Los jueces subrogantes de la Cámara Nacional de Casación Penal, que otorgaron la excarcelación a represores procesados por delitos de “lesa humanidad”, fueron denunciados penalmente y ante el Consejo de la Magistratura donde se solicitó que se los remueva de sus cargos.

La ofensiva judicial contra los jueces Luis García y Guillermo Yacobucci la efectuó el grupo de abogados encabezados por María Mónica González Vivero y Rodolfo Yanzón, letrado de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos; y las sobrevivientes de los centros clandestinos de detención “Atlético” y el que funcionaba en la Esma, Delia Barrera y Graciela Daleo, respectivamente.

Los magistrados cuestionados son los integrantes de la Sala II de la Cámara de Casación que, por mayoría y con la disidencia del tercer miembro del Tribunal; en el mes de diciembre concedieron la excarcelación (suspendida por un recurso fiscal) de los represores Alfredo Astiz y Jorge “el Tigre” Acosta.

Esos mismos jueces subrogantes la semana anterior concedieron la excarcelación de los represores Daniel Néstor Cuomo, procesado por 81 casos de tomentos, cinco de ellos con “resultado muerte” y 102 secuestros y Miguel Angel Clements, quienes actuaban en la Esma.

En sendas presentaciones ante la Cámara Federal, que deberá sortear el juzgado que habrá de intervenir, los denunciantes piden que se enjuicie penalmente a Yacobucci y García por “prevaricato” (dictar fallos contrarios a Derecho) y por abuso de autoridad.

Los denunciantes también recusaron ante la Cámara de Casación a Yacobucci por su actuación como columnista de la revista “Cabildo” mientras “en la Argentina funcionaban centenares de centros clandestinos, en los que se mantuvo cautivas a miles de personas en condiciones inhumanas, se las torturó, en su mayoría, fueron desaparecidas y las fuerzas que actuaron aún ocultan la información de lo sucedido”.

La andanada de acciones judiciales incluye un formal pedido al Consejo de la Magistratura para que “inicie la pertinente investigación y separe de inmediato de sus cargos como subrogantes a los denunciados” y, oportunamente, “se los remueva de sus cargos”.

“Con sus decisiones se han sumado a la trama de complicidad política y judicial que ha hecho posible que hasta ahora los artífices del genocidio en la Argentina no hayan podido ser juzgados”, afirman los denunciantes.

Miércoles, 18 de marzo de 2009