Corrientes (1-12-14): El Estado soy yo (Luis XIV - “L´État, c´est moi”)
Por Alberto Ruiz Diaz
El 10 de diciembre hará 13 años que el gobernador Ricardo Colombi implantó la subversión administrativa en Corrientes. Bajo ese cobijo, la Dirección Provincial de Energía (Dpec) fue objeto de un desmanejo cuya escala ningún gobierno anterior se atrevió a tolerar y cuya continuidad la llevó a la quiebra. El caso es que esto sucedió mientras las cuentas públicas tuvieron la gran holgura de los últimos años; o tal vez esto último haya sido el motivador. Ahora la Dpec se halla en manos de una “nueva” Intervención a cargo del Ministro Vaz Torres, el que obviamente trata de disimular las causas de la quiebra y trasladar el costo al pueblo.

Viene al caso preguntarse si la ruina de una administración pública se debe a la infracción del orden administrativo o si también obedece a otras causas. Hace veinte años el Invico (intervenido) hizo y entregó más viviendas que el Invico actual, intervenido y con mucho recurso económico. También la Dpec intervenida logró la “bajada” de la energía de Yacyreta, tras una pulseada contra el negocio energético privatizado de los ´90 encarnado por Domingo Cavallo y desde 1998 la ET de Paso de la Patria alivió el suministro de energía al sistema eléctrico de Corrientes. Esos casos refieren, a modo de espejo, cómo diversas maneras de gestionar pueden legitimarse o deslegitimarse, con independencia de su origen o forma jurídica. Una clave es que veinte años atrás, para hacer viviendas de Invico la patria contratista tuvo que “ajustarse el cinto”, en cambio ahora le agregaron tres agujeros al cinto porque Invico paga más, aunque hace menos viviendas.

Hace pocos días este cronista entrevistó a un ex funcionario que participó del emprendimiento del Hospital Pediátrico respecto de las versiones de ilegalidad en el uso de los terrenos, que en aquellos tiempos nos había causado indignación a los peronistas por la casi profanación de un símbolo de la justicia social como es el Hogar Escuela. El ex funcionario, luego de relatar algunos avatares y desde la perspectiva del tiempo transcurrido, reflexionó: “en el pediátrico se hicieron las cosas bien porque no había nada para robar”. Rescato ese concepto, primero porque lo dijo sin hipocresía ya que su comentario completaba la idea de que fue una decisión política del gobierno meterle para adelante, y segundo porque en ese orden de ideas, cuando “hay para robar”, las cosas suelen hacerse mal, como en la Dpec del Siglo XXI.

Legitimarse o deslegitimarse

La legitimación del accionar de una intervención viene de la mano de haber resuelto o no las problemáticas. El ejercicio del poder requiere legitimidad, puesto que si es percibido como ilegítimo, será desobedecido, salvo que se obtenga obediencia por medio de la violencia del Estado o del gobernador. La legitimidad se podría entonces definir desde dos perspectivas: la de los usuarios de luz (que obedecen y pagan) y la del que manda (Colombi) que quiere manos libres y, asumiendo que merece confianza, interviene a la Dpec con sus personeros en vez de nombrar un Directorio responsable, colegiado e idóneo, conforme a la Ley.

Desde la perspectiva del usuario será legítima (o tendrá legitimidad de ejercicio) aquella intervención que, aún sin legalidad, ejerce su cargo cumpliendo los requisitos que los usuarios creen que debe cumplir; no es mucho: 1º) luz en los hogares y en los lugares de trabajo; 2º) pagar la cantidad de electricidad medida como corresponde, no injustamente ni como se le ocurre al empleado; 3º) energía de calidad, sin saltos entre 160 y 250 volts, que arruinan aparatos domésticos (y que el usuario no lo podrá probar). Hasta aquí es lo que se entiende por el bien común. Se podría también aspirar a un ambiente de premios y castigos en el que la autoridad persiga a quienes no pagan la luz (colgados) y con mayor firmeza a quienes pueden pagar, tal como está ordenado en el Reglamento de la Dpec que, sin explicación, no se cumple.

Ante una futura auditoría externa sobre las pérdidas de energía, con la posibilidad de que sean transparentadas (30.000 medidores que serán auditados fueron recibidos por la Dpec), la nueva Intervención necesita lógicamente disimular lo inocultable: que las pérdidas de energía son altísimas, aunque están maliciosamente disminuidas desde 2008 por una maniobra que, casualmente, favorecía a Urbatec. A su vez la delincuencia ingenieril de la Dpec podría intentar blanquear las altas pérdidas y de paso borrar las huellas del fraude; por ejemplo, con la excusa del nuevo cuadro tarifario podrían vaticinar que, debido al próximo aumento de tarifa las pérdidas se irán para arriba porque la gente va a robar más (es una suposición). Lamentablemente en el Juzgado de Instrucción Nº 1, habiendo una investigación por las pérdidas de energía, no se puede establecer cuánto es lo que se dejó de facturar por ese motivo y cuánto se pagó (o se adeuda) por las multas originadas en esa infracción (este cronista ya lo ha calculado con aproximación).

El gobierno a su vez difundió la información de que “el costo energético dependerá del recorte de los subsidios nacionales”, lo cual es una verdad a medias, pues el costo de la tarifa de la luz dependerá TAMBIÉN del valor agregado por la Dpec (VAD) o sea el costo de comprar a Cammesa más el VAD que incluye las pérdidas de energía o sea, el “costo kiosco”, o sea si dejás que te roben la mitad de los caramelos y chocolatines tendrás que cobrar el doble que el kiosco de la otra cuadra (o cerrar para no fundirte). La cuestión es que los usuarios no tenemos un kiosco en la otra cuadra para que nos suministre la electricidad.

La problemática no se resolverá en el corto plazo, vale decir que a trece años de implantarse el manejo vía Intervención administrativa, no solo es ilegal sino también deslegitimada y, hasta que se demuestre lo contrario, el gobierno de Ricardo Colombi arruinó la Dpec y el pueblo de Corrientes soporta la consecuencia.-

Lunes, 1 de diciembre de 2014