La pelea es por la soja retenida en silos que priva al Gobierno de más recaudación y dólares. Las cerealeras están en alerta. Carbap repudió. Un fantasma recorre el campo y los puertos cerealeros: la nacionalización del comercio exterior de granos. Con la mira puesta en la soja de la última cosecha que todavía guardan los productores en sus silos bolsa, el Gobierno amenazó con monopolizar las compras de los principales cultivos de exportación y recrear la Junta Nacional de Granos

Un fantasma recorre el campo y los puertos cerealeros: la nacionalización del comercio exterior de granos. Con la mira puesta en la soja de la última cosecha que todavía guardan los productores en sus silos bolsa, el Gobierno amenazó con monopolizar las compras de los principales cultivos de exportación y recrear la Junta Nacional de Granos, el organismo que cumplía ese rol hasta la dictadura. Incluso echó a rodar la versión de que enviaría agentes a los campos a buscar los porotos que no se vendieron a la espera de que suban los precios o el dólar. Las multinacionales acopiadoras que controlan el negocio exportador encendieron todas sus alarmas, pero anoche sus operadores confiaban en que sólo era una amenaza para que los productores vendan.

“Es una decisión que nos excede, que corresponde a la Presidenta”, dijeron a Crítica de la Argentina cerca del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien no dejó su despacho hasta cerca de la medianoche. En los ministerios de Economía y de Producción ensayaron la misma excusa. Pero el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, había mencionado más temprano la alternativa ante ruralistas pampeanos.

Las versiones privadas también daban cuenta de reuniones hasta entrada la noche del miércoles entre técnicos de la AFIP y la ONCCA, el ente oficial que controla el mercado alimentario.

Tal como adelantó este diario el domingo último, los productores acumulan más de un 10% de la última cosecha en los gigantescos chorizos de plástico blanco que se apilan en los campos. Según las acopiadoras, allí quedan unos cinco millones de toneladas de granos –a lo sumo seis– de los 48 millones que rindió la fértil campaña 2007/2008. Para el Gobierno, en cambio, aún hay casi nueve millones de toneladas.

La ministra de la Producción, Débora Giorgi, reclamó el martes a los dirigentes de la Mesa de Enlace que terminen de liquidar esos granos, que valen al menos 1.600 millones de dólares y que de exportarse aportarían unos 400 millones al fisco en retenciones. Pero con los precios deprimidos a la mitad de su récord del año pasado por la crisis mundial, difícilmente los productores lo hagan si nadie los obliga.

Las acopiadoras como Bunge, Cargill y Louis Dreyfus, que controlan los mayores silos y puertos de cereales de la Pampa Húmeda, serían las principales perjudicadas por una eventual irrupción del Estado en el negocio. “Que lo hagan y van a ver qué pasa. Cuando compren la cosecha y salgan a venderla, del otro lado se van a encontrar con las mismas empresas comprándoles”, amenazó un alto ejecutivo de una de ellas, que pidió anonimato.

El diputado cordobés Alberto Cantero Gutiérrez (PJ), que impulsó sin éxito el año pasado un proyecto de ley para crear una suerte de Junta de Granos, con participación privada, dijo que la idea es esta vez del Ejecutivo. Igual opinó que “ahora que se nacionalizan bancos en países paladines del liberalismo económico, no parece tan ridículo”.

Viernes, 27 de febrero de 2009