzgado por traición a la Patria, esa es mi opinión.

Otra curiosidad: la tesis de Mera, que le adjudica responsabilidad a Gran Bretaña por el contratiempo de la fragata, coincide con un dato revelado por Verbitsky, el periodista que descubrió el affaire. El martes 9, el capitán ghanés a cargo de Tema le deslizó al capitán de la fragata que ellos harían la vista gorda si el buque decidía emprender una fuga. Para esa fecha, se dirigía al puerto de Tema el destructor HMS Edinburgh, que había zarpado cinco días antes de Casablanca para realizar tareas de interdicción antipiratería y antinarcóticos en las costas africanas. Su destino final era las Malvinas, donde reemplazaría al HSM Dauntless. Pero antes se abastecería en el puerto de Ghana, donde estaba previsto su arribo para el jueves 11. Es sencillo imaginar qué hubiese ocurrido si la fragata argentina en fuga hubiese sido capturada por un buque botado por un astillero británico.

No hay constancias de que los múltiples tentáculos de Singer operen sobre la Royal Navy, pero eso no desminuye su influencia. El financista es uno de los principales asesores del candidato presidencial republicano estadounidense Mitt Romney. Según publicaron diversos medios estadounidenses, Singer le garantizaría a Romney sumas millonarias para la campaña a cambio de futuros favores si llegara a la Casa Blanca. Los vínculos de Singer con los republicanos no son nuevos. Un beneficiario de sus aportes es el senador de origen cubano Marco Rubio, electo por Florida, quien el año pasado promovió el bloqueo de préstamos del BID y el Banco Mundial para la Argentina. Esa maniobra fue a modo de “represalia” porque la Argentina “no cumple con sus acreedores norteamericanos”, léase con los tenedores de bonos o ex accionistas de empresas concesionarias de privatizaciones que recurrieron al CIADI exigiendo indemnizaciones.

Singer también creó el grupo American Task Force Argentina para hacer lobby contra el país. Puso al frente del denominado ATFA a Robert Shapiro, quien se encargó de trasladar hasta el hotel donde se alojó la Presidenta durante su última visita a Nueva York y hasta las puertas de la Universidad de Harvard los reclamos de los fondos buitres. El director ejecutivo de ATFA, Rober Raben, y la copresidenta de ese grupo de lobby, Nancy Soderberg, ex embajadora de la ONU y asesora del ex senador Edward Kennedy, son las voces que se alzan con más frecuencia contra el país en defensa de los fondos rapaces. En 2011, antes de que el Parlamento norteamericano tratara el veto de nuevos créditos para la Argentina, Soderberg afirmaba que la votación era “otro mensaje al gobierno argentino de que la continua evasión de sus responsabilidades a la comunidad internacional no será tolerada”. Se trata de la misma mujer que el 2 de octubre pasado, en un artículo publicado en Harvard Crimson, reclamó la renuncia de CFK.

Justamente fue en Harvard donde “el becario de derecho Tomás Pérez Alati” se puso al frente de la protesta organizada contra la Presidenta. Incluso añadió –en tono de denuncia y apuntando al llamado cepo cambiario– que “se mantiene con su tarjeta de crédito porque no lo dejaron comprar dólares”. El becario es hijo de José Pérez Alati, socio de José Alfredo Martínez de Hoz Jr. y Mariano Grondona (h.) en el estudio que representó a empresas argentinas que litigan contra la Argentina en el CIADI. Las conexiones rozan a varios estudios jurídicos locales que representaron a tenedores de bonos. Entre ellos Liendo & Asociados, que intervino en las negociaciones para la creación del Mercobank a fines de los ’90 presidido por el cavallista Horacio Tomás Liendo (h). Su padre, el general Horacio Tomás Liendo, fue ministro del Interior y de Trabajo durante la dictadura y quien le abrió las puertas de la función pública al ex ministro de Economía Domingo Cavallo.

La otra consultora con amplio poder de lobby es el Estudio Jurídico Zang, Bergel y Viñes, integrado por Saúl Zang, Salvador Bergel, Ernesto Viñes y Juan Quintana. Como asesores externos o desde los directorios de distintas empresas, estos abogados ponen a disposición de sus clientes una sofisticada ingeniería jurídica con poder de lobby para garantizar éxito en la resolución de conflictos. El estudio Zang, Bergel y Viñes intervino en el pasado en las privatizaciones de la Caja de Ahorro y Seguro, de Aguas de Córdoba y de YPF. Poco después, el titular del estudio, Ernesto Viñes, fue nombrado director de YPF cuando se vencieron las acciones clase C que pertenecían a los ex trabajadores de la petrolera estatal, sin reconocerles ningún pago. El 21 de julio de 2007, Griesa trabó un embargo en Nueva York sobre unos 86 millones de dólares del Gobierno pertenecientes a un fondo fiduciario integrado con acciones que el Estado mantenía en el Banco Hipotecario. Un fiduciario que era resabio del menemismo. Entonces, fuentes ligadas al caso, citadas por el diario La Nación de ese día, informaron que “el asesor legal de ese grupo (al que se lo asociaba con un gran fondo buitre) es el abogado Martín Paolantonio, ex socio del Estudio Zang, Bergel & Viñes y especialista en obligaciones negociables del país”.

Abogados, políticos, magnates, medios, buitres. Las conspiraciones, aun las espontáneas, son así. Tarde o temprano se les ven los hilos.

Cronología de un naufragio

1/10 La Fragata Libertad hizo puerto en Tema, Ghana, y se ofreció una recepción a bordo.

2/10 Fue retenida en Ghana a pedido de un abogado representante del fondo buitre NML, timoneado por Paul Singer.

289 marinos argentinos permanecen varados en Ghana. El Estado argentino gasta 50 mil dólares diarios en cargas portuarias.

13/10 El gobierno argentino envió a los viceministros de Defensa, Alfredo Forti, y de Relaciones Exteriores, Eduardo Zuaín.

Sábado, 20 de octubre de 2012