La Suprema Corte de Justicia uruguaya aceptó ayer analizar un reclamo de inconstitucionalidad de la cuestionada ley de caducidad, que amparó a militares de la dictadura acusados de violar los derechos humanos.

La Asamblea General, que reúne a ambas cámaras legislativas, declaró el miércoles inconstitucional esta ley, aunque la última palabra en el tema la tiene la Corte Suprema.

"Sí, ya ingresó la decisión adoptada por la Asamblea General Legislativa, donde se allanan al pedido de inconstitucionalidad que formuló la fiscal Mirtha Guianze, y comienza a ser objeto de análisis", dijo Raúl Oxandabarat, director de comunicaciones de la corte.

Guianze pidió la inconstitucionalidad de tres de los artículos de esa ley, para intentar proseguir las investigaciones sobre el asesinato de la militante comunista Blanca Sabalsagaray en 1974.

El gobierno del presidente Tabaré Vázquez, paradójicamente, había incluido este caso dentro de la ley el 7 de junio de 2005, por lo cual fue archivado. Ahora ha revertido ese camino.

La polémica ley de caducidad fue sancionada en 1986 por el Congreso, ratificada como constitucional por la Corte Suprema en 1988 y laudada favorablemente en un plebiscito en 1989.

Viernes, 27 de febrero de 2009