Para mañana viernes, se tiene previsto que sesione el Concejo Deliberante a fin de tratar un proyecto de ordenanza, presentado por el Concejal Marcelo Cuevas, que trataría de declarar la emergencia sanitaria en la ciudad de Paso de los Libres por el término de un año.

El proyecto en cuestión ordenaría al Ejecutivo a que se constituya ante la justicia a fin de solicitar un amparo judicial ante la situación que vive la ciudad, que se encuentra prácticamente sin agua, en alguno sectores ya hace mas de una semana que no hay durante las 24 hs., a fin de no abonar las facturas que envía la empresa Aguas de Corrientes y evitar los cortes por falta de dicho pago.

En este punto seguramente se dará parte del debate ya que es sabido por todos, al menos este cronista lo cree así, que está prohibido por Ley en corte del suministro de agua potable, ya que constitucionalmente es un bien vital e imprescindible para la vida, por lo que está autorizado es reducir el paso del agua pero sin cortarlo del todo, aunque esto es así la empresa cotidianamente y violando la ley efectúa los cortes, ante la pasividad de las autoridades comunales, las cuales deberían haber efectuado las acciones judiciales correspondientes para evitar ese abuso por parte de Aguas de Corrientes desde hace mucho tiempo, y no es esta gestión solamente, el tema data de mucho mas atrás.

Otro de los temas que seguramente llevará al debate es que se indicaría al Ejecutivo que inicie las acciones legales tendientes para determinar la inacción del Ente Regulador al no efectuar los controles correspondientes para que Aguas de Corrientes brinde el servicio determinado en el pliego de Concesión, en este sentido se indica también, en el proyecto, que se podrían iniciar acciones legales, contra los funcionarios provinciales, por mal desempeño en sus funciones a quienes resultares responsables. En este punto también se trataría de incluir que también el Concejo Deliberante podrá iniciar esas acciones por mal desempeño también a los funcionarios municipales que incumplan con lo ordenado en esta Ordenanza, habida cuenta que generalmente desde este ejecutivo se tiende a incumplir las Ordenanzas emanadas del órgano legislativo.

Otra de las cuestiones que toca el proyecto es la situación de las aguas cloacales sin tratamiento adecuado, esta cuestión es de responsabilidad compartida, ya que desde la comuna se evita accionar contra los vecinos que desaprensivamente arrojan aguas servidas a la calle a pesar que tiene el servicio de cloacas, razón por la cual es común ver en las calles céntricas correr el agua servida por los cordones cuneta, o los vecinos del centro que siguen con sus cloacas conectadas al arroyo Esperanza que desemboca en el mismo medio de la costanera, contaminando toda la playa, al igual que no son pocos los barrios del Invico que arrojan sus aguas servidas directamente al Arroyo la Despedida que desagua pocos metros antes que el comienzo de la zona de la Costanera libreña, ante la inacción del ejecutivo municipal que nada hace para remediar esa situación que justamente complota contra la salud de la población, al igual que el tratamiento inadecuado que brinda la empresa prestatarias del servicio a los efluentes cloacales, arrojándolos casi en crudo a las aguas del río Uruguay.

Decididamente mañana los ediles tendrán que ponerse la camiseta del pueblo, e inclusive incluir en dicho proyecto que el Ejecutivo inicie todas las acciones correspondientes para que desde la justicia se le ordene a la empresa a que no interrumpa el servicio cuando se dan los cortes de energía, para ello deberá intimarla a que coloque grupos de generación de energía para esos momentos, y si el argumento empresarial sigue siendo que por contrato la encargada de brindarle la energía es la DPEC, determinar que dicho argumento por diferencias contractuales no pueden ser soportadas por toda la población que nada tenemos que ver en el asunto, en este caso debería actuarse como en la ciudad de Mercedes, cuando a principios de año un Juez ordenó a la empresa a colocar un grupo generador y que la misma se arregle con la DPEC, pero no se podía tener de rehenes a toda una población por un ahorro de algunos miles de pesos.

Es definitivamente la hora que se legisle en defensa de nuestro pueblo y no en busca de réditos políticos, en esta situación todos tenemos parte de responsabilidad, el gobierno de la provincia por no controlar a la empresa, la empresa por violar constantemente el convenio y atentar contra la salud de la población, las autoridades municipales por tolerar estos atropellos y actuar cuando los reclamos de la gente los comienza a molestar, y la gente, nosotros, por aguantar tanto sin protestar y esperar que siempre sea otro el que solucione nuestros problemas.

Llegó la hora de que nos hagamos sentir ante los poderosos, y para ello es necesaria la conjunción del compromiso de nuestras autoridades y la convicción de un pueblo que no quiere seguir siendo atropellado, pues los pueblos son por excelencia pacíficos pero la paciencia tiene un límite y el mismo esta muy cerca, es un llamado de atención a los empresarios y las autoridades.