Corrientes (31-3-17): La Procuraduría de Violencia Institucional tomó intervención en las averiguaciones llevadas adelante por la intervención del gobernador Ricardo Colombi y uniformados de la Policía provincial en un allanamiento por una causa de narcotráfico. La oficina que depende de la Procuración General de la Nación solicitó sumarse a la investigación llevada adelante por la fiscal federal de Reconquista, Viviana Bruno Campaña, quien averigua la posible comisión del delito de entorpecimiento a la Justicia por parte del jefe de Gobierno correntino, que irrumpió en un allanamiento el pasado 21 de diciembre en la ciudad de Goya. Respecto al tema, Bruno Campaña aclaró que “todavía quedan muchas medidas que tomar”, y confirmó que la causa fue enviada a la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), “que solicitó una serie de medidas más”.

La titular del Ministerio Público aclaró que las averiguaciones fueron por solicitud del juez federal Alurralde y que “el conflicto se suscitó por la recolección de testigos, según los argumentos de Colombi”. Agregó entonces que pese a las interrupciones, “los procedimientos fueron exitosos” pero el problema fue que “se demoraron mucho por esta cuestión (de la irrupción) y se extendió hasta las 16 porque fueron demorados los jefes de la Policía que estaban a cargo del operativo y que no se podían comunicar con el juez que ordenó el allanamiento”.

Es que Colombi en ese acto mandó a detener al jefe del operativo, José Moyano, y en esta imposibilidad de contacto con el magistrado Alurralde estuvo imposibilitado de recibir instrucciones “y es por ello que se investiga si hubo una obstrucción a la Justicia por parte del Gobernador”, dijo la fiscal. Para justificar su accionar, Colombi había expuesto que había viajado hasta Goya por pedido de los familiares de los testigos. “Yo simplemente lo que hice, fue ir a averiguar el estado y la situación de los chicos que habían sido tomados como testigos del allanamiento, porque los tuvieron varias horas y no les dieron de comer ni de beber, y es cierto que tuve un encontronazo en ese momento con las autoridades, pero lo que yo estaba haciendo ahí era defender a esas 18 personas”.

Había dicho además que el juez federal correntino Carlos Soto Dávila desconocía la existencia del procedimiento, pero esto fue desmentido en las últimas horas. La irrupción del Gobernador fue presenciada por funcionarios judiciales locales, y hasta se había asegurado que existía una denuncia en el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Corrientes, a cargo de la jueza Graciela Ferreyra. Respecto a esto, la fiscal federal Bruno Campaña dijo que se desconoce la existencia de un recurso de hábeas corpus en favor de los testigos y que “es importante la rendición de las actuaciones a raíz de las supuestas denuncias de los padres de los testigos para ver si éstas derivaron en la intervención”, dijo la funcionaria ayer en Radio Amanecer de Reconquista.

La fiscal también remarcó: “No sabemos cuál es el motivo real (de la aparición del Gobernador) y por eso se investiga”. Luego remarcó: “Nunca tuvimos un problema similar y por ello queremos saber si hay hábeas corpus, pero hasta ahora no tenemos nada”. Por su parte, el juez federal de Reconquista, Aldo Alluralde, quien mandó a realizar el allanamiento en Goya, dijo que abrió una causa judicial tras una denuncia realizada por un policía santafesino que fue privado de la libertad en Goya.

“La denuncia escrita del Director de Drogas de la Provincia de Santa Fe dice que fue privado de la libertad durante 6 horas por la Policía de Corrientes y que en todo momento le dicen que fue por orden del Gobernador”, dijo el juez. “Ante la situación, lo que se hizo fue formar un causa judicial para que se investiguen los hechos en que surgen personas detrás de ellos”, comentó el funcionario judicial a una radio goyana.

Aclaró que “corresponde a los jueces darles curso a las denuncias recibidas y más cuando tomaron notoriedad pública, y la sociedad se merece una explicación o que se desentrañe lo que aconteció”. Una vez abierta la causa penal, las averiguaciones fueron delegadas a la Fiscalía Federal donde “hay un sinnúmero de pruebas”. El juez Alurralde aclaró que “hasta ahora no hay ninguna persona imputada, y se investigan los hechos. Desde la Fiscalía no pidieron ninguna medida que requieran intervención judicial”, aclaró el titular del Juzgado Federal.

Viernes, 31 de marzo de 2017