Un tarifazo de la DPEC se convirtió en un verdadero saqueo a la economía de los usuarios. El aumento no baja del 100%. El bolsillo del pueblo deberá salvar el tremendo desbarajuste financiero de la dirección provincial de Energía (DPEC). La última joya de la abuela en serios problemas. Desde ayer comenzaron a llegar las boletas de energía del último consumo a viviendas y comercios, la actualización de los valores se compara con un verdadero “asalto a mano armada hacia los usuarios. Los aumentos van desde el 100 al 300 por ciento.

El bolsillo del pueblo deberá salvar el tremendo desbarajuste financiero de la dirección provincial de Energía (DPEC). La última joya de la abuela en serios problemas. Desde ayer comenzaron a llegar las boletas de energía del último consumo a viviendas y comercios, la actualización de los valores se compara con un verdadero “asalto a mano armada hacia los usuarios. Los aumentos van desde el 100 al 300 por ciento. Desde el advenimiento de la democracia allá por 1983, desde el periodo de la hiperinflación de Raúl Alfonsín que no se vive un saqueo de tamaña envergadura, cuando el costo de vida en números reales, no llega en la actualidad al 17% mensual. Puede haber una rebelión popular y una corrida hacia “expertos” en fraguar los medidores. La medida aplicada por la DPEC en un año de comicios, complica seriamente la figura del gobierno radical. Meterle la mano en la economía de la gente, es la peor de las campañas aseguran los analistas electorales. También hay datos extraoficiales que confirman que la actual gestión gubernamental, no pagó un solo peso de la deuda que la provincia mantiene con CAMMESA. Hay quienes creen que se aprovechó la coyuntura del incremento tarifario, con la idea de recaudar fondos destinados a cancelar cuotas vencidas de larga data con la mayorista del mercado eléctrico, ante amenazas de posibles embargos a recursos federales que recibe la provincia. Episodio ya sucedió años atrás, y que fuera frenado por un amparo ante la justicia.

Arturo Colombi regresó de sus vacaciones el martes y deberá timonear algo que para la conducción del ente energético, es irreversible. “Si damos marcha atrás, la DPEC quiebra”, se sinceró el interventor de la DPEC , Julio Espínola en declaraciones a radio Dos. “ La Dpec , como distribuidora de energía, tuvo que trasladar el aumento otorgado por la Subsecretaría de Energía en justa medida a sus usuarios. Si esto no sucede así, la empresa quiebra”, expresó con crudeza Espínola, intentando cargarle toda la responsabilidad del aumento a otro organismo. Como es costumbre, desde el Ejecutivo provincial se lanzará una andanada de reproches hacía la nación por el no envió de recursos que surgen de los excedentes de la represa de Salto Grande, ubicada en la provincia de Entre Ríos. Se volverá a recordar que a Corrientes se le adeuda más de 80 millones de pesos de esos fondos, lo que la perjudica seriamente en la continuidad de obras de envergadura energética, que al final de cuentas, no paliarían la suba del precio del kilowatt. El descontrol tanto político como económico que acarrea el organismo de la calle Junín desde hace décadas, sufriendo el saqueo de cada uno de las administraciones que se sucedieron, culmina en la mayoría de los casos, sucumbiendo la billetera de la ciudadanía. Por más que quiera taparse el sol con las manos, Corrientes es la provincia donde se paga la tarifa de luz más cara de país.

Aunque a mediados de los 90´ se acordó con la nación la privatización de la DPEC , siempre se impidió esa posibilidad. Una ley sancionada con ese objetivo, fue anulada hace poco tiempo.

LA BOLETA

A la historia solo hay que leerla, los sucesivos gobiernos en la provincia no supieron defender y aprovechar la soberanía territorial que significa tener implantada a la hidroeléctrica más grande de la Argentina , que genera alrededor del 40% de producción del mapa nacional. No hubo una política agresiva de desarrollo energético, y siempre se limitó a esperar las obras nacionales en la materia.

Empleados estatales que apenas alcanzan a los 1.100 pesos de salario de bolsillo por mes, recibieron como una bofetada facturas que superan los $350 mensuales, imposible de pagar. Algo así como, “o se come, o no se prende el aire”, una comodidad que ya pasó hacer una necesidad en una región donde se soportan temperaturas de hasta 40 grados. Desde APICC se advirtió la posibilidad de recurrir a la justicia para frenar la suba. Arturo Colombi deberá reunirse inmediatamente con sus asesores y empezar a bosquejar un proyecto de tarifa social. Una boleta menos cara. De lo contrario como lo aseguran los opinólogos de siempre, aquellas boletas que espera tener en las urnas en las próximas elecciones buscando su reelección, no serán de la misma envergadura que el aumento de la luz, que el mismo Arturo avaló mientras disfrutaba de playas brasileras.

La deuda con CAMMESA

Desde la llegada de la era colombina a Corrientes, previo gestión la tristemente célebre Intervención Federal de Ramón Mestre y Oscar Aguad, uno de las deudas incontenibles que perjudicaba a la provincia, era la provisión de energía desde la Compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, más conocida como CAMMESA. Durante la administración de Ricardo Colombi, los pasivos con esa empresa se a*****ularon en más de 100 millones de pesos, tanto que se llegó a retener envíos de recursos provenientes de los excedentes de Salto Grande por aquella monumental deuda. CEMMESA había solicitado su embargo. Hasta se recuerda un ATN conseguido por el entonces vicegobernador Eduardo Galantini de 20 millones, para paliar ese tremendo pasivo. Inclusive en diciembre de 2004, el Ejecutivo provincial le tuvo que prestar dinero a la DPEC para saldar una factura con la firma ELECTROINEGINERIA S.A. por el tendido de cables. Aquel empréstito dejaría al descubierto que Cammesa aplicaba retenciones, a través de embargos judiciales, a los fondos que por regalías de Yacyretá, percibía la provincia.

Los malhechores de la intervención cordobesa, habían abonado el servicio durante su gestión con bonos, aquellos llamativos certificados de cancelación (CECACOR) que tanto daño ocasionaron en la ciudadanía generando la más grande especulación financiera en la provincia. Los intereses que generaron las cuasimonedas devaluadas en el mercado, duplicaron casi la deuda histórica, que ascendía a 40 millones de CECACOR en el 2002.

“En primer término es conveniente aclarar los motivos que llevaron a la distribuidora a tener que aplicar estos incrementos de la tarifa y que alcanza a los usuarios de mayor consumo”, se debió a un incremento que aplicado por CAMMESA, a través de la Subsecretaría de Energía de la Nación , informó Julio Espínola, y que osciló cerca del 256% y “que la distribuidora cobra a los usuarios un 38%”. Explicó además que la DPEC compra la energía en barra y que después distribuye a los usuarios, y que a raíz de esto la distribuidora local, tiene que cobrar a sus usuarios, en un porcentaje menor. Asimismo puntualizó, que se da un hecho coincidente, que además del incremento de la tarifa se da el incremento en el consumo. Tras las declaraciones del interventor de la DPEC , poco y nada se entiende, cuando el aumento operado por CAMMESA no llega al 40%, los usuarios soportan subas de más del 100%. ¿Hay gato encerrado?, o no se dice toda la verdad.

Recurrir a la justicia

Enrique Collantes, titular de APICC sostuvo que "la gente no va a poder pagar el incremento energético y en el comercio habrán cierres o despidos". “Son costos que van trasladados al cliente y no hay ventas, no hay rentabilidad. En Corrientes el aire no es más un lujo, es una necesidad”, se quejó el empresario al ser entrevistado por Radio Dos. Collantes también cargó contra la Nación manifestando que “aumenta los costos en el norte para subsidiar el sur”. No descartó que la entidad que preside inicie acciones judiciales para frenar el aumento.-

“Ellos tienen la postura de que CAMMESA les ha aumentado la tarifa y por ello tienen que trasladar la tarifa al cliente como si fuera un comercio”, sostuvo el empresario para comentar que el aumento en los comercios asciende a casi el 80% en los comercios locales.

“Si esto continúa así, de que hay que pagar o pagar, va a producir cierres o despidos en el comercio local. Uno no puede trabajar”. “Enero suele ser un mes malo pero éste en particular, con la crisis, es el más crítico de los últimos años, con ventas que andan por debajo del 25%”, enfatizó el presidente de la asociación de comerciantes de Corrientes.

Miércoles, 28 de enero de 2009