Corrientes (5-5-15): La impunidad del tarifazo en las últimas facturaciones de la Dirección de Energía de Corrientes (Dpec) cabalga sobre la maña de mantener en secreto algunos actos de gobierno, en este caso el nuevo cuadro tarifario, ya que su ocultamiento impide lo más elemental como es conocer si la facturación de la luz es justificada o injusta, legal o ilegal, de derecho o de facto. Ante esa incógnita el usuario queda forzado al reclamo a ciegas o a resignarse sin saber qué cosa el Estado le pretende cobrar.
por Alberto Ruiz Diaz


El secreto es una cuestión de Estado, al menos en el caso del nuevo cuadro tarifario, casi tan secreto como el endeudamiento de la Dpec o las Cuentas de Inversión del gobierno. Una clave del secreto podría ser la no existencia de un cuadro tarifario propiamente dicho reemplazado por pruebas al tanteo con formulas experimentales a modo de “globos de ensayo” para medir la tolerancia popular. Esta sospecha se basa en la falta de publicidad del cuadro tarifario vigente y en la evidencia de montos diferentes en “cargo fijo” y “precio por kWh” en facturas sucesivas por consumos parecidos. Es obvio que, de ser comprobados, tales procedimientos constituirían una flagrante ilegalidad.

TARIFA 2008 CONGELADA POR EL GRAN BONETE

En 2015 se decretó el brusco tarifazo de la energía porque en Corrientes se halla retrasada desde el 2008, lo que habría sucedido por algún maleficio que el gobierno no alcanzó a identificar, pero lo que más impacta no es el aumento sino la inequidad en la facturación que perjudica en modo desparejo a muchos usuarios sin que se advierta una razón en los numeritos de la factura, lo cual revela una improvisación que el propio gobierno, lejos de aclarar intenta ocultar. Viene al caso recordar que la tarifa quedó “retrasada” en 2008 porque la Dpec se empecinó en no acatar un fallo judicial sobre la ilegalidad del cuadro tarifario (Nº 89) y siguió aplicándolo. En 2010 la tarifa seguía sin actualizar y ese mismo año la Sentencia N°127 del Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó la ilegalidad del primer fallo, pero la Dpec siguió aplicando el Cuadro Nº 89 sin actualizar la tarifa. En julio de 2013 la Suprema Corte Nacional dejó firme la ilegalidad del Cuadro tarifario Nº 89, pero en Corrientes se lo siguió aplicando.

El gobernador de la Dpec debería dar cuenta: a) porqué en 2010 tras la Sentencia del STJ siguió aplicando su tarifa de 2008 en vez de hacer una nueva y actualizarla; b) porqué su endeudamiento exigible llegó a $1.415.000.000; c) porqué no puede firmar la Convergencia tarifaria regional con la Nación para que los usuarios de Corrientes podamos gozar el beneficio de una tarifa normal congelada a 2014, como en otras provincias;

De cualquier modo, se rinda o no cuentas, la evolución sobre la deuda de la empresa pública de energía y sus responsables serán objeto de investigación por las nefastas consecuencias.

LA PRETENSIÓN DE MANEJARLO TODO

También se podrá poner la lupa sobre la legalidad o ilegalidad de que el gobernador dirija la Dpec por medio de interventores, utilizando una medida excepcional por una supuesta emergencia endémica porque así, sin solución de continuidad, se pasa de una medida excepcional a una permanente y de ese modo en la cúspide de la pirámide organizativa se halla el gobernador (Constitución – Art.162, inc. 18) y en la base, el ente público enviciado por la administración “de facto”, cuya víctima es el usuario de electricidad.

La pretensión de manejar todo también impactó en el Defensor del Pueblo, quien hizo público un ahogo financiero que sobrevino después del amparo judicial contra el tarifazo. Un vocero sin bozal sugirió públicamente que la Defensoría mande a pagar sus gastos a la Tesorería de la Provincia o sea, a buen entendedor, “que vaya al pie”. La extorsión como forma de gobierno no es novedosa; la interpretación corre a cargo de cada uno, pero al propio gobernador Colombi refiriéndose al Defensor se le atribuye haber manifestado “¿Qué ahogo financiero? Que lea lo que dice la ley” (sic)... lo cual es una gran curiosidad política pues la Constitución dice que la Defensoría del Pueblo es un órgano “instituido en el ámbito del Poder Legislativo, que actúa con plena autonomía funcional y autarquía financiera, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad” (Art. 139) y, como se sabe es muy delicado restar validez a principios constitucionales, acerca de lo cual cabe deplorar dos cosas: 1) que el oficialismo del Poder Legislativo guarde silencio sobre los derechos colectivos vulnerados por el Poder Ejecutivo con el tarifazo de la luz y que sea acompañado (en su silencio) por el Pejota del frente de Todos.- 2) que el ahogo financiero a la Defensoría del Pueblo sea lisa y llanamente una zancadilla al pueblo por hacer inviable el ejercicio de derechos colectivos establecidos en la Constitución. Así, alguien puede sospechar que este gobierno quiere hacer goles con la mano y que habría que aceptar la indefensión de los sectores populares. En ese caso habrá que vacunarse contra la desilusión y no achicarse ante la sensación de estafa, porque no es una sensación.-





Martes, 5 de mayo de 2015