Dos hijos del ex comisario Mario Oscar “Malevo” Ferreyra, quien se pegó un tiro en la cabeza, reclamaron una indemnización por 600 mil pesos por supuesta “instigación al suicidio”.

La causa fue radicada en la Justicia provincial contra los 22 efectivos de la Gendarmería Nacional que fueron a detener a Ferreyra, la secretaria de Derechos Humanos del Juzgado Federal 1, Virginia Duffy, el juez federal subrogante, Daniel Bejas, la vocal del Tribunal Oral Criminal Federal, Alicia Noli, y la abogada de organismos de derechos humanos, Laura Figueroa. Alain y Martín Franco Ferreyra, los hijos del ex comisario, interpusieron una denuncia penal ante la fiscala María de las Mercedes Carrizo, una acción civil resarcitoria por “los daños y perjuicios ocasionados” y reclamaron el rol de querellantes en la causa.

Los hijos de Ferreyra vincularon a todos los acusados con la decisión de su padre de quitarse la vida al verse cercado por la Gendarmería en su casa del paraje rural San Andrés. El operativo de detención fue ordenado por el juez Bejas e instrumentado por Duffy, a pedido de la abogada Figueroa, en el marco de la investigación por la existencia de un centro clandestino de detención en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga.

Los hijos de Ferreyra recordaron que el ex comisario, días antes del descenlace, vinculó esta causa con intereses económicos para el cobro de las indemnizaciones por detenidos desaparecidos de la década del 70. “Esta tremenda injusticia presionó tanto a mi padre que lo indujo al suicidio”, señalaron los hijos del “Malevo”. Además, señalaron en su escrito que “las personas querelladas son las responsables directas de haberlo inducido, produciendo la eutanasia de un ser necesario para nuestra sociedad, que es cada vez más violenta e injusta”.

La instigación o ayuda al suicidio implica en términos legales determinar directa y dolosamente a otro a quitarse la vida, y tiene una condena de uno a cuatro años de prisión. Ferreyra, de 63 años, se mató de un tiro en la sien ante las cámaras de televisión cuando vio que los gendarmes habían ingresado a su propiedad para arrestarlo y someterlo a la justicia en una causa por aparente violación a los derechos humanos.

Sábado, 27 de diciembre de 2008