Los medios informativos destacan que los 18 meses de retención a un inmigrante irregular supera la pena que se impone por robo violento.

América Latina se moviliza y toca a rebato con el fin de hacer un frente común para rechazar la polémica ley de expulsión de indocumentados aprobada por el Parlamento europeo. En este continente se recibió con rabia y decepción la decisión de la UE de criminalizar a los sin papeles.
Los latinoamericanos están preocupados por los millones de inmigrantes que viven en Europa en forma irregular y se comparte la convicción de que se avecinan "tiempos difíciles" para los compatriotas que residen en Europa en forma precaria. El repudio a la ley de la UE se extiende país por país. Varios gobiernos toman acciones contra la normativa y anuncian que elevarán sus quejas a instituciones internacionales, como la ONU y el Mercosur.
Telesur, el canal continental que financia el presidente Hugo Chávez, encabezó sus espacios informativos con una frase elocuente: "Latinoamérica de pie contra ley migratoria de la UE que encarcela y expulsa menores".
La decisión de la UE fue muy mal recibida en Ecuador. Su presidente, Rafael Correa, fue el primero en expresar su enojo. Anunció que impulsará un frente latinoamericano para rechazar la iniciativa. "Ya hemos iniciado contactos a nivel regional para lograr un frente común con miras a protestar contra esta agresión a los derechos humanos. Esperamos dar una respuesta conjunta y concreta con toda América Latina", recalcó Correa. Y subrayó: "Unidos somos más fuertes y podemos exigir nuestros derechos frente a una ley que es una vergüenza".
España es, después de EE.UU., el país con mayor número de inmigrantes procedentes de América Latina: cerca de dos millones viven de forma "legal" en nuestro país. Los cálculos de las organizaciones de inmigrantes y de las propias autoridades estiman que hay más de 850.000 personas en situación irregular.
Según datos oficiales, más de un millón y medio de ecuatorianos residen fuera de su país, casi la mitad de ellos en España y un 10 por ciento en Italia. Otras fuentes señalan que los emigrantes ecuatorianos superan los dos millones y medio. Las autoridades consulares españolas en Quito dijeron a este corresponsal que un millón de ecuatorianos podrían llegar a España gracias al reagrupamiento familiar.
Unos 500.000 bolivianos viven en Europa, la mayoría en España, de los cuales apenas 65.000 están en condición regular. Sólo en España se encuentran unos 100.000 paraguayos, la mayoría sin permiso de trabajo. Más de 500.000 colombianos residen en nuestro país; 116.000 peruanos viven en España y otros 105.000 en Italia.
El vicecanciller de El Salvador, Eduardo Cálix, informó que Centroamérica buscará un trato preferencial para sus inmigrantes en la UE en el marco del Acuerdo de Asociación que negocia con Europa.
El presidente venezolano Hugo Chávez amenazó con suspender los suministros de petróleo a los países europeos que ratifiquen la repatriación de inmigrantes indocumentados. Chávez dijo que "al menos nuestro petróleo no debe llegar a esos países" que pongan en práctica la normativa. Además, advirtió que al país europeo que aplique la regulación ordenará que "retornen sus inversiones" a Europa. Chávez hizo en el anuncio durante un acto en el que estaba presente el presidente electo del Paraguay, Fernando Lugo.
Según fuentes diplomáticas argentinas, los cancilleres de los países que integran el Mercosur –Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay- promueven un pronunciamiento conjunto ante la UE, que se suscribiría el 1 de julio próximo en la reunión de jefes de Estado que se realizará en la ciudad argentina de Tucumán.
Los gobiernos y los parlamentos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Uruguay y Paraguay criticaron en duros términos la medida. Colombia y Chile se mostraron más mesurados.
En sintonía con los países de América Latina, Argentina rechazó con firmeza la nueva directiva de la UE. El gobierno de Buenos Aires dijo que "establecer restricciones, incluidos largos períodos de detención e impedir la libre circulación de personas por motivos de origen étnico, religión, ideología, género, edad o calificación constituye una violación de los derechos humanos fundamentales. Emigrar no es un delito".
Brasil lamentó "una decisión que contribuye a crear una percepción negativa de la emigración y va en el sentido contrario al de una deseada reducción de obstáculos a la libre circulación de personas".
El presidente boliviano Evo Morales, planteó aplicar el visado a los europeos como una medida de reciprocidad. En una carta a la UE, recriminó a los políticos europeos por haber usado a los inmigrantes como mano de obra barata y ahora los condenan a volver al hambre y a la desesperación.
En Montevideo, la Cámara de Senadores de Uruguay declaró su rechazo a una decisión que consideró "constituye una violación a los derechos humanos básicos". Además, expresó que la norma es una "flagrante incongruencia de la UE que nutrió de inmigrantes a Latinoamérica y que se ha beneficiado de la capacidad de trabajo, de la honestidad y el esfuerzo de los inmigrantes".

Jueves, 19 de junio de 2008