La Cámara Argentina de Distribuidores de Gas Licuado (CADIGAS) y organizaciones de consumidores dijeron que es una injusticia el aumento de entre 5 y 10 % de las garrafas de 10 kilos de GLP butano (llegaron a valer hasta $27) dispuesto por las fraccionadoras y productoras, lo cual afecta a 4,5 millones de hogares de menores recursos.

Para solucionar esto, proponen reeditar el convenio de "garrafa social" que estableció el gobierno en 2003 y que ya está vencido. En el invierno pasado, las petroleras (productoras de gas), fraccionadoras (envasadoras) y distribuidoras (despachantes de las garrafas) firmaron un acuerdo con el Gobierno para crear la "garrafa social" (de 10 kilos y destinada a los sectores de menores recursos), que pasó a tener un precio fijo de $ 18, contra los $ 24 vigentes en ese momento. Pero el problema es que el acuerdo venció y los precios comenzaron a dispararse.

Aunque las petroleras afirman que las subas sólo se limitaron a los envases de mayor porte y no a la "garrafa social", lo cierto es que las garrafas de 10 kilos volvieron a costar 24 pesos y representan un costo mensual tres veces superior al del gas natural por redes, cuyo valor está congelado desde enero de 2002 por la Ley de Emergencia Económica.

El precio del gas en garrafa está siendo objeto de negociaciones entre la Secretaría de Energía y las productoras y envasadoras. Estas últimas reclaman que "tiene que haber aumentos debido a los últimos ajustes del precio del gas tanto en el mercado internacional como en el local (la suba del gas mayorista autorizada por el Gobierno)". A cambio de sellar un acuerdo sobre el valor de la garrafa social, las petroleras y fraccionadoras quieren poder aumentar el precio de las garrafas de mayor peso.

Sábado, 7 de febrero de 2009