CVorrientes (8-12-14):
Por María Inés Fagetti
En febrero de este año 2014 comenzó a regir en Santa Fe el nuevo Código Procesal Penal. Jorge Obeid impulsó su sanción en 2007; Binner dió el impulso para su implementación y lo continuó Bonfatti, quien en un comunicado oficial, donde dio a conocer el decreto que reglamentó la reforma, expresó lo siguiente: “A partir del 10 de febrero la administración de Justicia Penal en Santa Fe no volverá a ser igual. Las decisiones judiciales se tomarán de cara al ciudadano, no en la soledad de la oficina de un juez u ocultas entre las páginas de un expediente, sino en una audiencia oral y pública”.

En Río Negro, el 30 de octubre pasado se aprobó la reforma del Código Procesal Penal (que entrará a regir en 2017) por impulso del Gobernador de la Provincia, Alberto Weretilneck, quien señaló que “El Estado debe garantizar un Poder Judicial que se encuentre en condiciones de otorgar vigencia efectiva y permanente a las normas que sustentan nuestro sistema jurídico. Hay que darle al sistema las herramientas necesarias para impartir justicia en tiempo y forma"

En la Provincia de Buenos Aires el Gobernador Daniel Scioli impulsó en 2008 una reforma al Código Procesal Penal y una vez sancionada manifestó sobre la cuestión que como titular del Poder Ejecutivo le compete "el compromiso de sumar los esfuerzos con inversiones, con refuerzos en tecnología, contribuyendo a la modernización del Estado y que ésta llegue especialmente al Poder Judicial". Y más aún, en 2012 el propio gobierno bonaerense presentó el proyecto de ley que propone instalar en el ámbito del fuero penal provincial el mecanismo de Juicios por Jurados, y que hoy está en plena vigencia.

Estas experiencias se repiten en otras provincias, tanto en las que hay códigos procesales penales de “primera generación” (además de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Catamarca y Mendoza) como las que tienen Códigos de “segunda generación” (además de Santa Fe y Río Negro, los de Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Pampa y Santiago del Estero).

Pero bastan los tres primeros ejemplos para demostrar que en todos los casos fueron los propios Gobernadores quienes asumieron la necesidad de la reforma como una política de Estado que trasciende los partidos políticos.

Lamentablemente eso no sucedió en Corrientes, y esa es la causa fundamental por la que se ha perdido por otro año más, como viene sucediendo desde 2004, la oportunidad de desterrar un Código Procesal Penal absolutamente vetusto, inconstitucional e ineficiente.

Una breve reseña histórica demuestra nuestra premisa.

En junio de 2004 el Superior Tribunal de Justicia remitió a la Legislatura un proyecto que fue elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales –INECIP- Delegación Regional Corrientes. Aquel proyecto originario fue sometido en múltiples ocasiones a un amplio debate con todas las organizaciones e instituciones interesadas y relacionadas al tema en cuestión, tanto de los sectores académicos, sociales y gremiales con los que incluso se consensuaron algunas modificaciones en aquellas jornadas de trabajo. Lamentablemente, ese proyecto caducó por imperio de la Ley 4513 y en consecuencia fue remitido al Archivo.

El Proyecto fue presentado nuevamente en los años 2006, 2008 y 2010, oportunidades todas en las que no se les dio tratamiento.

El 29 de septiembre de 2011 obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados un nuevo proyecto. En esa ocasión se votó por unanimidad y a libro cerrado el texto que propuso la Comisión Redactora designada por el propio Cuerpo, integrada por los Dres. Jorge Buompadre (Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Unne), Alejando Chaín (Ministro del Superior Tribunal de Justicia), Buenaventura Duarte (vicepresidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios), Juan Ramón Alegre (Asociación de Profesores de Derecho Procesal Penal) y María Gabriela Aromí (Inecip).

Pasó entonces al Senado, donde desde el Ministerio de Gobierno se reclamaron modificaciones: el propio Ministro Valdez actuó como representante de la resistencia policial propiciando modificaciones innecesarias al capítulo de la Policía Judicial, tanto que en una reunión con la Comisión de Legislación del Senado reaccionó furibundo con el vergonzoso argumento que a la policía no le iba a gustar el Código y no lo iba a querer cumplir. Tengo testigos.

En ese entonces, nadie podía ignorar que no resultó fácil lograr la voluntad de todos los diputados para aquella histórica media sanción por unanimidad, después de muchos intentos fallidos durante siete años de debates, discusiones, lobbies de sectores de dentro y de afuera del poder judicial, y presiones varias.

No resultaba entonces difícil presumir que devolver el proyecto con modificaciones a la Cámara de origen era una manera de frenar la sanción. Las presiones y lobbies pasarían de nuevo a Diputados, donde la otrora unanimidad ya no sería factible de lograr en el breve plazo fijado para la caducidad del proyecto. Y, para colmo, con un año electoral por delante.

Sin embargo, en el Senado se aceptaron las modificaciones requeridas por el Poder Ejecutivo (representado por Valdez) y el proyecto volvió a la Cámara de origen el 13 de septiembre de 2012. Al transcurrir el plazo fijado por la Ley 4513 sin que se le hubiera dado tratamiento, fue remitido al Archivo.

A principios de 2014 presenté nuevamente el proyecto del que soy sólo autora material, porque los autores intelectuales son los miembros de aquélla Comisión Redactora ya mencionada, incluyendo las modificaciones votadas en el Senado en 2012; ésta Cámara lo aprobó el 15 de mayo de este año y allá fue nuevamente a la Cámara de Diputados.

Es evidente que en todo el tiempo transcurrido desde 2004, el Gobierno Provincial no asumió en ningún momento su rol de generador de políticas de Estado, o no entendió que la necesidad de reformar el actual sistema procesal penal debería ser una política de Estado, como sucedió en las otras Provincias.

Además de no haber sido actor central del impulso a la reforma, también puso su granito de arena para obstaculizarla (como cuando permitió que el Ministro de Gobierno empujara modificaciones a un proyecto que pudo haber sido ley en 2012)

Recientemente, cuando el gobernador fue consultado sobre el tema en una entrevista en Radio Sudamericana, dijo que “todo lo económico juega en todos lados, en todos los aspectos. Eso también hay que preverlo, no, de dónde se van a obtener los recursos para poder poner en práctica este Código, de dónde se van a generar”, haciendo gala de un reduccionismo presupuestario que pretende que todos los problemas de la justicia se deben a la falta de medios materiales.

No puedo dejar de señalar también otro tipo de manifestaciones que no hacen sino pretender involucrar la cuestión del Código en la política partidaria, confundiendo a la opinión pública.

Hace unos días, en el ámbito de una reunión realizada en el Colegio de Abogados a fin de debatir desde lo jurídico algunos aspectos del proyecto con media sanción en tratamiento en la Cámara de Diputados, el Sr. Rodolfo Martínez Llano, arrogándose una representación política que no tiene (el Partido Justicialista no se ha expedido orgánicamente y además Martínez Llano no integra ninguno de los Órganos partidarios) y asumiendo una inexistente representación de los legisladores, pregonó “no hay acuerdo en la norma en sí, es perfectible, creo y así lo ha entendido mi partido no está maduro este consenso como para llegar a una norma que no sea peor el remedio que la enfermedad”…“Desde la política escuchamos las distintas posiciones y en el ámbito de la legislatura mientras esto no se ponga un poco más en claro, va a ser difícil que se logre el progreso, desde la política nosotros no vemos que haya habido un suficiente avance por eso no ha salido un dictamen, no era oportuno llevar al recinto una discusión que todavía no se ha saldado en términos académicos”.

Más llamativo aún resulta que el Fiscal Buenaventura Duarte, según una nota del Diario El Litoral del 6 de diciembre pasado, haya expresado que “en Corrientes el problema es político”, y “Espero que ahora reflexionen sobre el tema. Más aún los legisladores que son del mismo sector político que aprobaron” apuntando -según la nota periodística- “hacia la postura asumida por los legisladores provinciales del kirchnerismo cuyos pares nacionales acompañaron la reforma, mientras ellos critican a nivel local un sistema de idénticas características”.

No trato aquí de defender a unos ni de acusar a otros. Todos los legisladores somos responsables de que el sistema procesal penal de Corrientes siga violando expresas normas constitucionales. Pero debe quedar en claro que todos los inconvenientes, diferencias, falta de consensos, presiones, lobbies y excusas se superan rápidamente cuando hay decisión política de quien ejerce el Poder Ejecutivo. Si así fuera, ya estaría sancionado el Código hace tiempo, ya que al Gobernador le basta instruir a los legisladores oficialistas –que son mayoría en ambas Cámaras- para que voten favorablemente, sin siquiera necesitar los votos de la oposición. Que por otra parte es desde donde siempre hemos impulsado el proyecto desde el año 2004, y hemos votado en bloque a favor del nuevo Código en el Senado en 2012.

Martes, 9 de diciembre de 2014