Corrientes (7-4-15): Miles de usuarios de la Dirección de Energía de Corrientes (Dpec) rechazan el incremento del Cargo Fijo. En Santo Tomé la jueza Civil y Comercial hizo lugar al amparo colectivo presentado por más de 7.000 personas para frenar el aumento, pero lo hizo recién el 1º de abril con una demora de dos semanas y sin resolver sobre la medida cautelar; parecido resultado tuvo en Corrientes el amparo colectivo presentado por la Defensoría del Pueblo en el juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº 1. Se dice que el Gobierno pretendía una demora hasta después de Semana Santa, por si los Diputados aprueban un proyecto de adhesión a la ley nacional de Per Saltum, que en su versión provincial `saltaría´ sobre los incómodos jueces que conceden amparos y le servirá para defenderse de las asambleas populares, lo que no es una suposición desatinada ya que en Paso de los Libres, tras una medida autosatisfactiva presentada en la Justicia por más de 2.000 afectados contra los continuos cortes de luz la Dpec promovió ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) un recurso de Per Saltum el cual, si bien no tuvo acogida favorable, revela los extremos que sería capaz de intentar algún aventurero.
Por Alberto Ruiz Díaz



El hecho en sí no merecería mucha lata si no fuera porque el proyecto de Per Saltum establece el inmediato avocamiento del STJ con la simple presentación del recurso extraordinario, cancelando con ello las instancias inferiores sin siquiera dar traslado a las partes interesadas, lo cual es verdaderamente alarmante toda vez que el Ministro Vaz Torres o cualquier mandadero podría frenar una acción colectiva con la sola presentación ante el STJ y así ganar tiempo, por no decir eternidad. Tal aberración podrá suceder en el caso de ser aprobada la ley como vino del Senado, pues sería una virtual clausura de los derechos colectivos canalizados por vía judicial, como por ejemplo los amparos contra el tarifazo de la luz.

Las acciones judiciales colectivas son un derecho constitucional del pueblo para protección ante los abusos y la arbitrariedad. Lo que suceda en la Legislatura con el proyecto de Per Saltum merece ser vigilado atentamente por actores sociales y políticos, porque después de la Justicia no hay nada por vía pacífica. El tarifazo actual es una muestra y una prueba categórica de la artera pretensión de trasladar al pueblo las deudas que la administración colombi le hizo contraer a la Dpec de modo irresponsable. La deuda más representativa asciende a unos $500 millones por multas impagas que le fueron aplicadas por Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) porque se le pierde más de la mitad de la electricidad que recibe.

La naturaleza de la crisis energética hace suponer que su arreglo va para largo y podría ser demorado e incluso dificultado por viejas complicidades de la línea gerencial de la Dpec. Por ejemplo nadie ignoraba que el costo más importante era y es la pérdida de energía. En el Distrito Capital se perdía el 40,05% en 2003; el 43,51% en 2004 y el 45% (estimado) en 2005. A modo de `alertas rojas´ los informes públicos y notorios estaban presentes; en octubre de 2006 el Gobierno se refirió al “nivel de pérdidas (técnicas y no técnicas) que exhibe el Servicio Eléctrico Provincial, que ronda el 40%” (Decreto 1856/06); en junio de 2007 la Intervención Dpec programó $ 3 millones en la Capital y $ 3 millones en el interior para la Sistematización antifraude en Redes de Baja Tensión por “Altos niveles de pérdidas no técnicas” basado en probables sanciones monetarias del MEM (Resolución Nº 530/07).

En junio de 2008 la propia Dpec se había comprometido ante la Secretaría de Energía de la Nación a ejecutar programas de reducción de Pérdidas de Energía, debido a la necesidad imperiosa de evitar precios diferenciados y sanciones monetarias. Sin embargo, no obstante la aplicación de multas que acarrearía el incumplimiento de dichos programas, todo quedó en agua de borrajas durante la asistencia técnica de Urbatec iniciada en 2007, cuyo contrato estaba atado a los supuestos resultados (según la fórmula ficticia que le había concedido el Gobierno de ocasión) y, obviamente era más fácil dibujar una reducción de pérdidas que reducir las pérdidas en el terreno. Ese clima de negocios fue propicio a la obsecuencia bien remunerada de la línea gerencial del ente público, que se dedicó con pasión a maquillar las pérdidas reales de energía y otros parámetros que beneficiaban la facturación del contratista y su permanencia en el negocio de la privatización.

En 2009, desalojada la empresa privatizadora, la línea gerencial no podía ignorar que la Auditoría para CAMMESA llevada a cabo en el mes de julio halló `Pérdidas Totales´ de 42,62%, 44,04% y 49,30% respectivamente para los años 2005, 2007 y 2008; sin embargo a pesar de todas las evidencias la ficción continuó sostenidamente en la Dpec porque, en opinión de este cronista, era funcional a cubrir la retirada de la privatizadora.

Desde 2010 el ente distribuidor de energía fue virtualmente dirigido por el Ministro de Hacienda de Corrientes secundado por la línea gerencial que había participado de la `fiesta´ que llevó a la debacle y, como no podía ser de otro modo, las pérdidas de energía aumentaron. Ahora el Interventor mandato cumplido utiliza la experiencia gerencial para que la consultora de su hijo le diga qué hacer (y cobre por eso). En 2015 ya hay unos $ 500 millones de multas por pérdidas de energía. Los datos duros desmienten algunas excusas por el tarifazo.-

Martes, 7 de abril de 2015